La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados, presidia por el oficialista Hugo Yasky, mantuvo este miércoles una reunión informativa para analizar distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como delito.

El encuentro se da en plena campaña electoral de cara al balotaje, en el marco de los 40 años de democracia y ante un contexto donde crecen discursos que niegan la cifra de desaparecidos o no condenan lo sucedido durante la última dictadura militar. Entre esas declaraciones se han destacado las de Javier Milei y Victoria Villaruel, la dupla candidata de La Libertad Avanza.

De los siete proyectos, uno está impulsado por la diputada cívica Mariana Stilman para incorporar el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592); y otro de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Sobre negacionismo y apología respecto a genocidio y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna.

Al inicio del encuentro que se llevó a cabo en la Sala 3 del Anexo, Yasky comentó que los temas a tratar “tienen relación entre sí y tienen plena vigencia”. En primer lugar, hizo referencia al proyecto de la diputada Mariana Stilman para incorporar como causal el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592) y le dio la palabra a la diputada de la Coalición Cívica para que explique la iniciativa.

Así, Stilman aclaró que fue una coautoría con la diputada Margarita Stolbizer y que lo trabajaron en agosto del año pasado. “Partimos de la definición de la organización internacional IHRA (Alianza Internacional de Memoria del Holocausto) de 2016 del concepto de antisemitismo que fue aprobada, que no es vinculante. Cancillería en 2020 sacó una resolución 114 en junio adoptando para todo el sector público nacional esta definición de antisemitismo”

“En sus considerandos explica que la República Argentina ha demostrado sus compromisos con el respeto irrestrictos de los derechos humanos adoptando los más altos y modernos estándares en dicha materia vigente en el mundo. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, incluyendo el antisemitismo es una de las políticas de Estado más importante y por ello Argentina participa activamente en todas las iniciativas internacionales y regionales destinadas a combatir este flagelo”, leyó.

Stilman recordó que ese mismo año “el presidente había participado del Foro Mundial del Holocausto con motivo de conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de conmemoración del Holocausto”. Asimismo, señaló que la Cámara baja “adoptó esa misma definición por resolución conjunta con el Senado porque me parecía que había que ser contundentes desde esta Casa también con respecto al tema, pero decidí que tenía más contenido y más efecto avanzar sobre la Ley de Antidiscriminación con una modificación que incluyera la categoría de antisemitismo como forma de discriminación”.

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”, definió la diputada bonaerense y sumó: “No podemos dejar de desconocer este tipo de discriminación que va más allá porque es una categoría distinta de discriminación por nacionalidad, por religión, o por raza. Esta ley que está vigente desde el año 88’ no debemos olvidar que vivimos dos atentados antisemitas a posteriori que son el atentando a la Embajada y a la AMIA”.

La diputada de JxC señaló que “han persistido actitudes discriminatorias antisemitas que por ahí no tienen tanta visibilidad, pero son reales”, y agregó: “En este contexto internacional me pareció oportuno y necesario traer la discusión a la cámara”, porque “tenemos una ola de odio en contra de los judíos que avanzó desde lo ocurrido en Medio Oriente. Hechos ocurridos en Francia o en Berlín con pintadas o casas marcadas con la estrella de David. El ataque al avión en Rusia o ayer en Viena”.

En el plano local, Stilman indicó que “las familias viven el terror de las consecuencias del Medio Oriente. Además de tener familiares desaparecidos o asesinados. Chicos argentinos que concurren a establecimientos educativos viven hoy esa discriminación en carne propia y las propias instituciones tuvieron que endurecer las medidas de seguridad gracias a la infamia del antisemitismo”.

“Es una discusión que hay que darla”, planteó y explicó que desde lo técnico la ley tiene un planteo sencillo porque consta de un artículo que hace un decálogo de conductas discriminatorias en las que “incluí el antisemitismo como categoría específica”. También aclaró que se incluyó el tema de la etnia, la categoría de género e identidad de género, percepción y orientación sexual porque “en ese sentido también la veíamos desactualizada a fin de quienes sufran puedan reclamar la protección civil del Estado”.

Además, precisó que el artículo 3 establece que se reprima penalmente y que se aplique el agravamiento de penas del artículo 2 y las conductas que alentaran a la persecución u odio con motivo del antisemitismo. “Es un tema importante y complejo y tenemos que tener una contundente expresión, rechazo y reproche expresado en la ley porque no podemos estar ajenos a esta problemática mundial”, cerró.

