Fue en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Desde cada espacio defendieron sus dictámenes. También se brindaron detalles de la carga impositiva.
Luego de cuatro encuentros, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este martes para emitir dictamen al proyecto que, en cuestión, fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 para la ampliación de licencias laborales de cuidado, pero al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento.
Al inicio del encuentro, llevado a cabo en el Anexo “C”, y con el quórum reglamentario de cada comisión, Vanesa Siley -titular de la Comisión de Legislación del Trabajo- pasó a enumerar cada proyecto que se puso a consideración y agradeció la presencia de Walter Correa, ministro de trabajo bonaerense, y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, y a representantes de la CGT.
Luego, Siley explicó que son tres los dictámenes a firmar: el de mayoría oficialista, otro de JxC y el restante del interbloque federal. “Sintetizamos 55 proyectos de ley que son de todos los bloques parlamentarios”, resaltó y explicó: “Esto que estamos regulando abarca un universo según las proyecciones del Ministerio de Trabajo de 32.926 personas un universo anualizado, beneficiaríamos a esta cantidad de trabajadores tanto del sector registrado como monotributistas y autónomos”.
La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo recordó los antecedentes legislativos al respecto y detalló: “Se ha intentado regular, y esperemos que esta sea la última vez, cuatro veces en la Cámara de Diputados en el año 2006,2008,2013 y 2014. También se le dio media sanción en el 2006 y en el Senado de la Nación se ha dictaminado tres veces también esta temática de ampliación de licencias”.
A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, aclaró que JxC presentó un dictamen propio y que han pedido tener hasta mañana miércoles para poder ingresarlo.
Luego fue el turno de la diputada nacional y secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, quien procedió a leer un documento explicando los motivos del texto propio del espacio. “Uno de los signos propios del deterioro de la economía argentina, pero sobre todo de las condiciones de vida de los argentinos es la creciente precarización de nuestro mercado laboral”, arrancó.
“Cada vez son menos los trabajadores que acceden a un empleo estable bien remunerado, con beneficios laborales como la indemnización por despido, la cobertura médica, la ART y las licencias. Casi la mitad de los trabajadores argentinos se encuentran ocupados en puestos de baja productividad, ingresos y con escasa o nula protección social”, alertó Lospennato.
Así, remarcó que en el último semestre el salario real “cayó al nivel más bajo de los últimos 12 años. El 30% de los trabajadores en general y el 30% de los formales son pobres. Son millones de argentinos que, a pesar de trabajar todo el día, no alcanzan a cubrir los gastos y necesidades básicas de sus familias. Solo el 31% de las personas ocupadas tienen empleos formales en el sector privado, mientras que más de 8 millones de trabajadores son informales. Esta es la realidad que no podemos desconocer y de la que debemos ocuparnos prioritariamente”.
“Pese a los esfuerzos del interbloque de JxC para que la Comisión de Trabajo inicie un debate a esta altura imprescindible sobre la modernización laboral del país, el oficialismo se ha negado sistemáticamente a poner nuestros proyectos en tratamiento”, acusó Lospennato y apuntó: “Pretenden avanzar con una modificación al sistema de licencias que, entendemos, agravará la situación deficitaria del sistema de seguridad social. Otra vez promoviendo leyes sin la correspondiente asignación presupuestaria y desoyendo las advertencias del sector privado respecto de las modificaciones que se pretenden incluir en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Así, adelantó: “Entendemos que no podemos acompañar semejante irresponsabilidad ni en el plenario de comisiones ni mucho menos frente a un eventual tratamiento en el recinto”. Al respecto, Lospennato planteó la necesidad de seguir dando un debate y un análisis presupuestario “que garantice las condiciones de sustentabilidad de la propuesta, vamos a presentar un dictamen alternativo cuya característica principal tiene que ver con la gradualidad en la implementación de las propuestas que aquí están en debate”.
“Es tiempo de debatir profundamente cómo recuperamos la recomposición salarial de millones de argentinos condenados a la pobreza y a la informalidad”, cerró la diputada del Pro.
