Recordó que esa figura es la responsable de los decretos de necesidad y urgencia y quien debe presentarlos y defenderlos. Qué harán con las cautelares contra el decreto.
El procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, respaldó la emisión del decreto 70/2023 por parte del presidente Javier Milei, destacando la prerrogativa del mandatario de legislar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) en un contexto de lo que él describió como “hiperpresidencialismo”.
Barra explicó sobre el mega DNU que “si el Congreso se siente ofendido por el DNU 70/2023, puede anularlo o destituir al jefe de Gabinete (Nicolás Posse) sin necesidad de causa, entre otras prerrogativas”.
Entrevistado por Clarín, señaló que “el jefe de Gabinete es el responsable del DNU y lo debe presentar y defender. Es el responsable político del DNU. Por el artículo 101 de la Constitución, el Congreso le puede hacer una moción de censura y removerlo. No por juicio político que tiene que tener causa, sino porque no le gusta cómo está gestionando”.
“Si el Congreso se siente ofendido por la cantidad de las leyes que se modifican puede hacerlo -agregó-. Insisto, primero lo puede anular y segundo le puede dar una cachetada al presidente removiendo al jefe de Gabinete, que es el hombre del presidente para este tema. Este sistema de los DNU que ideó la Constitución con la reforma del 94 no es malo. Tiene tonalidades de parlamentarismo como lo pensaron Raúl Alfonsín y el mismo Eduardo Duhalde. Desde el punto de vista económico, la situación está peor que en 1989 y en lo social está contenida por los gremios y otros factores. Y Milei no ha tenido la posibilidad de hacer este tipo de negociación. Creo que va a haber un acuerdo, el sistema político tiende a eso… a un acuerdo con el Congreso y la CGT”.
En relación con la estrategia judicial del Gobierno ante los amparos contra el DNU, Barra explicó que “la apelación del Gobierno a las cautelares será presentada ante la Cámara del Trabajo… tenemos un plazo de diez días para hacerlo, pero lo haremos antes”.
Defendiendo la constitucionalidad del DNU, Barra sostuvo que “el DNU no evita la intervención del Congreso, sino que insta a que este actúe con celeridad. Si hay ausencia de respuesta por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo puede emitir normativas”.