Volvió a tomar la palabra Yasky adelantó que el tema se continuará en una próxima reunión el día martes 7 en la cual estará presente el diputado Alejandro Finochiaro -autor de una de las iniciativas- quien también pidió incorporar un invitado. Luego procedieron a tratar los proyectos sobre negacionismo e informó: “Vamos a iniciar una serie de reuniones donde nos proponemos es tratar de escuchar las opiniones del más amplio y plural arco posible representativo de la sociedad”.

“Sabemos que es un tema que tiene que ver profundamente con estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida que, con orgullo, podemos exhibir en el país. Sobre la base de una política de memoria, verdad y justicia y con ese hecho histórico que distingue a los argentinos en el mundo el juicio a las juntas militares y el castigo a los genocidas, único país donde algo así ha sucedido, pudimos ir construyendo una convivencia democrática basada en el principio de memoria, verdad y justicia que tuvo como protagonistas a las Abuelas de Plaza de Mayo que serán invitadas especiales la próxima reunión y organismos de Derechos Humanos”, anticipó Yasky.

Negacionismo: la palabra de abogados y escritores

Abrió la ronda de expositores el sociólogo e investigador argentino Eduardo Feierstein manifestó que “son desafíos a la memoria colectiva, a la forma de transmisión de nuestra experiencia histórica y podríamos plantear que la sociedad argentina tuvo la riqueza de poder confrontar con esos peligros a partir del trabajo de infinidad de organizaciones en la posibilidad de acorralar a estas visiones, sobre todo en lo que fue la primera década después de la dictadura”.

“El problema es cuando emerge nuevamente y no es un problema solamente de nuestro país sino internacional, pensar en esas distintas herramientas que pueden ser formas vinculadas a formas de estrategias de capacitación, formación o estrategias educativas que puede ser vinculada a cuestiones a derechos administrativos o de derecho civil vinculadas a las condiciones de idoneidad para el ejercicio de la función pública. Todas condiciones que son de enorme importancia y en otra instancia podemos pensar”, explayó.

El sociólogo planteó que los objetivos son pensar alguno de los problemas tanto a nivel doctrinario, pragmático y operativo de intentos de plantear la lógica de la penalización como herramienta para ese combate político. “El primer problema que veo es de carácter más doctrinario en términos de decir que recurrir a la penalización para un debate que es eminentemente político, es asignarle al derecho penal una función para la que no fue creado”, explicó y sumó: “El debate sobre la negación de un hecho histórico que ha ocurrido e implica avanzar en la lógica del derecho penal en asignarle la potestad de penalizar opiniones por despreciables o grave que nos parezcan”.

Feierstein planteó que es “rico” analizar los 40 años de democracia que se van a cumplir y resaltó que “fue posible enfrentar estas lógicas políticamente y vale preguntar por qué en ese momento han logrado una mayor visibilidad o cuáles de los acuerdos políticos que impedían ese surgimiento se ha ido resquebrajando”, y cuestionó que una fuerza política niega los hechos vividos en el país en la última dictadura o convoca a acciones de violencia articulables con formas neofascistas la “gravedad que eso tiene para la estructura política del país y requiere que se ponga un límite ante esa posibilidad, pero son límites políticos no penales”.

En segundo lugar, indicó que el problema es de orden pragmático y propuso pensar “cuál fue la efectividad de estas legislaciones penales en aquellos lugares donde fue implementado porque existe un poco uso de este derecho penal, básicamente en países europeos en relación al genocidio nazi y se han agregado otros casos, pero ahí aparecen problemas”.

“Hay que pensar si estas legislaciones han tenido el efecto de impedir la expresión de afirmaciones negacionistas o de contribuir a la detención del crecimiento de esos movimientos políticos neonazis y el resultado que encontramos no es alentador”, señaló y ejemplificó que Alemania sancionó una ley de penalización del negacionismo en 2005 y su partido que reivindica al nazismo de diversas maneras ha pasado de un peso del 4% a más del 10% en las elecciones de 2021 consolidándose como segunda fuerza. En Francia hay una ley desde 1990 y el Frente Nacional tenía entre el 10 y 12% de votos y llegó al 23%, en Italia se planteó un proyecto en 2016 y la derecha neofascista logró conquistar el gobierno.

