Luego de tres semanas, la comisión retomó el proceso que lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. La hipótesis del oficialismo habla de un “asalto” al órgano que selecciona y remueve jueces, a partir del fallo de diciembre de 2021.
Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el proceso que lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema y comenzó con el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”, a partir de lo acontecido con ese órgano -encargado de la selección y remoción de jueces- a partir del fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo.
Tras un repaso de lo actuado hasta ahora y el anticipo de que se avanzará desde el oficialismo con el dictamen de acusación contra el magistrado Juan Carlos Maqueda (por la causal irregularidades de la obra social), la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó la hipótesis de su bloque en esta causal y afirmó que se dio una “asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor (Horacio) Rosatti por el autovoto” con el “objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”.
La entrerriana sostuvo que hubo una “cooptación del Consejo de la Magistratura” y acusó al presidente del máximo tribunal de tener “vinculación con el Colegio de Abogados (de la calle Montevideo), parte actora de la causa” contra la Ley 26.080. “El fallo fue dictado diez días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma” del Consejo, recordó y apuntó que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”.
La oficialista cuestionó que al Congreso se le dio “un plazo arbitrario” para sancionar una nueva norma y “se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días corridos”. Además, “la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años”, agregó.
También señaló que en el año 2006 la Corte “había dejado de integrar y presidir el Consejo de la Magistratura”, pero a partir del fallo de diciembre de 2021, que determinaba que el Consejo pasara de 13 a 20 miembros nuevamente, se dio “una manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura, a través de fallos y acordadas” relacionados a los planteos de la oposición -sobre todo del Senado-.
Gaillard añadió que a este proceso se sumó la aparición de los supuestos chats filtrados desde el celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, en los que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, “le asesora cómo debían proceder en el Senado de la Nación respecto del Consejo de la Magistratura”. En la última reunión, el pasado 29 de agosto, cuando D’Alessandro se presentó ante la comisión aseguró que esas conversaciones son falsas.
A su turno, la diputada Vanesa Siley (FdT) recordó que la causa Colegio de Abogados “vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta” y “en la Corte vivió sin ser resuelta cuatro años”. Al recordar que “cuando asume Cambiemos el gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte, y después vuelve a cambiar cuando asume otro color político” en referencia al Frente de Todos.
La oficialista subrayó que durante la gestión de Cambiemos se pidió “la suspensión de plazos en la causa” con motivo de que Garavano iba a presentar un proyecto de ley de reforma del Consejo, el cual efectivamente se envió pero no se trató, y “la Corte Suprema le concedió suspensión de plazos, no se apuró”. Sin embargo, a pesar de que el gobierno del Frente de Todos mandó en diciembre de 2021 una iniciativa que “era igual” a la de Garavano, “la Corte no le dio tiempo y falló inmediatamente”.
“No era lo mismo que salga este fallo cuando era presidente (Ricardo) Lorenzetti que si era presidente Rosatti”, opinó la legisladora, que observó que “a partir de septiembre de 2021 cambió el tiempo en la Corte Suprema y había que apurarse”. “Por eso enerva que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo. El interés comprometido era explícito y alevoso: que el que preside la Corte, presidirá el Consejo”, expresó. También cuestionó que se le haya dado al Congreso un plazo de 120 días de “imposible cumplimiento”.
Siley denunció además que “desde que llegó Rosatti al Consejo de la Magistratura se ha paralizado el avance de las causas y las ternas que estaban todas listas para salir”. “Hoy el Consejo de la Magistratura es un Consejo irregular” porque “el senador (Martín) Doñate todavía no asumió por decisión de la Corte, que se sienta de los dos lados del mostrador”, completó la oficialista, quien integra el Consejo.
De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Tonelli (Pro) arrancó: “Los hechos a los que se refirió la diputada Siley son correctos y son veraces, eso hay que reconocerlo. Ahora, la interpretación es absolutamente errada. Lo que falta en el análisis de la diputada Siley y que es muy relevante es el rol del Congreso en todo esto, porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017 nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra”. E incluso recordó que él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y “pese a los esfuerzos” no logró que se avance.
Para el macrista, “es razonable que la Corte haya fijado un plazo” porque sino la sentencia se hubiera vuelto abstracta; y contestó además que “es muy discutible” que en 120 días no se haya podido aprobar la ley ya que “el proyecto de Ganancias se aprobó en tres días”. “La media sanción del Senado nunca nos pusimos a debatirla en serio y dictaminarla”, sumó sobre el proyecto con media sanción que salió luego del fallo.
Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio insistió que “esto pasó porque el Congreso no sancionó una nueva ley”. “Hay un déficit en la actuación del Congreso. En la argumentación del oficialismo falta analizar nuestro rol”, dijo.
La primera en brindar testimonio este jueves fue la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien recordó que “cuando llegó la notificación que declaraba la inconstitucionalidad de distintos artículos” de la Ley 26.080 tomaron contacto con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron “avanzar con el cumplimiento de la sentencia”. Pero luego “se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron (Luis) Juez y (Humberto) Schavoni”, los senadores del Pro que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley.
La abogada habló del caso “Juez 1” para referirse al reclamo sobre quienes “debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente”, que terminaba en 2022; y de “Juez 2” de reclamo contra “el decreto presidencial que designó a Doñate para el período 2022-2026”.
“La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias (inferiores) y estamos en recurso extraordinario, que no ha sido resuelto”, señaló y explicó que eso todavía no ha pasado porque la Cámara alta también reclamó que los jueces “deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta”, añadió.
“Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y ellos hacen más de un año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible”, se quejó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), que fue el único en hacerle las preguntas a Peñafort.
Sobre la designación de Doñate para el período 2022-2026, decreto de la presidenta Cristina Kirchner que se refrendó en el recinto incluso, la directora de Asuntos Jurídicos detalló que “el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque (Pro) que está obturando y querellando esto tiene 8 miembros”. “La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con Juez, lo cual es incluso contrario al texto de la ley que resucitó la Corte”, resaltó.
La candidata a diputada de Unión por la Patria consideró que la Corte ha interferido “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques”, de acuerdo establece el artículo 55 del reglamento del Senado.
En otro tramo de su testimonio, afirmó que “resucitar la presidencia de la Corte (en el Consejo) es algo que se le ocurrió a la Corte. No era algo que había sido planteado en la causa de Colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte”.
“El fallo (de inconstitucionalidad de la ley de 2006) salió en diciembre cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley”, defendió.
Luego retomó que “a nuestros planteos todavía no se les ha dado respuesta porque hay una cuestión pendiente que es resolver el planteo de recusación que ha realizado el Senado” y, sobre esto, dijo que el planteo se debe a que “no se puede ser juez y parte. Cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo pasa a ser parte y no se puede estar de los dos lados del mostrador”.
Peñafort también hizo referencia a los chats entre Robles y Marcelo D’Alessandro, donde se ve “la instrucción por parte de Robles a D’Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura; y que después fue la que llevó adelante”. “De ahí el razonable temor sobre la imparcialidad de Rosatti para resolver sobre este tema”, dijo.
Ya en una pregunta más personal por parte de Tailhade, la abogada reveló: “Cuando sucedió el autovoto de Rosatti como presidente de la Corte Suprema yo publiqué una serie de notas recordando el otro caso de autovoto que fue el de Julio Nazareno, a finales del gobierno de Carlos Menem”. Aspecto que, enfatizó, estuvo presente en el dictamen de juicio político contra Nazareno que hizo la exdiputada Elisa Carrió, al sostener que “el autovoto era una burla al sistema republicano”.
“Muchos años después nos encontramos con alguien que venía de otra historia, fue un convencional constituyente, con excelentes intervenciones en la reforma de 1994, un reconocidísimo profesor de derecho constitucional, alguien muy distinto a Julio Nazareno”, enumeró sobre Rosatti, pero le criticó haber decidido “tirar por la borda todo ese prestigio y convertirse en Julio Nazareno”. “Yo admiraba a Rosatti, lo admiraba”, aseguró y lamentó que “ya el hecho de haber asumido por decreto fue un gran golpe a la imagen que yo tenía de él”.
El segundo testigo de la 22° jornada del juicio político que se tramita contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue Jorge Gabriel Rizzo, quien concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro veces consejero nacional, entre 2006 y 2022, este abogado expuso sobre la causa que ese Colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo todo a la ley original.
Rizzo contó que cuando al frente de la agrupación Gente de Derecho asumieron al frente del Colegio Público de Abogados, en 2006, tuvieron un debate en torno a una demanda que estaba preparando el abogado Daniel Sabsay, pero también tenían otra de Ricardo Monner Sanz, a la que terminaron adhiriendo. “Nos presentamos avalando”, dijo, en un juicio en cuyo final en 2014 tuvo sentencia de la Corte rechazando la legitimación de la presentación de Monner Sanz, pero aceptando la del Colegio.
“En el medio, nosotros como lista Gente de Derecho sacamos el fallo que tiene mi apellido por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que se llamó Democratización de la Justicia”, recordó.
El rechazo a Monner Sanz fue porque en la demanda había planteado que debía haber “representación igualitaria” y la respuesta fue que tenía que ser “equilibrada”. Por ese tecnicismo que consideró exagerado fue que lo rechazaron. “La Corte podría haber soslayado ese tecnicismo” para una causa que transcurrió 15 años en todo el sistema judicial y 4 en la Corte Suprema.
Rizzo recordó que cuando en tiempos del kirchnerismo se dio el debate de la Ley de Democratización de la Justicia “vinimos al Congreso y yo le dije al equipo: tenemos que ir, pero con un proyecto”.
La ley se aprobó, en el ínterin cambió el color político del país, entraron nuevos ministros a la Corte y a mitad del gobierno de Mauricio Macri, Rizzo contó que lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura, pero en ese marco le preguntaron si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”. “Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.
En esa reunión participaron también, según recordó, Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.
Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.
La diputada oficialista Vanesa Siley le preguntó si la Corte tenía intención en el año 2017 de sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. “No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte”, respondió.
“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representantes”.
“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.
Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.
En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga, que fue (Daniel) Angelici?… Se los digo”.
Respecto de los cambios de postura en el seno del Tribunal Superior, Rizzo sostuvo que “la Corte cambia de ideas cada dos años, tiene que ver con su composición”.
Elogió con énfasis la Corte de tiempos de Néstor Kirchner, que definió como “los siete magníficos”. Y consultado sobre la Corte actual, dijo que “lo que me molesta es la creencia de que saca los fallos a la carta, y es una sensación que tiene el pueblo”.
“De alguna manera hay que equilibrar la Corte. Nunca fui partidario de ampliarla, pero en este momento no hay más remedio que llevarla a 7 o 9. Con 4 miembros no se puede continuar”, sentenció.
Respecto del autovoto de Horacio Rosatti, aclaró que “no es ilegal”, pero “tampoco es de estilo en la Corte Suprema”. “Igual no me gusta, no me gusta para nada… Lo peor es que se votó estando un ministro ausente”.
