El anuncio del presidente Javier Milei de desregular la economía nacional -apenas 10 días después de asumido y cuando el Congreso está en receso- puso en jaque al Poder Legislativo, donde está en franca minoría, especialmente en el Senado, y también a la Corte Suprema de Justicia, dijeron a parlamentario.com fuentes de ambos sectores.

Es que el decreto de necesidad y urgencia publicado este jueves en el Boletín Oficial pone en aprietos a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso para ejercer la defensa del mismo y del megapaquete de “leyes fundacionales de una nueva Argentina” que todavía no fue enviado. 

Según la Constitución, los DNU pueden ser dictados por el Poder Ejecutivo en “circunstancias excepcionales” en que al Congreso le fuera imposible reunirse. Y el Congreso, que por Carta Magna desarrolla sus funciones entre el 1ro. de marzo y el 30 de noviembre, está en receso. Sin embargo, tanto legisladores como jueces consultados por este medio no entienden la “excepcionalidad” del DNU, es decir la urgencia.

Milei dijo que se convocaría a sesiones extraordinarias para debatir el contenido del decreto, pero de acuerdo a los tiempos del Congreso -debe constituirse la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, adormecida durante los dos últimos años del expresidente Alberto Fernández– es difícil que pueda haber novedades al respecto hasta enero o febrero incluso.

Ahora el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene 10 días para enviar el DNU al Congreso y la bicameral tiene otros 10 días para emitir dictamen sobre la validez del decreto y enviarlo al plenario de ambas cámaras para que sea tratado.

De todos modos, el decreto ya entró en vigencia a partir de este jueves, al publicarse en el Boletín Oficial. La Constitución estipula que un DNU no puede usarse en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos.

El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Javier Herrera Bravo, consultado por parlamentario.com -antes de iniciarse la reunión de Gabinete-, sobre la viabilidad del DNU expresó: “Una acción de inconstitucionalidad, de amparo, puede presentar cualquier ciudadano y la justicia resolverá; estas cosas pasan cuando se toman medidas. Siempre hay alguien que puede estar en desacuerdo y la justicia resolverá”.

Por último, Herrera Bravo, preguntado si el DNU se ajusta a derecho, respondió a los cronistas en la Casa Rosada: “Absolutamente”.