“No pareciera que este problema doctrinario de penalización del negacionismo logra compensar el costo de asignarle al derecho penal funciones que no debería tener con la efectividad de lograr limitar el crecimiento del negacionismo. Parece que sería más bien al revés”, alertó el investigador y afirmó: “Es una cuestión política que se resuelve de modo político y de abajo hacia arriba”.

Por otro lado, manifestó que otro de los problemas pragmáticos es cómo definen los Parlamentos cuáles son los casos que se incluyen porque “el Parlamento no fue creado para esto al igual que el derecho penal porque no son un Cuerpo de historiadores sociales que puedan con tanta facilidad limitar cuáles son los casos que deberían ser incluidos o son objetos de discusión colectiva. Es extender funciones en esa relación”.

Por último, indicó: “Uno de los problemas que veo en proyectos es que les sirve como propaganda particularmente útil a los discursos negacionistas porque, al transformarlos en contra hegemónicos, los vuelven más atractivos y siendo que las penalizaciones que se pueden implementar nunca pueden llegar a ser penalizaciones de verdadera gravedad puede ser muy valioso frente a la ventaja política y victimizarse”.

“En esta decisión de otorgarle al Poder Judicial la potestad de penar formas de interpretación de la realidad histórica, un problema operativo es dónde poner el límite y el riesgo que se abre otorgando a esa autoridad de poder intervenir. Hay otro problema en las formas de implementación de las penas y qué efectos tendrá”, cerró.

A su turno, la abogada Valeria Thus planteó si la “herramienta penal es la herramienta posible o no, legítima y deseable”. Sin embargo, reflexionó sobre el estado de situación en la actualidad porque “las políticas públicas contra los negacionismos implican la madre de las batallas”. “Se produjo un reingreso en el orden de lo visible de tópicos y expresiones de violencia de desprecio hacia determinados grupos y sectores sociales. Discursos en la esfera pública pronunciados por personas referentes del arco político que alientan el desprecio, la discriminación y la agresión hacia el otro”.

“A esto se le suman los discursos negacionistas y apologéticos de la dictadura de candidatos presidenciales. Estas violencias habilitadas en la discursividad social son parte de las representaciones con las cuales miramos al mundo sobre la cual diseñar políticas concretas que es en este caso abordar la discusión por la criminalización”, argumentó y sumó: “Al negar la experiencia genocida, la violencia política de la historia se busca generar condiciones de repetición, volver a validad ideas, representaciones y prácticas de exterminio. Esa es la gravedad del discurso negacionista”.

Así, precisó que “con el tiempo esa construcción discursiva determina qué es lo exterminable, lo naturaliza y sedimenta y habilita a nuevas violencias”. Asimismo, analizó la legitimidad penal punitiva y sostuvo que “es necesario pensarlo en clave de derechos humanos y cómo afecta o no a la libertad de expresión”.

“El negacionismo y la libertad de expresión es una relación difícil y por eso tenemos que pensar en políticas públicas que no tengan una complejidad de cara al sistema de protección de derechos humanos, porque es hablar del papel que va a asumir el Estado frente a los discursos que contradicen los valores democráticos”, precisó y preguntó qué vamos a hacer con el discurso intolerante que se ampara en la libertad de expresión para humillar y despreciar.

Thus explicó que “el discurso del odio se piensa en dos ejes por un lado el negacionismo y la apología de los genocidas, y por el otro lado, los casos específicos de incitación al odio y eso tiene un origen histórico específico en la Convención de 1965 nace del escándalo del 59 en Alemania donde las sinagogas aparecen esvásticas. Ese es el modo de construcción del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el modo de construcción de la Convención Europea de Derechos Humanos”.

“A partir del 2008 la decisión marco de Europa toma una decisión colectiva que es instar a los estados soberanos a la legislación punitiva contra el negacionismo. Hay más de 20 países que lo penalizan”, informó, pero planteó que “no se puede hacer lo mismo que se hizo en Europa” y explicó: “Nosotros no tenemos un modelo de libertad de expresión de democracia militante como si tienen la mayoría de los países en el sistema europeo, pero tenemos que hacernos cargo de las marchas y contramarchas en el sistema de protección de derechos humanos”.