Por el interbloque Federal tomó la palabra el diputado santafecino Enrique Estévez resaltó el poder debatir “más de 50 proyectos vinculados a licencias. Estamos debatiendo nuevos paradigmas que se están dando en la sociedad que tienen que ver con la posibilidad de ser una sociedad más igualitaria. Este es un debate que se viene dando en torno a la corresponsabilidad a las tareas de cuidado y el desafío de debatir y encontrar un horizonte para los cambios vertiginosos de la economía”, y anticipó que también presentarán un dictamen de minoría.
Por el dictamen de mayoría, habló la diputada Marisa Uceda (Mendoza) remarcó que hubo proyectos de todo el arco político y señaló: “Antes de este momento parecía que había un acuerdo entre todas las fuerzas de la necesidad de avanzar y visibilizar algo que es un secreto a todas voces, la desigualdad que existe en el mundo laboral entre la permanencia y la calidad de empleo”.
“En clave electoralista algunos han olvidado sus propios proyectos que presentaron y los debates que han dado a lo largo del trabajo”, apuntó y subrayó que es “urgente” mejorar la calidad y el acceso del empleo de las mujeres “no puede ser una discusión en clave electoralista. La defensa de los derechos y de las mujeres no puede tener un clima de época, tiene que ser una construcción colectiva, consciente y con compromiso que se sostenga en el tiempo”.
Sobre el proyecto, resaltó que “viene a intentar garantizar esa igualdad de oportunidades porque va a terminar con esas brechas y segregación que sufren mujeres y diversidades a la hora de acceder a los empleos”, y detalló: “La brecha de ingresos ronda en un 30% menos para mujeres, la tasa de actividad 18,4% en puntos porcentuales menos las mujeres, ni hablar de la informalidad donde las mujeres tenemos un 40% de empleo no registrado”. Uceda no dejó pasar el momento para remarcar la ausencia de la oposición: “Hoy no se sientan acá a dar el debate necesario para que esas mujeres accedan a empleos mejores y con registración”.
La diputada mendocina planteó que el proyecto viene a “corregir inequidades” que tiene la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente en el Régimen de Licencias especiales. Así, explicó que “se contemplan licencias de 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial; 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija; y 3 días corridos por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto”.
También, contó que se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días anuales calendario para tal fin. Para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, habrá 3 días corridos, con un máximo de 15 anuales.
Entre las licencias propuestas, Uceda informó que se prevén 15 días hábiles por año calendario, prorrogable por una única vez por otro período igual, ante una situación de violencia de género y/o de violencia laboral.
Además, remarcó que plantea que “queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período posterior, de modo tal de completar los 126 días”.
Para casos de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo.
En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo; en caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del hijo después del parto, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia establecida.
El anteproyecto crea una asignación parental para monotributistas y autónomos, tanto gestantes como no gestantes y adoptantes, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo, vital y móvil neto.
El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes. Para personas no gestantes se elevaría escalonadamente (a lo largo de 6 años) de 15 días hasta 45.
En caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del bebé, la persona gestante tendrá una licencia laboral de 30 días para recuperarse. No se suman licencias especiales y en su lugar se otorgan 30 días sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como “razones particulares no planificadas”.
El proyecto de Mónica Fein estipula un término medio, con licencias para personas gestantes de 110 días (entre 15 y 45 días antes del parto y el resto después del nacimiento) y de 15 días para progenitores no gestantes.
En caso de padres adoptantes, plantea una licencia de 65 días para uno de los dos, y para la pareja o persona con la que comparte la responsabilidad parental, 15 días.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, procedió a brindar detalles de la carga impositiva del proyecto que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso al analizar el preliminar del texto, afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%, y expresó: “Compartimos todos esos objetivos, para los que hablan de desequilibrio fiscal. Esto aumenta derechos, pero medido en términos de PBI tiene un pequeño impacto. La discusión verdadera es si aumentamos o no derechos, no el costo fiscal, se trata de más o menos derechos”.
“Acá hay dos cuestiones, una de derechos que ha sido ampliamente explicada y otra que se esgrime permanente del impacto fiscal”, sostuvo Heller y se remitió al informe de la OPC
Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.
