El FdT puso a consideración 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y “favoreció a exclientes”, pero JxC planteó que esa condición “no basta para provocar recusación ni excusación”. También evaluaron los pedidos de honorarios por parte del funcionario judicial.
La Comisión de Juicio Político de Diputados que preside la entrerriana Carolina Gaillard retomó este martes las audiencias en el proceso que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema. En esta ocasión, comenzaron el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.
Se analizaron puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes. El segundo cargo evaluado fue el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.
De los cinco testigos convocados, participaron cuatro: el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape; el periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna; Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El único convocado que no asistió según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
Antes de comenzar con la ronda de testigos, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, explicó la causal de “abuso de poder” que se le atribuye a Carlos Rosenkrantz, por “la falta de excusación en causas de sus exclientes”. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.
“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no referimos a PyMEs, asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la oficialista.
También informó que la segunda hipótesis de esta causal tiene que ver con “honorarios millonarios” reclamados por Rosenkrantz, “por la suma de 18 mil millones de pesos” en la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables; mientras que la tercera tiene que ver con la recusación que le formularon en la causa Tabacalera Sarandí.
Por otro lado, el oficialismo avanzó hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas.
Además, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 10 en la que tratarán la causa de la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti, se citarán a los testigos.
Primer testigo de la jornada, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N°7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, asistió por segunda vez, ya que había declarado en la comisión el 7 de marzo pasado. Consultado por el diputado Leopoldo Moreau sobre si en su función anterior como fiscal general adjunto de la Procuración “alguna vez le tocó recusar a algún ministro de la Corte porque una causa involucraba a un excliente de un ministro”, respondió: “Cuando trabajé en la Procuración General de la Nación no tenía firma, no recusaba a nadie y no recuerdo haber trabajado en ningún expediente de ese tipo”. “Creo que, a cada ministro, a cada juez, le corresponde -como le parezca- excusarse”, dijo.
El oficialista lo interrogó sobre si “conocía el listado de los exclientes del doctor Rosenkrantz”, a lo que el funcionario judicial afirmó que él sabía “que había presentado ante el Senado una lista, pero esa lista yo no la tengo presente”. “Tengo entendido que además del Senado, como corresponde, el doctor Rosenkrantz circuló una lista de sus exclientes entre las demás vocalías, porque si no quedaría al arbitrio de él decidir en cada caso si se excusaba o no”, reveló.
“¿Alguna vez recibió de algún ministro una nota comentando que dejaba de excusarse por haber transcurrido más de cinco años desde que asumió?”, preguntó Moreau, a lo que Naveira de Casanova contestó que desde que él trabaja en Corte, año 2018, no recibió “otra nota así”.
En su intervención, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que “respecto de las posibilidades que un juez se aparte en un expediente y no opine, no vote, son dos: una, que sea por impulso de alguna de las partes que actúe en la causa y lo recuse, con motivos; y la otra es que el juez decida excusarse porque él entiende que hay motivos para hacerlo”.
Y defendió que haya sido de cinco años “el plazo a partir del cual el doctor Rosenkrantz entendió que ya no correspondía excusarse en causas en que intervinieran exclientes, no de él personales, sino del estudio en el que había trabajado”. “No puede ser que pasen 30 años y el juez tenga que seguir excusándose”, enfatizó y señaló que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública “establece que esa obligación de excusarse cesa transcurridos tres años”.
“Es absolutamente lógico, natural, razonable y sensato que un impedimento de esa naturaleza cese en algún momento. La Ley de Ética habla de tres años, el juez Rosenkrantz eligió esperar cinco. Está muy claro que no puede mantenerse para siempre semejante prohibición”, insistió.
Para Moreau, la aclaración de Tonelli “confirma la arbitrariedad de la decisión del doctor Rosenkrantz”, quien tomó “una decisión individual y arbitraria” e “inventó una norma”, cuestionó. “Le imputamos un mal comportamiento desde el punto de vista ético y la pérdida de imparcialidad. Se autoimpuso un plazo que de ninguna manera existe en normas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema. Él no apeló a la Ley de Ética Pública, el plazo lo impuso él a su propio arbitrio”, subrayó el oficialista.
Por su parte, el presidente de la CC-ARI, Juan Manuel López, consideró que “no hubo nada irregular en la decisión y en la nota, porque aparte lo hace público a todos sus colegas, de que iba a empezar a intervenir pasados cinco años en las causas en las que el estudio que perteneció patrocinó a alguna de las partes”.
