Como sociedad no podemos permitir la desaparición de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Es más, tenemos que ser capaces de garantizar el fortalecimiento de uno de los sectores estratégicos de la generación de conocimiento a nivel nacional.  

El desarrollo de los países no se alcanza por la gracia divina o natural del devenir histórico, sino mediante la adquisición de capacidad sistemática para generar conocimiento, progreso tecnológico y desarrollo industrial. Para ello es decisivo que el Estado Nacional invierta en la formación de recursos humanos, el desarrollo de nuevos paradigmas, la exploración que permite la generación de nuevos conocimientos y la transferencia tecnológica a los sectores productivos.

A diferencia de lo que sucede en economías más desarrolladas, en Argentina existe una baja participación relativa del sector privado en Investigación y Desarrollo. Tan sólo aporta el 25% del total. Por eso es fundamental que la inversión estatal crezca, como logramos establecer en la Ley de Financiamiento que se aprobó por unanimidad a principios de 2021; por la cual el presupuesto de la función Ciencia y Tecnología se irá incrementado progresivamente hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Gracias a ella, el presupuesto de este año le otorgó el 0,34% del PBI: unos 500.921 millones de pesos.  Significó un crecimiento en términos reales de un 32% y es el tercer año consecutivo de crecimiento, aproximándose a los valores que tenía en 2015. Recordemos que en 2019 representaba sólo el 0,23% del PBI.

Además, desde el Congreso sancionamos normativas con el propósito de incrementar la sinergia público-privada, como son las leyes de Economía del Conocimiento y la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.

Por medio de ellas, se brindan beneficios impositivos a los proyectos y empresas que promuevan nuevas tecnologías, generen valor agregado basado en el conocimiento  e inviertan en Investigación y Desarrollo.

En 2023  la Ley de Economía del Conocimiento tiene un cupo fiscal de 70 mil millones y la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, de 700 millones. Desde el Estado estamos generando mecanismos para que los privados inviertan e innoven en la Argentina. No debemos permitir que se caiga en la falsa dicotomía público vs privado. Tenemos que seguir trabajando en una lógica de cooperación para mejorar la competitividad productiva y el desarrollo sostenible del país sobre la base de más ciencia y conocimiento.

Tenemos objetivos claros: transformar la matriz productiva, aumentando la transferencia de conocimiento apoyando a nuestras PYMES; agregar valor en los bienes industriales y servicios a través del desarrollo tecnológico y la innovación; generar empleo, complejizando nuestra estructura productiva y exportar conocimiento alcanzando de esa manera  una mayor soberanía científica y tecnológica para decidir con autonomía en todas las áreas estratégicas del país.

En el momento más difícil que nos tocó atravesar durante la pandemia, nuestros científicos inmediatamente se pusieron al servicio de las necesidades sanitarias: desarrollaron Kits rápidos de detección, anticuerpos policlonales, barbijos  y están trabajando en la vacuna nacional, por nombrar los más emblemáticos. Creo que todos y todas comprendimos que la vida misma depende del conocimiento e innovación que generamos, agradeciendo a nuestros científicos y sintiendo orgullo por su labor.

Tenemos que ser capaces como sociedad de sacar las agendas de ciencia y tecnología de la discusión partidaria con el objetivo de construir consensos en torno a políticas que permitan un verdadero desarrollo nacional.

Como decía el doctor Bernardo Houssay, ilustre Premio Nobel Argentino “Los países ricos lo son, porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia” mantiene su vigencia más que nunca.