Recientemente tomó estado público la suspensión de la reunión en la que se iban a presentar los datos argentinos del proyecto “SPRINT Transición Sostenible de Protección Vegetal: un enfoque de salud global”, comunicada por las autoridades del INTA. En ese marco, la investigadora especialista del proyecto, Virginia Aparicio, debía presentar los resultados argentinos de su estudio el día 21 de junio de manera virtual; sin embargo, esa reunión virtual no se realizó.

Según pudo saberse, el motivo de la no presentación de datos fue una comunicación del INTA, que instruyó a la investigadora a suspender la difusión de los resultados con fundamentos escuetos y generales.

Iniciado en 2008, el proyecto internacional SPRINT está destinado a evaluar la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina, y está respaldado por la FAO, organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación.

Argentina y otros once países llevan adelante la investigación en un esfuerzo de coordinación internacional que incluye protocolos acordados para todos los países participantes, muestreos y divulgación de datos preliminares y finales entre otros aspectos. El único dato preliminar que se conoce del estudio realizado en el año 2021 indicaba que, en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos, se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) pidió que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informe de manera detallada y pormenorizada qué acciones ha llevado adelante el organismo a los fines de la difusión de los resultados nacionales. También reclamó que, en caso de haberle indicado a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio a suspender la comunicación pública de los resultados, las razones de tal decisión.

Pide Camaño saber si los resultados obtenidos por Aparicio daban cuenta de una alta presencia de plaguicidas no solo en los cultivos, sino también en el agua, aire y cuerpos humanos, lo cual para la diputada “comporta un potencial peligro para la salud”.

También indaga en su proyecto de resolución, habida cuenta de que los datos preliminares de 2021 de dicho estudio surgen la presencia de plaguicidas en el ambiente y en muestras biológicas humanas, apunte qué medidas implementó o postula recomendar a nivel país.

“Cada año se intoxican cerca de 3 millones de personas por la exposición a agrotóxicos y biocidas y/o alguno de sus derivados, varios de estos prohibidos en gran parte del mundo y Europa”, sostiene la diputada Camaño en su proyecto, donde recuerda que “en las últimas dos décadas, se ha intensificado el uso de productos biocidas sintéticos que incrementan el riesgo para la salud de las poblaciones aledañas, y el deterioro del ambiente y de los procesos ecológicos fundamentales para el sostenimiento de la vida”.

Un informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) señaló que “el consumo de plaguicidas aumentó un 858 % en los últimos 22 años, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50 % y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%”. Ante ello, Camaño considera que “la suspensión instruida por el (INTA) nos conmina exigir de las autoridades competentes toda la información acerca de sus motivos y fundamentos para restringir la publicación de los resultados argentinos del proyecto SPRINT”.