Presidida por Blanca Osuna (FdT), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa, donde recibió a 14 especialistas para continuar el debate sobre el proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo.

Esta vez, estuvieron presentes: Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán; Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

También, expusieron ante Diputados Marcos Córdoba (decano de la facultad de Derecho de la UAI); Graciela Morgade, decana de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA; Mariano Nardowski, exministro de Educación de CABA (2007-2009); María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola; Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento; Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales; Héctor De Luca, director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora; Verónica Alzú, directora de la Técnica Nº8 de Quilmes; Javier Curcio, de la Fundación Alem; y Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte.

Por su parte, la oposición, a través del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI), planteó “acordar una metodología para próximas invitaciones”. Luego, Sabrina Ajmechet (Pro), al igual que en la primera reunión, insistió con que deben ser invitados los gobernadores provinciales y anunció que van a presentar una carta para convocarlos.

Las exposiciones

El primer expositor fue Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, quien, además de representar a su provincia, afirmó representar “al norte grande en su carácter federal”. “Nación es querer vivir juntos e imaginar un futuro en conjunto y consideró que este proyecto tiene características federales y debe ser un hecho determinante”, enfatizó.

Asimismo, destacó que “no hay desarrollo sin inversión y la ley tiene un principio de solidaridad entre el Estado nacional y los provinciales”. Además, sostuvo que “en 40 años de democracia podemos, estadísticamente, decir que se ha ampliado el derecho a la educación en la Argentina y el proyecto viene a ratificar este rumbo de acción”.

En representación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -así pidió que llamen a su provincia-, estuvo Analía Cubino, quien sostuvo que “la soberanía es tan fundante como la educación”.

“Hablo desde un federalismo construido de las provincias hacia el centro y esto viene a fortalecer un debate para materializar conquistas que hemos tenido en estos cuatro años porque este federalismo marca la ampliación de derechos”, agregó.

Del mismo modo, planteó que “mis 57.000 estudiantes y los 8.000 maestros son tan importantes como los del resto del país”. “Las políticas son fundamentales para el crecimiento de nuestra gente y no hay que olvidar que el espacio escolar es un espacio de cuidado”, añadió.

La ministra celebró el agregado del proyecto respecto a cuidados maternales porque “es una innovación en la ley que atiende a un reclamo genuino a los colectivos feministas”. “Celebro que se nos haya escuchado para la redacción de este proyecto y tenemos que profundizar un modelo de país”, cerró.

A su turno, Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró que se considere a la educación como una política de Estado: “La educación superior forma el desarrollo cultural y económico del país”.

“Es un bien público preferente, y es preferente en bien el Estado lo financie”, agregó. Sin embargo, advirtió que “el presupuesto normativo calcula la inversión necesaria que es duplicada cada 15 de septiembre con la Ley de Presupuesto”.

Además, sostuvo que “la educación superior no solo forma egresados, sino también genera conocimientos para el desarrollo del país y hay que cuantificar la dimensión del financiamiento necesario para apalancar esas grandes posibilidades”.

Luego, Marcos Córdoba afirmó que “la incorporación de la educación en el ámbito abre las posibilidades para la equiparación de los componentes en la búsqueda de la igualdad de la formación a través de la educación”. Asimismo, señaló que “el porcentaje de la formación pública y privada nos muestra que la inclusión debe ser de todos los sectores”.

Brevemente, Rubén Soro, rector de la UTN, manifestó: “Cuando hablamos de federalismo me siento bien porque tenemos más de 30 sedes en todo el país”, y agregó: “Me pone triste -por la primera reunión- cuando los sectores dicen que la educación es un gasto y el momento es ahora cuando peligra la salud y la educación porque estamos a muy poquitos días de unas elecciones y los acuerdos deben superar el sistema de país hermoso que tenemos”.

También, la rectora de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren, expresó que “la educación es un derecho fundamental de los argentinos”. “Celebro esta propuesta que promueve a todos los niveles de educación integral y desde la UnaM, que es una universidad de frontera con 68.000 estudiantes y 30 carreras de grado, sabemos que esto le mejora de la calidad de la vida de los argentinos y es parte del federalismo”, indicó.

A su turno, Graciela Morgade, doctora en educación y decana de la facultad de Filosofía y Letras, manifestó: “Coincido con Cubino en tematizar la construcción de jardines maternales”. Sin embargo, propuso ampliar dos temas en el proyecto: “Hay que cambiar la escuela secundaria para que en esta ley estén los recursos, y tematizar que las universidades formen docentes porque hay fuertes cambios de las juventudes en cómo piensan al trabajo”.

