En el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner del primero de septiembre, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires) puso este martes su teléfono a disposición de la justicia federal, pero lo adjuntó a una petición para que no sea revisado interiormente.

El abogado del diputado, Manuel Barros, llevó personalmente el dispositivo móvil a la jueza María Eugenia Capuchetti, donde anunció que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.

No obstante, desde la Justicia deben aguardar la autorización de la Cámara baja para avanzar con la apertura del teléfono celular, el cual fue guardado en una caja fuerte en el despacho de Capuchetti.

La Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del teléfono celular el jueves 17 de agosto y había sido solicitado por la querella de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, aunque quedaba sujeta a la autorización de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, a menos de diez días de cumplirse un año desde que ocurrió el hecho, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja.

Los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que votaron por autorizar la medida, explicaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal (abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023)”.

La búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, agregaron.

Por último, sostuvieron que “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo – imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.