“A mí modo de ver tuvo un exceso de restricción en la decisión de no intervenir”, opinó y recordó que para ser juez de la Corte “tenes que haber sido abogado y ejercido ocho años” y para eso “se necesita haber tenido clientes”. Además, sobre la lista de sus exclientes, mencionó que la presentó por un decreto del año 2003, presidencia de Néstor Kirchner, que obligaba a los candidatos a jueces a exponer ese listado.
“La excusación es absolutamente potestativa del juez y no hay ninguna obligación de hacerlo. El plazo que dice el diputado Tonelli es el único que hay en la legislación argentina. No se auto legisló. Por eso nunca vamos a entender esta causal”, añadió.
En su testimonio, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti declaró sobre la causal “Consejo de la Magistratura” por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado, quien ingresó en 2021 a la vocalía, consideró que en la causa Colegio de Abogados “hubo legitimación” y que no tuvo a la vista “ningún proyecto anterior, el primer trabajo fue el análisis de este tema y la consideración de la firma de Rosatti”.
El periodista Ari Lijalad, quien fue citado por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape, luego de presentarse, la diputada oficialista Siley le preguntó por “diversas notas” publicadas sobre “las distintas intervenciones en causas que tuvo el ministro Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema en las cuales no se excusó de intervenir, pese a que en los casos algunas de las partes eran clientes suyos”, por lo que le pidió detallar el nombre de esos clientes que aparecieron en las notas periodísticas.
Lijalad explicó: “Lo que hice fue tomar el listado de exclientes y de ex sociedades donde Carlos Rosenkrantz declaró, sociedades donde había participado, y exclientes que tuvo en el estudio. En el listado constan esos clientes. También estaban en la página web del estudio Bouzat, pero cuando Rosenkrantz fue, primero nombrado por decreto, y después fue al Senado a tener sus audiencias, borraron ese listado, pero yo conservé una copia”.
“El trabajo que hice es bastante sencillo en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, puse el nombre de cada cliente que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de él, todo de fuentes públicas y abiertas. Anoté todos los casos donde aparecía un voto de Rosenkrantz vinculado a un excliente. Parecieron muchísimos”, explayó el periodista
Así, procedió a detallar algunos de ellos: “La última lista que hice eran 56 casos, había 3 fallos que involucraban a Telecom exclientes, 1 fallo que involucra a ARTEAR ambos del Grupo Clarín, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 que involucran a AMX que es la empresa Claro de telefonía, 3 que involucran a la provincia de Corrientes, 4 a la de Santa Fe, 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos de YPF, 5 al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 1 de Piero y 1 de Polisur”.
“Todas las semanas miro los fallos de la Corte, porque es mi trabajo, y han aparecido más. Son todos fallos donde figura la firma de Rosenkrantz donde intervino con casos de exclientes”, denunció.
Siley le consultó en qué casos el titular de la Corte se exudó y en cuáles no. Al respecto, Lijalad recordó que la primera nota que publicó hace dos años fue porque Rosenkrantz giró una nota al resto de los miembros de la Corte en un caso de AMX Argentina contra la Dirección General de Aduana donde les comunica que “iba a empezar a intervenir en causas de sus exclientes porque ya habían pasado cinco años de su asunción en la Corte”, en un breve comentario opinó que el Código Civil y Procesal “no establece un plazo de caducidad del impedimento de un juez de intervenir en causas de sus exclientes y dice que eso es motivo de causal de mal desempeño”.
“Al tener esta nota, lo que vi primero es que Rosenkrantz avisó de algo que ya había hecho en 21 casos anteriores. No solo inventó esos plazos de cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en donde si intervino y corresponden a exclientes”, acusó el testigo y añadió que “sucede que con los mismos exclientes en algunas causas se excusa y en otras decide participar, lo vi mucho en las causas de Santa Fe que es una de sus grandes clientes. Hace excusaciones selectivas”.
Sobre la nota a los miembros de la Corte, Siley le pidió la opinión a Lijalad quien expresó: “Creo que estaban preparando el terreno para algo que vino después que fue la judicialización de otro caso de un gran excliente que es el Grupo Clarín vinculado a la regulación de las tarifas de las telecomunicaciones que fue frenado por medidas cautelares en peinera y segunda instancia. El Gobierno logró acceder a la Corte por el recurso de queja porque no le dieron el recurso extraordinario”.
