En las vísperas de la movilización a Plaza de Mayo, la diputada del Frente Republicano Liberal (FRL) Marina Kienast se refirió a los dichos del legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano acerca de la presencia de niños en las movilizaciones, por lo que condenó la “utilización” de los menores “como escudo humano para cortar las calles”.

“Esta misma gente que priva a menores a educarse llevándolos a marchas, es la que nos quiere hacer creer que son los máximos defensores de los derechos humanos”, manifestó la oficialista y remarcó que “un legislador, que fue elegido por los ciudadanos, no puede decir semejantes barbaridades. Por eso aplaudo las nuevas reglamentaciones, que buscan ponerle fin a la presencia de niños en las manifestaciones”.

Además, señaló que “es inaceptable el comentario de Solano, quien confiesa con total naturalidad como utilizan a los chicos como escudo humano para cortar las calles”.

En tanto, y en medio de la polémica desatada por el nuevo protocolo de seguridad pronunciado por el Gobierno nacional, Kienast aseguró que “esta iniciativa se encolumna a las propuestas presentadas por nuestro bloque en la Legislatura de la Ciudad, que consiste en un protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad cuenten con indicaciones claras a la hora de lidiar con un piquete”.

Cabe señalar que el proyecto al que hace mención contempla que se apliquen las sanciones establecidas por el código contravencional de la CABA el cual sanciona, entre otras cosas, la obstaculización a la vía pública, la vandalización de bienes, y si la manifestación deriva en el lucro de una actividad por parte de los participantes.

También se detalla que, en caso de cometer las infracciones mencionadas, las organizaciones sociales serán sancionadas con el pago de una multa por el valor de entre 100 y 300 salarios mínimo vital y móvil (SMVM); en caso de destruir físicamente bienes públicos, la multa ascenderá a valores de entre 200 a 500 SMVM. Además, si los responsables se encontrarán identificados, deberán cumplir con trabajo comunitario enfocado en la limpieza, restauración y reparación de los bienes afectados. Por último, el proyecto habilito a las fuerzas de seguridad a utilizar armas no letales en caso de ser necesario.

Asimismo, contempla que la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa, garantizando la protección de su integridad física. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.

A su vez, los operativos serán filmados y fotografiados para que la Justicia disponga de material filmográfico en caso de ser requerido y para evaluar el desempeño del personal interviniente.