Ante la sesión convocada por Juntos por el Cambio y otras bancadas, advirtieron que van a agravar la crisis de los inquilinos si derogan la ley o le hacen “modificaciones regresivas”.
El próximo miércoles 23 de agosto Juntos por el Cambio convocó una sesión especial de la Cámara de Diputados para intentar modificar la Ley de Alquileres o derogarla. Para la izquierda, los cambios que tratarán de hacerle a la norma son “regresivos para las y los inquilinos que hoy ya viven una situación desesperante”.
Al respecto, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, diputados del PTS – Frente de Izquierda Unidad, fueron contundentes al señalar que “las propuestas que quieren llevar al recinto van a empeorar una situación que ya es crítica para inquilinos e inquilinas. Los bloques mayoritarios están montando un engaño gigantesco a la población culpando de la crisis en los alquileres a la ley vigente, cuando lo que buscan es dejarle las manos libres al negocio inmobiliario para que hagan lo que quieran, agravando los problemas que ya viven las y los inquilinos. Lo que cuestionan de la Ley de Alquileres son los puntos que protegen mínimamente a los inquilinos, y no por lo que le falta proteger ni por su prácticamente nula aplicación. Nada bueno puede venir de quienes defienden el lobby inmobiliario que quiere fijar la suba alquileres según el precio del dólar y no por los salarios”.
“Rechazamos las propuestas que quieren llevar al recinto porque van a implicar un aumento mayor en los precios de los alquileres y con actualizaciones cada 3 o 6 meses, quieren un nuevo golpe a los ingresos. Las medidas que buscan votar Juntos por el Cambio, Javier Milei y otros bloques aliados como el de Schiaretti van a perjudicar a los más de 10 millones de inquilinos e inquilinas de todo el país, y agravar la crisis habitacional que tiene un responsable claro: la especulación inmobiliaria. No cuenten con nosotros”, agregaron.
Además, denunciaron al gobierno de Frente de Todos que “nada hizo, no ya sólo para resolver el problema de la vivienda sino para que se cumplan los puntos mínimos que protegen a los inquilinos. Dejar correr y no garantizar derechos mínimos fue y es funcional al lobby que dicen querer combatir y llevó a millones de familias a este callejón desesperante. Sumado a eso, con el golpe devaluatorio del 22% que han decidido luego de las PASO, no hacen más que empeorar los ingresos de las mayorías”.
“Hoy en día las y los inquilinos ya atraviesan una situación crítica para acceder a la vivienda que es un derecho constitucional. El déficit habitacional creció, porque el negocio inmobiliario retira del mercado la oferta de alquileres para vivienda, para especular con aumentos muy por encima de la inflación, al no haber ningún impuesto a la vivienda ociosa. Si avanzan las propuestas de Juntos por el Cambio, Javier Milei y los bloques aliados, significará un enorme golpe a los ingresos de inquilinos e inquilinas, dificultando aún más el acceso a la vivienda. Al promover que los alquileres sean ’por libre acuerdo entre las partes’ lo que proponen es que la especulación inmobiliaria tenga todo el poder de imponer sus condiciones, y que las y los inquilinos queden presos de sus negocios. No son dos partes en igualdad de condiciones”, criticaron.
Por último, Bregman, Del Caño y Vilca concluyeron proponiendo que “se tomen medidas urgentes para atender la crisis de los alquileres a favor de las y los inquilinos. Empezando por apuntar a las viviendas vacías con impuestos progresivos para desalentar la especulación de los grandes grupos inmobiliarios y que esos inmuebles se vuelquen a la oferta; poner un tope al precio inicial de los contratos y a las actualizaciones de acuerdo a la evolución de los salarios formales e informales; limitar los alquileres temporarios a quienes excedan los 300mts2 sin contar la vivienda propia; la prohibición de fijar precios de alquileres en dólares. Estas son medidas que podrían tomarse en lo inmediato, en el camino de dar respuestas más estructurales para el acceso a la vivienda como créditos baratos y con tasa subsidiada, y un plan de obras públicas para construir las viviendas necesarias y urbanizar barrios, donde sean las y los trabajadores quienes controlen esa planificación. La vivienda es un derecho, no un negocio”.
