Previsiblemente el conflicto en Jujuy repercutió este miércoles en el recinto de la Cámara baja. Fue a la hora de las cuestiones de privilegio, y el primero en enarbolarlo fue el radical jujeño Jorge Rizzotti, quien la planteó contra el presidente de la Nación. “Por los hechos acaecidos en la provincia de Jujuy, con acciones ilegales e ilícitas ejecutadas por violentos que no fueron hechos aislados, sino planeados, orquestados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y/o políticas que habiendo sido rechazadas en las urnas en procesos democráticos, tratan de quebrar el estado de derecho, con un uso extremo de violencia, con delitos y oscuros métodos extorsivos y sediciosos”.

Rizzotti sostuvo a continuación que durante la segunda quincena del mes de junio “nos vimos los jujeños con hechos que hacía mucho tiempo no veíamos. Más de 8 años que los jujeños habíamos aprendido a vivir en paz”, remarcó, asegurando que Jujuy “es la provincia en donde en 2015 le dijimos basta al modelo más duro, violento y corrupto del kirchnerismo, a través de Milagro Sala. Jujuy ha puesto presa a la corrupción y la violencia”.

Rizzotti alertó que lo que se vivió en su provincia es lo que Aníbal Fernández había anticipado al hablar de “calles regadas de sangre” si gana la oposición, como así también hizo referencia a dichos del diputado Eduardo Valdés. “No les tenemos miedo, vamos a ir por el cambio que los argentinos necesitan”, exclamó el jujeño en tono de campaña.

Y agregó: “So pretexto de un reclamo legítimo de los trabajadores de la educación, y la modificación de la Constitución, han salido a desestabilizar a un gobierno”. Luego aclaró qué es lo que establece la nueva Constitución provincial, y concluyó advirtiendo que “el pueblo le dijo que no a Milagro Sala. En la provincia de Jujuy van a tener que respetar el estado de derecho”, recordó que ganaron allí las elecciones recientes y enfatizó: “No queremos la violencia, ni los corruptos, y así va a pasar en Chaco, porque eso es Milagro Sala”, dijo, comparándola con Emerenciano Sena.

“No vamos a tolerar los jujeños que con plata del Estado nacional se financie la violencia en nuestra provincia. Vamos por el cambio en el país”, cerró.

A continuación, la jujeña Leila Chaher (FdT) salió a contestarle recordando que “hace más de un mes que en la provincia se viven marchas masivas en contra de la reforma constitucional”. Y para desacreditarla dio los tiempos que mereció ese debate: “Comenzó a sesionar el 22 de mayo y el 3 de junio recién apareció el texto de reforma. Es como si nosotros nos convocáramos en esta Cámara a debatir un proyecto que no existe. Eso hicieron los convencionales”.

“El 15 de junio se lo aprobó de manera exprés, en paralelo a las manifestaciones y reclamos genuinos salariales de la docencia jujeña”, agregó, apuntando además que por esos días se vivía lo que definió como “el tercer malón de la paz”, de pueblos originarios jujeños que caminaron desde la Puna 3 días para que los convencionales los escucharan.

Chaher sostuvo que el gobernador Gerardo Morales “adelantó la votación y entre gallos y medianoche se votó”. Habló entonces de “un rechazo masivo a una reforma inconsulta, de espaldas al pueblo”, y al que el gobernador “respondió con represión”. “Hay un pueblo que quiere ser escuchado”, dijo, y enarboló a continuación una foto donde se veía a un adolescente de 17 años que perdió un ojo “porque la policía de Gerardo Morales reprimía con órdenes de apuntar y disparar a los ojos de los manifestantes”.

La diputada jujeña aseguró que la Legislatura provincial se convirtió en un centro de detención y denunció la existencia de camionetas sin patente dando vueltas por la provincia, y alertó que “este es el modelo que Juntos por el Cambio quiere llevar a la Argentina. La violencia del Estado no puede volver a nuestro país”, dijo y advirtió que “una circunstancial victoria electoral no avala las atrocidades que están cometiendo”.

Concluyó pidiendo que “no dejemos que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar nuestro país. El patrimonio de los violentos, nunca más”.

Más allá de las intervenciones de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, su compañera Romina del Plá puso énfasis en celebrar “la rebelión popular que está ocurriendo allí, un pueblo que se ha rebelado contra la reforma constitucional de Morales, y una docencia que se ha rebelado contra los salarios de hambre”.

