En una carrera contrarreloj para evitar que el proyecto de ley perdiera estado parlamentario, los diputados aceptaron tratar el proyecto de ley que establece la implementación de protocolos contra el abuso sexual infantil en todos los ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes. La iniciativa contaba con media sanción del Senado desde diciembre de 2021, por lo cual si no se sancionaba antes del recambio legislativo de este año, perdería estado parlamentario.

Por eso se apuró la emisión del dictamen correspondiente, y en el marco de la sesión de la Cámara baja se acordó la incorporación al temario, a pedido de la diputada del Pro Silvia Lospennato.

Cerca de las 6 de la mañana de este miércoles, el proyecto fue aprobado por unanimidad, con 160 votos a favor, pero fue devuelto al Senado con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma.

El proyecto con modificaciones

Además de incorporar un artículo para la adhesión de las provincias, el proyecto con media sanción tuvo algunas modificaciones en su redacción. De esta manera, el artículo 1ro. establece que “toda niña, niño o adolescente tiene derecho a su integridad física, sexual, psíquica, moral, por ende a no ser sometido a ninguna forma de abuso sexual o violencias”.

A los fines de contribuir y garantizar estos derechos, “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá construir con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

A su vez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los lineamientos nacionales mínimos de los protocolos; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.

También, brindar asistencia técnica a las instituciones alcanzadas para adecuar los protocolos a las distintas realidades y sistemas de protección local en la que se encuentren insertas; promover un sistema de evaluación y monitoreo; y diseñar una campaña de sensibilización y difusión de los protocolos implementados.

Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.