Fue durante una reunión realizada este miércoles en el Salón Illia. Desde la oposición, que cuestionaba algunas designaciones, solo asistieron dos legisladores.
En medio de la coyuntura post-electoral y mientras Patricia Bullrich anunciaba su apoyo a Javier Milei en el balotaje durante una conferencia de prensa, en el Salón Illia del Senado se llevó a cabo una audiencia pública para analizar los pliegos de 16 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.
En la previa, la oposición había advertido por dos designaciones, que cuestionaba por tratarse de nombres vinculados a Axel Kicillof y Eduardo “Wado” de Pedro, al tiempo que los postulantes formaban parte originalmente de listas complementarias. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio solamente asistieron la macrista Guadalupe Tagliaferri y el radical Pablo Blanco. Más allá de que la porteña planteó críticas sobre la propuesta mandada desde el Ejecutivo, los candidatos pasaron la audiencia sin sobresaltos.
Durante la reunión, a todos los aspirantes -a jueces, fiscales y defensores- se les consultó por el pago del impuesto a las Ganancias; si hicieron cursos o tuvieron capacitación en el exterior; y sobre su apego a la Constitución y el respeto al debido proceso.
Una de las candidatas que había sido observada desde la oposición, y que actualmente es funcionaria del Ministerio del Interior, es María Laura Manín, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, que todavía no está habilitada y debe constituirse.
En su presentación, la abogada destacó que “hace 100 años que Argentina cuenta con legislación anti-monopólica; en 1923 se dictó la primera ley”. Sobre la Sala que podría integrar, señaló que “tiene por objeto analizar los recursos que se presenten contra decisiones del órgano administrativo”. En este sentido, dijo que “los actos que pueden ser recurribles ante esta sala especializada mediante apelación” son “aplicación de multas, impugnaciones de actos que tengan que ver con el dictado de medidas cautelares, sanciones ante conductas anti-monopólicas”, entre otros.
En su intervención, el senador kirchnerista Oscar Parrilli apuntó que “defensa de la competencia no es un tema menor, además donde existen intereses económicos muy poderosos, muy grandes”. “Lamentablemente no ha existido hasta ahora por parte de ningún gobierno una efectiva defensa de la competencia, en todo caso lo único que ha ocurrido, a lo largo de los últimos años, es una concentración más grande”, expresó.
Por eso, el neuquino consideró que “la tarea no es poca cosa, es un tema que tiene que ver directamente con el bolsillo de la gente”. “Ya la están atacando, obviamente. Yo me alegro que quienes la critiquen sean representantes de precisamente quiénes defienden los oligopolios y monopolios”, lanzó.
Tagliaferri planteó que más allá de la idoneidad de la candidata, quería hacer foco en “la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”, ya que Manín “se encontraba en lista complementaria y en la tercera terna para cubrir esa vocalía no estaba designado ninguno, con lo cual saltamos de las ternas a las listas complementarias en infracción”.
Recogió el guante la presidenta de la comisión, la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien explicó que Manín estaba “segunda de la lista complementaria”, pero “el segundo de la primera terna ya fue designado juez en 2021, entonces subió el primero de la lista complementaria. Y el tercero de la primera terna renunció al concurso (Juan Rafael Stinco), por lo tanto la doctora Laura Manín integra la primera terna”.
“Es una discrecional del Poder Ejecutivo, es interpretativa la ley. En anteriores gestiones también hay antecedentes de que esto ha sucedido, y la ley no es clara. Se puede complementar las ternas con las listas complementarias”, cerró.
Justamente Stinco, otro de los cuestionados desde JxC por tratarse de un exasesor de Kicillof y también formar parte de una lista complementaria, pasó también por la audiencia de este miércoles. Propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal, sólo recibió una pregunta de la senadora oficialista Teresa González sobre el desarrollo en su CV del “principio de tarifa justa y razonable”.
Entre quienes defendieron sus pliegos, Lucas Alberto Colla, candidato a fiscal ante el juzgado federal de primera instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, respondió sobre Ganancias: “Entiendo que la situación se encuentra completamente zanjada a partir de la sanción de la ley (de 2016); cualquier ciudadano puede litigar y hacer valer sus derechos a través de las acciones pertinentes. La fiscalía tiene siete empleados, dos de los cuales ya pagan impuesto a las Ganancias, por haber ingresado después de 2017. Con mi nombramiento tendré que pagar impuesto a las Ganancias. Al ser un hombre de derecho, me exige en esos términos cumplir con la ley”. Aunque agregó que desde su ingreso al Ministerio Público Fiscal en 2007 hasta la actualidad no tributa Ganancias.
Otro de los postulantes, en este caso para el cargo de fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, provincia de Misiones, Arlindo Otto Kurtz, detalló que “la provincia de Misiones tiene más del 80% de límites internacionales” y “la República Argentina tiene una realidad que es el ingreso de sustancias estupefacientes”.
Según datos del Ministerio de Seguridad, Misiones “es una de las provincias en las que se ha llevado mayor cantidad de decomisos de marihuana”. Tras trabajar en Eldorado, y actualmente en Oberá, contó que investiga todo lo que es “narcotráfico, trata de personas, contrabando, falsificación de documentos y demás delitos de índole federal”. “La particularidad de la fiscalía a la cual aspiro es similar”, dijo.
Durante la exposición de Gabriel Rey, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N°14, la senadora Tagliaferri le preguntó si estaría de acuerdo, “en ocasión de haber un acuerdo, convenio, que esté avalado tanto por la Legislatura de la Ciudad como por el Congreso, del traspaso de competencias que vienen siendo paulatinas, pero sostenidas desde hace muchos años, de su juzgado al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. “No tengo ningún inconveniente”, afirmó Rey.
De los 16 postulantes que se presentaron, al defender su pliego, Sebastián Rodrigo Ghersi, candidato a juez del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, sostuvo que buscará “brindar un buen servicio de justicia para los usuarios del sistema, que son las víctimas y los imputados, y también para el público en general; con el norte en entender que las personas que figuran en los expedientes judiciales no son nombres, números, sino personas de carne y hueso, con problemas graves, con conflictos de mucha intensidad, que nosotros tenemos que tratar de resolver”.
Al final de la audiencia, se pasaron a la firma dos pliegos que habían vuelto a la comisión en la sesión del 22 de septiembre de 2022, y no habían recibido impugnación, mientras que Fernández Sagasti anunció a los presentes que los demás se analizarían para su respectivo dictamen.