“La cuestión que importa son las relaciones sociales; lo que se quiere imponer es el saqueo de los recursos, el saqueo de las tierras de los originarios. La población se rebela, ¿a qué le tiene miedo Morales? A que se han unificado los trabajadores con las comunidades originarias. Morales no puede explicar el contenido de esa reforma reaccionaria, por eso se tiene que aprobar a las escondidas de la población”.

A continuación intervino la diputada Natalia Sarapura, que en su primera cuestión de privilegio desde que es diputada (hace menos de un mes) denunció que “a 40 años de democracia hemos vivido en Jujuy un intento de golpe de Estado, un golpe institucional”. Resaltó que hace ocho años habían logrado “sacar a Jujuy de la violencia que se vivía en la provincia; salir del piquete que se vivía todos los días; sacar a Jujuy de la provincia inviable, a la provincia de las oportunidades”.

“Por eso llama la atención que se diga que en Jujuy no se respeta el derecho a las mujeres”, dijo, detallando a continuación todas las cosas que se hicieron durante la gestión Morales en favor de ese género. Consideró “contradictorio” que “aquellos que en 30 años no hicieron nada, ahora se acuerden de los pueblos indígenas. Somos el gobierno de provincia que más políticas públicas tienen para con los pueblos indígenas. No avanzamos en el litio en ninguna comunidad que no haya dado su consentimiento. Respeten las causas; usan la lucha docente para desestabilizar, cuando son responsables del proceso inflacionario más alto de la historia”.

Agregó que “en Jujuy se castiga a los violentos. Díganme si no es violencia tomar edificios públicos, quemar la Legislatura… El proceso de Jujuy es de respeto a la institucionalidad. De dejar la patria del caos”.

Sarapura concluyó su encendido discurso asegurando que “no vamos a permitir que se nos acuse de que no somos demócratas. El gobernador es un demócrata y va a la Justicia; Jujuy abraza el proceso que hace. No se desalojó una comunidad en nuestro gobierno; no vamos  por el agua, somos el gobierno que estatizó la empresa del agua. Democracia sí, violencia no. Respeto a la ley. No nos acusen de no respetar los derechos; llegamos a mejorar el Estado, para democratizar derechos”.

La última en hablar sobre el tema jujeño fue la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés, que presentó una cuestión de privilegio contra el gobernador Gerardo Morales “por amenaza personal”, contra ella y contra “todos los jujeños por expresar nuestras opiniones libremente en la provincia”.

Luego la emprendió contra la diputada Sarapura al señalar que lamentaba “que algunas diputadas estrenen su banca mitiendo, más si son originarias. No son 80 comunidades, sino 430 registradas por el INAI, de las cuales el 85% están en tierras fiscales y el nudo del problema en Jujuy son el agua y la tierra, que han sido declaradas de uso exclusivo de la provincia. La trampa es que las tierras que son de las comunidades que tienen personería jurídica, pasan a ser propiedad del Estado provincia. Y si alguien se queja, automáticamente el Poder Ejecutivo les saca la personería jurídica y dejan de tener derechos sobre esas tierras”.

“El gobernador ejecutó como gobernador, constituyente y presidente de la Convención Constituyente: tres cargos. Lo que tiene esta reforma es la concentración absoluta del poder en manos del Ejecutivo”, cuestionó, alertando contra la “persecución de cualquier ciudadano que se le ocurra expresarse y reclamar contra el Estado provincial”.

Moisés agradeció al presidente “porque escuchó a las comunidades originarias; al ministro de Seguridad porque se negó a reprimir a los jujeños; al ministro de Justicia porque ya presentó la acción de inconstitucionalidad de la reforma; a la ministra de Trabajo, porque fue la primera que denunció ante la OIT que esta reforma jamás podría haberse aprobado; y al secretario de Derechos Humanos porque estuvo cinco días en la provincia y no fue atendido por ningún funcionario provincial”.

Moisés concluyó calificando al gobernador Morales como “violento, extorsionador y mitómano, porque hoy está mostrando su verdadero rostro, para que Larreta lo ponga de vicepresidente. Los jueños no le tenemos miedo al gobernador… Los argentinos tendrían que tenerle miedo a Morales”.