La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes brindó el informe anual ante la bicameral que controla el organismo. “La AUH es un derecho, no es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”, advirtió. Anunció que lanzarán un documento de cara a las presidenciales.
Al brindar el informe anual de su gestión en el Salón Illia del Senado, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, advirtió este martes que “en la República Argentina la Asignación Universal es un derecho, no es ni un programita, ni un plan, no se puede retroceder en ese derecho” que va en línea, además, con “el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
En su presentación ante la bicameral que controla al organismo, presidida por la senadora riojana Clara Vega, la funcionaria precisó que “hay 53% de niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en la República Argentina”, de los cuales “el 16,5% con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre”, mientras que “con políticas inadecuadas hay un 12,5% que está más cerca de la línea de pobreza”.
En tanto, un “12,7% de los niños son indigentes” de los cuales “un 6% estaría cerca, con políticas adecuadas, de poder llegar a la canasta básica. Y, viceversa, hay un 7,6% que con políticas inadecuadas o alta inflación, podrían pasar a ser indigentes”.
Al exhibir gráficos, la abogada señaló que la AUH, la Tarjeta Alimentar y el programa “Mil Días” tienen un mayor impacto en los menores de 13 años, pero “los que peor están son los pibes de entre 15 y 17 años”. “De 13 a 17 años hay que encarar una política nacional, provincial y municipal que llegue y convoque a todo los chicos”, enfatizó.
Graham aseguró que la Defensoría continúa insistiendo con que la Tarjeta Alimentar “aumente automáticamente como la AUH”. “Ya logramos pasar de que cubra a familias con hijos hasta los 6 años, a que cubra a familias que tienen hijos hasta los 14 años. Pero no bajamos la pretensión de que cubra hasta los 17 años, es el objetivo”, agregó y defendió que “el impacto de la Tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia, que es la pobreza extrema. Esto es comer o no comer”.
Sobre el trabajo realizado, la defensora celebró que “el año 2022 ha sido el año de gran consolidación de la Defensoría” en cuanto a “la legitimidad y el rol, que nos costó al principio”, y también “de mucho fortalecimiento institucional, hemos crecido mucho porque la demanda nos obliga a crecer”.
“También tenemos mayor conocimiento en el resto de las provincias, venimos haciendo un trabajo federal importante”, continuó y destacó que elaboraron su propio “estatuto de personal, que debe ser el más democrático, igualitario y con todas las perspectivas de derechos humanos que puedan encontrar” en los distintos sectores.
Respecto de la labor federal, la funcionaria apuntó que llegaron a todas las provincias y que en ocho de ellas se reunieron con las máximas autoridades. “Hay algunos gobernadores y gobernadoras y tribunales superiores (de Justicia) que han tomado muchas de nuestras observaciones y recomendaciones”, dijo.
En otro tramo resaltó el trabajo de la “red de legisladores provinciales por los derechos de niñas, niños y adolescentes”, al tiempo que afirmó que con los defensores provinciales “tenemos muchísimo vínculo y trabajamos en casos particulares y pronunciamientos generales”.
En su exposición, Graham anunció que la semana próxima lanzarán un documento diseñado sobre “cuáles son los derechos que la Defensoría va a defender, los derechos alcanzados en los cuales no vamos a permitir que se retroceda”, de cara a las elecciones presidenciales. “Es fundamental para todos los candidatos y candidatas”, aseveró.
Tras referirse a “alianzas estratégicas” de la Defensoría con otros organismos y las acciones en relaciones internacionales, la abogada apuntó que “en 2022 ingresaron 559 casos” de las 24 jurisdicciones sobre educación, salud, salud mental, pobreza, seguridad alimentaria, violencias, niñez indígena, niñez migrante, compra y venta de niños, entre otros.
“Este año ya vamos 368 requerimientos”, indicó e informó: “Nos hemos constituido en querellantes en algunas causas. Hay fallos de la Justicia Federal y provincial que toman recomendaciones de la Defensoría, esto es sentar jurisprudencia”.
Otro de los aspectos que resaltó fue la ampliación de las becas Progresar, que “bajaron su piso a los 16 y 17 años y fueron un éxito. Hay alrededor de 650 mil chicos y chicas que están hoy en el Progresar y es muy importante, son el 45% de los chicos y chicas de 16 y 17 años”. “Cuando hay una política pública eficiente y eficaz, los chicos y las chicas la toman. Les tenemos que dar esa oportunidad”, subrayó.
Y añadió que insistirán “ante el Gobierno nacional y el ministro de Educación (Jaime Perczyk), que ha tenido una buena predisposición, para que se incorpore a los chicos y chicas de 15 años”.
Por otra parte, la defensora de NNyA señaló que se ha “avanzado mucho en campañas de concientización que tienen como objetivo visibilizar los problemas de niños, niñas y adolescentes y desnaturalizar algunas cuestiones”, como el caso de “la crianza con violencia”.
A su turno, Facundo Hernández, defensor adjunto, se refirió a las acciones realizadas en cuanto a la niñez indígena, asunto en el que se ha logrado llegar por primera vez con un amparo colectivo a la Corte Suprema de Justicia de Salta. “No nos quedamos solo con lo que nos dice el gobierno (provincial), vamos a recorrer in situ a ver si esto se está cumpliendo”, manifestó sobre el plan que se puso en marcha para garantizar el acceso al agua.
El funcionario habló además: del impulso de la Defensoría para que se active un protocolo especial en las fuerzas de seguridad nacionales sobre los derechos de NNyA; y para que el tema de salud mental en NNyA sea tomado como eje central por los Ministerios de Salud de la Nación y todas las provincias.
“Hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”, apuntó y reveló que hay acuerdos mutuos con otros organismos para recomendar que “se modifique sin bajar la edad de imputabilidad”.
Sobre la cuestión legislativa, reclamó que “es necesario la sanción de la ley que tipifica la compra y venta de niños, porque fue pedida por la Corte Interamericana” y una “legislación que regule la restitución interprovincial de niñas y niños”.
Advertencia de una oficialista y una opositora por los derechos
En la primera reunión de una comisión después de las PASO, y atento a la sensibilidad de los temas a tratar, al tomar la palabra, la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri sostuvo que la temática sobre niñas, niños y adolescentes “cruje y duele”, porque “aún como Nación tenemos mucho por crecer y avanzar”.
La macrista confesó su “preocupación respecto al futuro próximo de nuestra Nación y de las problemáticas de infancia y adolescencia, y la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”. “Estamos en un momento bisagra y ojalá todos los que venimos trabajando fuerte por los derechos de las infancias no nos durmamos”, alertó.
En la misma línea, la oficialista Paola Vessvessian remarcó que “más allá de las diferencias que podamos tener, los derechos conquistados no los podemos perder porque a una persona que tiene alguna intencionalidad política se le ocurra”, en alusión al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.
La santacruceña observó que “a veces dicen que mucho de lo que se propone no lo va a poder llevar a cabo, pero con que haga 0,01% de eso vulneraría todos los derechos, sobre todo de los que son los más indefensos, los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores”.
“Nos merecemos un repensar de qué nos está pasando. Yo y muchos de los que estamos acá defendemos lo público, en el sector público no están los vagos, están los que realmente van a bregar porque esos chicos y chicas que no tienen donde ir, puedan tener sistemas alternativos”, defendió.
Y cerró: “¿Hay errores? Hay errores. ¿Hicimos cosas mal? Hicimos cosas mal. Pero nunca dañando al otro. Yo sí creo que donde hay una necesidad hay un derecho. Y es obligación nuestra, de las políticas públicas, garantizar que ese derecho se cumpla”.
