El bloque Pro de la Cámara de Diputados, con respaldo del partido, presentará un amparo en la Justicia contra los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Gobierno nacional sobre el canje de bonos en dólares por títulos en pesos de los organismos públicos.

“Desde @PROArgentina y el bloque PRO en la Cámara de Diputados, presentaremos un recurso de amparo contra los DNU 163 y 164/2023, con motivo del canje de deuda (que nos deja al borde del default, pesificando y desvalorizando el precio de los bonos)”, anunció en su Twitter la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

En los argumentos de la presentación, los dirigentes macristas afirman que “el canje de deuda impulsado por el Ministerio de Economía, que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso”.

“El mero anuncio del canje nos deja al borde del default (incumplimiento). Esto lo informa Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes de Wall Street, quien decidió bajar la nota de los bonos argentinos”, señalan.

En el escrito se explica que “los tenedores de deuda del sector público deberán canjear sus ‘bonos en USD de ley extranjera-New York’ (USD 4.000 millones según las autoridades) por bonos en USD de ley nacional que se liquidarán en ARS. No hay más que comparar la cotización de bonos equivalentes (mismas condiciones) con ambas legislaciones para verificar el perjuicio que este cambio conlleva”.

“Además, como en los decretos no se explícita que los bonos ley extranjera que ingresan al Tesoro serán reabsorbidos, en rigor estamos ante un ‘nuevo endeudamiento’ disfrazado de ‘canje'”, advierten desde el Pro.

También cuestionan que “se exige a los organismos públicos que se desprendan de los ‘bonos en USD de ley nacional’, para destinar el 70% del producido a la compra de bonos en ARS y el 30% restante quedar a ‘libre disposición’ de los organismos públicos para cubrir gastos”. “¿No hay pérdida patrimonial en este caso utilizada para gastos corrientes? ¿Se va a usar con fines electorales?”, se preguntan.

“El anuncio de (Sergio) Massa potencia un contexto donde el riesgo país superó la barrera de los 2.500 puntos básicos”, continúan en los argumentos y apuntan que “la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pone límites al PEN en relación al funcionamiento, financiamiento y administración del mismo. Esto se ve totalmente desdibujado con el DNU 164/23, en tanto permite administrar y entregar activos del FGS sin los controles necesarios establecidos por las leyes 24.241 y 26.425”.

“La Ley 27.574 procuró el ‘blindaje de los activos del FGS’ (creado por el actual Gobierno), al disponer que los activos sean usados para el pago del sistema previsional argentino. Nunca se hizo referencia en su articulado a la derivación de aportes a otro ministerio o inversión que no fuese segura. El DNU omite hacer mérito de esta ley y afecta al FGS para el pago e inversión en cuestiones ajenas al sistema previsional, dejando en estado de vulnerabilidad a las futuras y actuales jubilaciones”, subrayan.

Y opinan que “el riesgo de caer en un desfinanciamiento del FGS, a raíz de la mala inversión del mismo, se producirá en tanto no se garanticen los dividendos que se deben generar conforme a la ley (se traducirá esto en un daño irreparable)”.

“Van a fallar los mecanismos de control que son el Directorio y la Comisión Bicameral del Congreso, quienes deberán aprobar esta transferencia del FGS por fuera de su ámbito de aplicación. Esto no está ocurriendo con los dos DNU y es la Directora del Anses la responsable de tomar la iniciativa de recurrir a los organismos de control mencionados”, expresan desde el Pro.

Finalmente, exigen que Fernanda Raverta “debe cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS, y su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público”.