Los subsidios son el huevo de la serpiente que dejó Duhalde, prohijó y exacerbó Néstor Kirchner, y hoy han hecho inviable al sistema de transporte automotor. Otra de las bombas que quedará para el que venga.
La semana terminó con un día de furia para miles de usuarios que se encontraron de pronto sin poder ir a trabajar el viernes, o regresar de sus trabajos. Porque en esta Argentina extorsiva, en la que los piqueteros consiguen inexorablemente buena parte de lo que por las malas piden, el diálogo ha sido reemplazado por la medida extrema, siempre de fuerza. Ante la presión oficial, la medida se suspende -en el mejor de los casos-, pero nunca se soluciona el problema.
Así venía la pulseada con los colectiveros, que una y otra vez amagaban con una medida de fuerza siempre levantada a último momento. En el AMBA, aclaremos, pues en el interior del país los paros de transporte siempre se llevaban adelante, sin mayor trascendencia en los medios nacionales. Siempre la gran ciudad y sus alrededores es el ámbito privilegiado: sus habitantes pagan una tarifa sumamente inferior y los paros no se hacen, simplemente porque el impacto es infinitamente mayor que cuando suceden en las provincias. Allí se quejan porque los subsidios -madre de todos los problemas- se concentran en el AMBA.
Más del 80% se distribuyen en el área más poblada del país, según han hecho hincapié legisladores nacionales del interior recientemente, en tiempos en que en ambas cámaras se insistía por encontrar una solución al tema. En abril de este año, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (esposa del gobernador Juan Schiaretti) alertaba con estos datos: “Desde marzo el boleto en AMBA va desde $39,54 hasta $54,34”, pero remarcaba que “la brecha con respecto al precio en el interior sigue siendo muy grande”. Daba cifras: “En Bahía Blanca $119,35; Mar del Plata $119,38; Necochea $100; Córdoba $99; Rosario $99; Santa Fe $99; Paraná $94,50”.
“Es decir que persiste la inequidad del Gobierno nacional a la hora de distribuir los subsidios”, insistía, enfatizando que “seguiremos reclamando a las autoridades nacionales hasta que decidan gobernar para toda la Argentina”.
El tema no es nuevo. El senador radical Alfredo Cornejo detallaba a fines del año pasado que por cada peso que se había destinado al interior del país en 2021, el AMBA había recibido $3,37. “Por cada coche en AMBA se destinaron por mes $1.425.000 y por cada unidad en el interior fueron $272.000.
La inflación galopante hace perder la medida de las cifras, pero las proporciones se mantienen. Hizo la diferencia esta vez que el paro llegó al AMBA, y volvió a ponerse sobre el tapete la inequidad del sistema de subsidios, aplicado desde la salida de la convertibilidad. Porque, bueno es decirlo, antes de la crisis de 2001/2002, el transporte automotor se las arreglaba con lo que recaudaban. Ya en esos tiempos -final forzoso de la convertibilidad- los dueños de colectivos se quejaban por la competencia que les planteaban los remises. Con un desempleo en fuerte aumento, la salida de muchos estaba en manejar un remís, y esa proliferación perjudicaba el servicio de colectivos.
Veinte años después, los dueños de colectivos ya no se preocupan por la competencia; da lo mismo llevar o no pasajeros: viven de lo que les da el Estado. Del 88% de los gastos de los colectivos se ocupa el Estado. Esa es otra de las bombas que le quedará para desactivar al próximo gobierno.
En este contexto no deben llamar la atención los números que le van dando las encuestas a Patricia Bullrich, quien nada ingenuamente salió a repetir insistentemente la frase/eslogan “Conmigo esto se acaba”. Entre otras cosas, esta advertencia abarca piquetes, por ejemplo, y los miles de usuarios afectados por el intempestivo paro de transporte -al que se le sumó una insólita protesta en el Ferrocarril Sarmiento- deben sentirse identificados con la necesidad de acabar con semejantes abusos.
