Los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast y Roberto García Moritán presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará derogar el artículo 56 de la Ley Tarifaria sobre “Contribución por Publicidad”.

También prevé derogar los artículos de dicha Ley que regulan los “anuncios colocados en el mobiliario urbano y los colocados por el “Sistema de Transporte Público en Bicicleta”, los “anuncios colocados en los medios de transporte público de pasajeros y en los servicios urbanos especiales”, los “anuncios colocados en automóviles de alquiler con taxímetro” y los títulos de “contribución por publicidad”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores aseveraron que “el cobro de la contribución y la segmentación adoptada por la norma parecen injustificados” y consideraron que “se debe comprender que el comerciante o privado que asigna parte de sus recursos a cualquier tipo de publicidad lo hace con el único fin de generar mayores ingresos futuros a partir de esa inversión. Por lo tanto, si el Estado incrementa los costos de la publicidad (a través del cobro de tasas), estaría desincentivando la inversión, porque estaría elevando el precio de un medio idóneo (la publicidad) para hacer crecer su mercado”.

Asimismo afirmaron que “cualquier tipo de ‘mala publicidad’, es decir, cualquier tipo de publicidad que pueda generar una externalidad negativa (por ejemplo: contaminación visual) que el Estado busque desincentivar al elevar sus costos, en realidad es innecesaria, ya que si así fuera el caso, el mismo proceso de mercado limpiaría las ‘malas publicidades’ debido a que nadie quiere destinar recursos en una publicidad ‘más grande’ o ‘más iluminada’ que genera costos extras, si está al final no le genera un efecto positivo sobre las ventas y es castigada por el público en sus decisiones de compra”.

“Si asumimos que al elevar los costos de la publicidad exterior, el Estado busca desincentivar la ‘mala publicidad’, podríamos proponer que se utilicen otros medios para alcanzar este objetivo, en lugar de cobrar contribuciones por publicidad. Dado que, estas contribuciones se aplican tanto a la ‘mala publicidad’ como a la ‘buena publicidad’ (aquella que implica beneficios para el privado sin generar externalidades negativas), perjudicando así a los emprendedores, las pymes y grandes empresas que quieran promocionar sus bienes y servicios”, continuaron.

Sobre esa misma línea, Kienast y García Moritán explicaron que “cobrar distintos coeficientes según las diferentes zonas geográficas genera distorsiones en los incentivos de inversión y da lugar a un trato desigual basado exclusivamente en las preferencias de un planificador central, que no posee información perfecta, y por lo tanto,  no se alcanzará un óptimo en el bienestar social” y destacaron que “si pensamos en su objetivo recaudatorio, todo este tipo de trabas burocráticas y costos que se le ponen a los comerciantes y privados no generan otra cosa que mermar sus beneficios y motivaciones a invertir, reduciendo la renta y así la base imponible de otros impuestos cómo ingresos brutos”.

“La contribución por publicidad en el presupuesto 2023 proyecta una recaudación de $1.051.540.676, lo cual representa un 0,05% del total de los recursos de la ciudad en 2023. Con lo cual, su eliminación inmediata no representaría un desequilibrio en las cuentas fiscales y se quitarían costos y principalmente trabas burocráticas al comerciante”, sentenciaron los oficialistas.