El doctor Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009), cuestionó que “nunca se llegó al 6% de inversión con la ley anterior”. “Es una deuda educativa del Estado con el pueblo argentino y sería bueno que en este proyecto, cuando no se llegue al 6%, la diferencia debe quedar en el presupuesto siguiente”, propuso.

Por otro lado, señaló que “hay muchas acciones que necesitan financiamiento” y propuso que “haya un censo de infraestructura”. Por su parte, cuestionó: “Si no alcanzamos los 180 días de clases ¿por qué alcanzamos los 190? el número tiene que ser una meta y no un piso”.

Finalmente, expresó: “Si esta ley supera a las anteriores es mejor, pero con muchos problemas”. “¿Cuánto cuesta la educación de calidad? el mayor problema de la ley es el tema universidades”, consideró.

Muy emocionada, María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola, relató que “las familias y las cooperadoras somos iguales que el resto y tenemos el compromiso de luchar por la educación pública y gratuita”. “Les pedimos que se unan y dejen de pelear porque queremos a los pibes en la escuela y lo tienen que tener como derecho todos los pibes de nuestra patria”, indicó.

En tal sentido, Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento, manifestó que “en el pais hay 25.000 cooperadoras que de forma voluntaria colaboran y garantizan al funcionamiento de la escuela”. “Disminuir la desigualdad debe ser el desafío de todos los que estamos acá porque hay escuelas que necesitan inversión y se pueden ampliar”, añadió.

“Esto dará respuestas a la falta de vacantes y mejorará la calidad y el tema de los libros es el paso fundamental para ir a clases”, enfatizó Cesaroni, quien se mostró a favor de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa.

Con relación a la paritaria nacional docente, Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales, explicó que “hay dos componentes que son el Fondo Compensador Salarial y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que fueron creados en la ley 2005 y se instituyeron en 2008”.

“El aporte de este proyecto es sustancial porque el juntar la paritaria docente, el fondo compensador y el FONID en una misma normativa, con rango de ley, es un gran avance y es esencial para la institucionalidad laboral”, destacó.

Por otro lado, sostuvo que “del 2003 al 2015 creció el salario real y bajó la conflictividad docente, pero en 2017 se derogó la PND y luego se arma un consejo negociador que no discute salarios y el resultado de la supresión subió la conflictividad docente y bajó el salario real”.

El director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora, Héctor De Luca, remarcó que “sin financiamiento no hay educación y sin financiamiento no hay escuela técnica”. “Este hecho nos ha permitido poner un punto muy importante en las técnicas profesionalizantes y el séptimo año nos vincula específicamente con el trabajo”, destacó.

“Nuestra escuela se relaciona con más 65 empresas donde los alumnos van a realizar prácticas y están a la altura porque el 100% sale a realizar trabajos fuera de la escuela y al termino de sus prácticas son contratados por esos empresarios”, relató.

También, Verónica Alzú manifestó: “Soy de la última escuela que se creó en Quilmes inaugurada en 2008, tenemos alrededor de 300 chicos y la matricula fue creciendo”. “Hablar de educación de calidad es hablar de inversión, pero corremos por detrás de las tecnologías que tienen nuestras empresas”, afirmó.

“No podemos abrir puertas de talleres con tornos del año 40 y nosotros fuimos incrementando con planes de mejoras, pero esto no es suficiente. Con educación pública hablamos de inclusión, pero no pasa por meterlos en el aula sino por prestarles atención”, advirtió.

Desde la Fundación Alem, Javier Curcio, expresó: “Esto busca apuntalar a un sector imprescindible para focalizar en las discusiones del financiamiento para dar un contexto en los niveles que tenemos en las adecuaciones previas y la adecuación normativa”.

Sin embargo, al igual que Narodowski, cuestionó que “en los últimos años nunca se cumplió con lo del 6% del PBI”, y manifestó: “El nivel de inflación es tan alto que lamentablemente siempre los salarios van detrás de eso y el gasto educativo que tiene una incidencia salarial muy fuerte está por debajo de ese esquema”.

Por último, Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte, parafraseó a los anteriores expositores, con cuales coincidió y expresó que “nos da mucha satisfacción que se planteé un proyecto de ley que incluya la continuidad y el incremento del financiamiento destinado a la educación”.

El proyecto

El texto propone un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

Además, establece la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

También, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

Por último, ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.