En una curiosa y deliberada interpretación, desde la vereda de enfrente, el ministro de Economía en particular y el Frente Renovador en general salieron a vincular la medida de fuerza del viernes con la oposición. Lo hizo Sergio Massa, elípticamente -mas no tanto- al hablar de “un empresario al que le dicen ‘el Amarillo’, pregúntense por qué”, dijo el ministro en referencia a Javier Zbikoski, uno de los dueños del Grupo Metropol que tiene 27 líneas de colectivos en el AMBA y se expandió tanto entre 2016 y 2019, de ahí que le atribuyan tal crecimiento a la gestión macrista. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio fue más directo al relacionar a la oposición en su conjunto con la protesta por figurar sus afiches de campaña en las lunetas de los colectivos.
Gajes del oficio para quien pretende hacer campaña en plena gestión de gobierno. Porque está claro que el verdadero hombre fuerte del gobierno es Sergio Massa, en contraste con un presidente gris, que el viernes caótico no dio señales de vida.
Son días complicados para la campaña de todos: del oficialismo, porque las buenas noticias escasean -por eso sus miembros se encadenarán al Gasoducto Néstor Kirchner, al que le darán especial difusión constante-; la de Juntos por el Cambio, porque no dejan de pelearse; y Javier Milei en particular, porque pasó otra semana complicada marcada por su baja persistente en las encuestas; revelaciones de un libro de pronta aparición cuyo nombre lo pinta de cuerpo entero -“El Loco”-, y denuncias sobre venta de lugares en las listas de La Libertad Avanza. Que la justicia haya decidido avanzar en la investigación sobre el tema es un motivo de profunda preocupación de parte del libertario, que lejos de buscar soslayar el tema, lanzó rayos y culebras contra los denunciantes.
Cuando a Milei lo corren del eje se saca de quicio, lo cual es fácil. En este caso y tras dudas y desmentidas, se ha centrado en decir que lo que les piden a los candidatos es que se paguen la campaña. Y que “después de la campaña harán la rendición de cuentas frente a la Justicia Electoral”, señalaba el libertario este fin de semana por CNN Radio. Aunque no funciona así: la rendición de cuentas no la hace cada candidato por su cuenta, sino que debe encargarse el partido. Dice la Ley de Regulación y Financiamiento de las Campañas electorales, en su artículo 12°: “Dentro de los noventa (90) días de finalizada la campaña, el Tribunal de Cuentas elaborará y dará a publicidad un informe resumiendo los gastos de la campaña electoral por cada partido”.
Y además, la denuncia original no era que les pedían financiarse la campaña, sino que se les pedían sumas determinadas para figurar en las listas.
Pero no es ese el único tema en el que revela desconocimiento el líder libertario. Esta semana metió la pata al votar en contra -siempre vota así- de instituir el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional por el atentado a la AMIA. Es verdad que ese proyecto se sumó cerca de medianoche en la sesión del miércoles pasado en Diputados, junto a otros ocho temas votados sin oradores. Dijo que no se informó qué se iba a votar, solo los números de expedientes. Pero en la versión taquigráfica de la sesión se puede ver que sí se leyeron los títulos de cada tema y ese en particular, porque tuvo agregados.
“El resto de los espacios naturaliza que utilizan el dinero del Estado y de los pagadores de impuestos para su campaña política y es una atrocidad”, disparó Milei, y en eso no se equivoca. Se verá este domingo, con la inauguración de un nuevo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, que tendrá la presencia estelar de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y -obviamente- el candidato oficialista Sergio Massa. No es algo al que escape nadie, funciona así.
Este acto debió haberse hecho el 20 de junio, pero no llegaron a tiempo. Atento a la visión kirchnerista de emparentar sus eventos con fechas patrias, se cambió la fecha al 9 de Julio. Llegan con lo justo, porque la ley electoral establece que “queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas”.
Se hará hincapié este domingo en el “tiempo récord” en el que se ha hecho esta obra. Dentro del propio gobierno admiten que arrancó con 26 meses de atraso, que le endilgan a Martín Guzmán. Desde JxC dicen en cambio que esa gestión había dejado todo listo para comenzarla ni bien llegaron, pero optaron por cambiar todo porque no querían que fuera una obra privada, como establecían los pliegos que dejó listos el macrismo.
Como sea, bienvenido que esté lista esta obra faraónica que servirá para ahorrar dólares que en la Argentina tanto faltan.