La abogada enumeró los riesgos de la criminalización: “En el sistema universal de derechos humanos hay un cambio de criterio en las observaciones generales donde se plantea la posición de tolerar esas expresiones que son espantosas, pero las democracias de mercado tienen que ser toleradas”.

“Para no tener problemas normativos se debe adoptar el Plan de Acción de Naciones Unidas de 2012 que plantea los criterios que corresponden la intervención legal punitiva, la administrativa y en cuales ninguna. Se abre el camino de pensar los discursos negacionistas en la modalidad de discursos de odio y establecer los límites democráticos de la libertad de expresión y pensar los negacionismos en esa clave”, sugirió y propuso que Argentina ratifique la Convención Interamericana contra el racismo e intolerancia que “en el artículo 4 habla específicamente del negacionismo”.

“Es necesario analizar todas las reglas del sistema de protección de derechos humanos, aquellas respuestas que nos gustan y las que no, para poder pensar un modo de tipo penal que sortee los obstáculos normativos”, señaló y aclaró que “así es posible criminalizar el negacionismo con todos los matices, pero hay que preguntarnos qué crímenes, qué sujetos y para qué lo haríamos para pensar estas cuestiones. Las dos primeras tienen que ver con la legitimidad, y la última tiene que ver con la justificación”.

Thus explicó que existen dos modelos de penalizar el negacionismo, uno referido a la negación del Holocausto y otros modelos a partir del marco europeo del 2008 de hablar de los crímenes internacionales. “Hay que discutir los periodos de tiempos por eso hay que buscar una fórmula que no mencione la temporalidad”, sugirió.

Por su lado, Pablo Llonto periodista, escritor y abogado, sostuvo que como abogado en causas de delitos de lesa humanidad desde “hace 40 años escucho la voz de los 360 familiares de a quienes represento, todos piden una ley que castigue los discursos negacionistas y yo no estoy de acuerdo”. “Este despertar de estos discursos negacionistas ha generado otro despertar que es el despertar de quienes solicitan urgentemente ponerle freno”, aseveró.

“Los discursos negacionistas existieron siempre y tuvieron olas intensas. Esta será otra nueva ola intensa a partir de dos candidatos, dos representantes de un partido político que han tomado desde hace un tiempo ese discurso y copan escenarios de primera línea de ese ataque y esa negación”, añadió y propuso suscribir los sujetos exclusivamente a los funcionarios públicos, sacar de la esfera de punición a los particulares y pensar en el concepto de figura pública y pensar en la situación de los candidatos electivos en procesos electorales.

Para Llonto: “Ya tenemos las herramientas” como los juicios con “300 sentencias condenatorias a los genocidas uno de los logros más fuerte de nuestra sociedad”, la educación, y el trabajo militante en derechos humanos. “En Argentina le venimos ganando al negacionismo en un partido que no terminó y va a ser largo. Para ganarle fue necesario construir las herramientas y las tenemos y tienen que ser reforzadas porque no resolvemos problemas del negacionismo con el engorde del código penal, estamos en contra de que el código penal engorde frente a las presiones de los grupos de derecha y ultraderecha en la humanidad”, puntualizó.

En carácter de autora de uno de los proyectos, la diputada Litza expresó: “El negacionismo tiene que tener un tratamiento desde la política para poder lograr la modelación de las conductas sociales, salirse del punitivismo; por eso proponemos la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática”.

A su turno, el diputado Eduardo Fernández precisó: “Mi proyecto establece penalidades frente a la denegación, apología y/o reivindicación de genocidios o crímenes de lesa humanidad. Tipificar significa no dejarle lugar a la justicia, ninguna duda, de qué y a qué nos referimos”.

“Necesitamos de este tipo de herramientas, como la penalización de los discursos de odio y negacionistas, en defensa de la democracia. Necesitamos que la democracia genere sus propios resortes de defensa”, exigió la oficialista Gisela Marziotta.

La jujeña Carolina Moisés aseguró que “el daño está atravesado por altos niveles de ignorancia social en las nuevas generaciones. Los chicos de 20 años no tienen registro, ni en sus cuerpos ni en sus vidas, de lo que fue la falta de libertad y el proceso de la dictadura”.