La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley que busca eliminar la incompatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el ingreso que la persona puede percibir por un trabajo formal.

La presidenta de la comisión, Juliana Di Tullio (UC-FdT), señaló que se trata de “un proyecto muy sencillo” para “poder hacer compatibles a las pensiones graciables con el trabajo”, algo que “está vedado en la ley”.

La oficialista resaltó que esto “no implica ninguna erogación” y alcanzará a 1.220.406 personas, que actualmente perciben una pensión de “61.222 pesos, el 70% de la jubilación mínima” y “este mes reciben un bono de 37.000 pesos”.

A través de la iniciativa se incorpora el artículo 12 bis a la Ley 22.431, la Ley de Discapacidad, de modo de establecer “la compatibilidad de toda pensión no contributiva otorgada a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social con la retribución económica por el trabajo en relación de dependencia o cuenta propia”, y que esto “se aplicará con independencia del ingreso total familiar conviviente”.

La senadora Sandra Mendoza (FNyP-FdT), impulsora del proyecto, consideró que “viene a ser de mucha ayuda para todos los que tienen pensiones no contributivas por discapacidad, que cobran 62 mil pesos más un bono de 37 mil pesos. Con esa plata no alcanza para vivir”.

Para la tucumana, es clave aprobarlo “en este momento que vivimos con mucha amenaza, con mucha incertidumbre que tenemos los argentinos de ir perdiendo derechos”. “Si no está puesto por ley puede venir cualquier gobierno y sacarlo. Queremos que queden resguardados esos derechos”, resaltó.

Por la oposición, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) se manifestó a favor de “todo lo que promueva la inserción laboral formal”. “No puedo dejar de pensar en el enorme volumen de personas que están trabajando en la informalidad, sobre todo aquellos que no terminaron la escuela secundaria”, dijo y expresó que las personas con discapacidad “merecen toda nuestra atención”.

Otro de los que habló fue el senador Martín Doñate (UC-FdT), quien destacó: “Pocas veces nos toca que, en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la modificación de un pequeño artículo tenga tanto impacto en tanta gente”.

Para el rionegrino esto es “algo que estuvo demorado mucho tiempo” y, con este cambio, “se viene a generar más derechos”. “Casi 6.000 rionegrinos y rionegrinas van a poder tener la oportunidad de trabajar y tener a la par su pensión”, ponderó sobre el impacto en su provincia.

En el final, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), sostuvo que este proyecto “hace traer justicia a muchos años de lucha de muchas organizaciones”. “En Mendoza el 4% de la población tienen algún tipo de discapacidad”, detalló.

“Acá de lo que estamos hablando es de inclusión laboral, un derecho que les fue negado sistemáticamente”, lamentó la oficialista y remarcó que “por más que el Poder Ejecutivo haya tomado la decisión por decreto de sacar esta incompatibilidad, es necesario que lo transformemos en una política de Estado”.

La mendocina abogó por que “rápidamente lo podamos llevar al recinto”, al tiempo de “seguir trabajando para capacitar a las personas con discapacidad y trabajar con empresas para que puedan incluirlos”.