La Comisión de Presupuesto y Hacienda oficializó la convocatoria a reunión para el lunes 18 de septiembre a las 16 a fin de sacar rápidamente el despacho del proyecto enviado por Sergio Massa para poder llevarlo al recinto al día siguiente.
En un tratamiento exprés, el oficialismo buscará firmar el dictamen del proyecto de ley enviado por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, que busca eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias permitiendo que sólo lo paguen los mayores ingresos.
Para ello, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller, convocó -tal como lo había anunciado este jueves- a los miembros a una reunión para el próximo lunes 18 de septiembre a las 16 con el objetivo de sacar despacho para poder tratar el tema en el recinto en la sesión prevista para el día siguiente.
El debate solo contó con una reunión informativa que se desarrolló este jueves a la cual asistieron funcionarios del Ejecutivo y representantes gremiales que respaldaron la iniciativa y solicitaron el tratamiento “urgente”.
Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo al considerar que “no se puede tratar en 48 horas un tema que necesita profundidad y análisis en su conjunto”, por lo cual será clave la definición de los otros bloques de la oposición.
Los puntos centrales del proyecto
La iniciativa, que llevará un alivio a trabajadores registrados, establece que solo abonen ese gravamen menos del 10% de aquellos empleados registrados; esto es, un 0,88% de los trabajadores que tienen empleo registrado en la Argentina.
El costo fiscal estimado para ese proyecto es de un billón de pesos anuales, según confirmaron desde el propio Ministerio de Economía.
El texto cuenta con 9 artículos, donde se “deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones”, por un lado, y por el otro incorpora en la ley del mencionado gravamen un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.
El proyecto detalla en sus fundamentos la evolución y el alcance de dicho gravamen desde los tiempos de la Alianza hasta el presente, remarcando que al finalizar el año 2019 (gestión Cambiemos) alcanzaba a 2.500.000 trabajadores. Esto es el 30% del total de los empleados registrados en todo el país.
La medida anunciada tiene como objeto gravar, exclusivamente, a estos mayores ingresos, con un impuesto cedular (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-; actuando dicho importe como un mínimo no imponible.
Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27 % y el 35 %. La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo al siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa nueva fecha.
Las retenciones realizadas sobre las ganancias netas percibidas durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de julio, toda vez que la escala progresiva que, en definitiva, aplique para todo el período anual, es la de los montos del salario mínimo, vital y móvil vigente en el citado mes de julio.
“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, plantea el proyecto.
Además, esta medida “redundará en la eliminación de las distorsiones generadas por el cómputo de las deducciones personales y generales que obligan a los asalariados y las asalariadas, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas a estar pendiente de cuestiones administrativas relacionadas con la determinación del impuesto y, respecto de los empleadores y las empleadoras, les significará una menor carga operativa atento a que se verificará una disminución del costo de cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, agrega el texto conocido este miércoles.
Todos estos cambios resultarán de aplicación a partir del año fiscal 2024 y siguientes.