“Esa causa se discute un decreto en el cual el Gobierno estableció que las telecomunicaciones son un servicio público en competencia y sus tarifas pueden ser reguladas por el Estado que Clarín judicializó para no cumplirlo y no lo cumple hasta el día de hoy por una complicidad de la Corte Suprema que no trata todo esto hace más de un año”, criticó y contó que el Estado recursó a Rosenkrantz para que no intervenga y resumió: “Estaban preparando un antecedente y una justificación para beneficiar al Grupo Clarín uno de los grandes exclientes de Rosenkrantz”.
A su turno, Tonelli le planteó que la mera condición de excliente no basta para la recusación o excusación y le consultó si en todos los casos que mencionó verificó si en la condición de excliente existen algunas de las otras condiciones que el Código Procesal exige para que procesa la recusación o excusación o si se basó en la mera condición de excliente del juez.
Lijalad le remarcó que entre los criterios está haber sido abogado y haber omitido opinión/ dictamen a la hora de las recomendaciones. “Está comprobado que son sus exclientes, que intervino, esos son datos. No hay garantía de imparcialidad porque es su excliente”, aseguró.
“De acuerdo con el Código Procesal la mera condición de excliente no basta para provocar recusación ni excusación, hace falta otros requisitos que el testigo no verificó”, cerró su postura Tonelli.
El diputado Leopoldo Moreau le pidió al testigo que explicara el monto que pidió el titular de la Corte sobre la regulación de sus honorarios del estudio respecto del caso de Santa Fe, a lo que el periodista aseguró no tener el monto exacto porque “lo tiene que definir la Corte, pero si no recuerdo mal es un porcentaje de la condena que era de 4 mil millones de pesos”.
De la vereda de enfrente, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le solicitó que aclare por qué previamente consideró dicho pedido de Rosenkrantz como “irregular” que un abogado se presente en un expediente y pida la regulación de los honorarios. ¿Considera que debe renunciar a todos los honorarios percibidos en su profesión?, apuntó el formoseño. Lijalad precisó: “Rosenkrantz asumió en la Corte en 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedida honorarios en una causa de su excliente, resolvía una causa de su excliente, eso es lo que me parece irregular, no la regulación de honorarios”.
Carbajal le volvió a salir al cruce: “Vale la aclaración entonces porque no es lo que dijo anteriormente… si es incorrecto como usted dice que siga interviniendo en esa causa”, a lo que Lijalad agregó: “Continúa interviniendo en causas de ese excliente”, pero el radical recogió el guante y le enrostró que “no es más que un cliente particular, sino que es un estado provincial defendiendo la coparticipación federal. ¿Es cierto o no? Es un ente público defendiendo la coparticipación federal”.
De forma inmediata intervino el oficialista Rodolfo Tailhade quien aclaró que la sentencia es de más de 150 mil millones de pesos a favor de la provincia de Santa Fe y “el pedido de regulación de Rosenkrantz es de 18 mil millones de pesos que hasta ahora no ha sido discutido”.
El pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT) le pidió que ratificara al testigo si tenía información de que Rosenkrantz había intervenido en las causas de Santa Fe que llegaron a la Corte, ante la respuesta afirmativa del periodista, le consultó la cantidad de las mismas a lo que Lijalad le dijo que fueron cuatro y que “puede haber más”. Así, el oficialista apuntó contra JxC que “llevan adelante el rol de defensores del doctor Rosenkrantz”.
En su declaración, el periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe.
Según Alonso, “buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”. “Nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del ex gobernador Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y Gil Lavedra, se publicó por primera vez en ese artículo”, contó y agregó: “Ratifico todo lo que dije en la nota en donde hago una cronología de esos sucesos, el contexto en el que se dio, por qué recurrieron al estudio privado”.
“En la nota están absolutamente todos los documentos esta el decreto de Binner con el cual designa a estos abogados privados para que litiguen en representación de Santa Fe en contra del Estado. Está la posición del entonces fiscal de Estado que avala lo realizado por el gobernador”, añadió a su relato.
“Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa”, planteó Alonso y consideró que “hay un dilema ético allí”.
La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. “Se paga con un dinero que viene del Estado nacional”, señaló.
El periodista indicó que “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.
Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.
