Luego que se publicara este miércoles en el Boletín Oficial un decreto por el cual el presidente Javier Milei acepta la excusación del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de intervenir en el juicio por YPF que tramita en Estados Unidos, desde la Coalición Cívica volvieron a pedir la renuncia del funcionario. 

“El procurador Barra aceptó su conflicto de intereses en la causa YPF y debe renunciar”, resaltó el diputado y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, quien consideró que “el presidente aceptó su excusación” pero “un apartamiento formal que no alcanza ni da garantías suficientes”. 

Para el porteño, “si el procurador que debe defender los intereses del Estado argentino no puede intervenir en el principal caso judicial contra nuestro país, entonces no tiene sentido que continúe en su cargo”. 

“Barra debe renunciar inmediatamente y dejar su función a quien pueda ejercerla plenamente con integridad, idoneidad y sin conflictos de intereses por sus ‘servicios prestados’ a Cristina Fernández de Kirchner y demás responsables políticos y penales de la estatización, vaciamiento y estafa de YPF”, completó Ferraro. 

Esto último fue en alusión además a la opinión técnica que Barra diera en la causa “Vialidad”, por la cual se encuentra condenada en primera instancia la exvicepresidenta, y que fue motivo de una denuncia ante la Oficina Anticorrupción presentada por la CC. 

Por su parte, el diputado Juan Manuel López señaló que “la excusación de Barra en los juicios contra YPF es un peligro si también no la hace el subprocurador. Lo solicitamos en diciembre y lo volveremos a pedir ahora”. 

“El gobierno de Milei no puede convalidar el fraude millonario de los Kirchner, Kicillof y los Eskenazi. Hoy, a cargo de los juicios en EE.UU. y España quedaría el subprocurador del Tesoro que, como reveló Carlos Pagni en enero, fue abogado de la familia Eskenazi que está asociada a las demandas del fondo Buford y ya tienen una sentencia a su favor por US$16.000 millones en Nueva York”, apuntó. 

Además, recordó que el pasado 9 de enero, cuando Barra se presentó en la Cámara baja en el marco del debate de la ley ómnibus, le pidió al procurador del Tesoro que “se constituya en querellante en la denuncia que hizo @elisacarrio y duerme en el juzgado de Ariel Lijo”. “No sólo no lo hizo, sino que Milei propuso al juez para la Corte. Demasiado sospechoso ¿Es cómplice el proceder del Gobierno?”, se preguntó. 

En su oportunidad le pedí al procurador Barra que se constituya en querellante en la denuncia que hizo @elisacarrio y duerme en el juzgado de Ariel Lijo. No solo no lo hizo sino que Milei propuso al juez para la Corte.
Demasiado sospechoso ¿Es cómplice el proceder del gobierno? pic.twitter.com/gSdDdQzkjU

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) April 3, 2024

Durante esa reunión, López sostuvo que “YPF tiene un juicio en Estados Unidos por un reclamo que hace un fondo a la Argentina y por la que el Estado Nacional está condenado provisoriamente por 16 mil millones de dólares. Hay una causa penal que denunció la exdiputada Elisa Carrió en el juzgado federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, donde la compra sin dinero por parte de la familia Eskenazi en su momento del 25% de las acciones de YPF, nosotros decimos que fue un compra fraudulenta y que además detrás de este fondo que está litigando en Estados Unidos está la misma familia que en la Argentina había comprado en una operación el 25% de ese capital accionario que después la propia Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación, y el señor Axel Kicillof, en ese entonces ministro de Economía expropiaron”. 

“Más allá de lo que tiene que ver con la participación del Estado en querellas, debería impulsar la causa del doctor Lijo la Procuración, porque detrás de ese fondo puede haber una estafa o estar enriqueciéndose un beneficiario final, que es un ciudadano argentino, que a nuestro modo de ver estafó a la compañía y al Estado Nacional y hoy nos está costando 16 mil millones de dólares”, agregó López en esa ocasión. 

En el decreto 283/24, que además de Milei lleva las firmas de Nicolás Posse -jefe de Gabinete- y Mariano Cúneo Libarona -ministro de Justicia-, se argumentó que se aceptó la excusación de Barra “ante una eventual actuación por su parte en dicho proceso podrían percibirse afectadas su independencia de criterio o su imagen pública, en razón de haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U., radicados ante el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, Reino de España”.

De esta manera, el Ejecutivo justificó que “con el fin de garantizar la mayor transparencia e imparcialidad en cada uno de los actos de gobierno, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación por las razones expuestas como fundamento de su excusación”.

La Coalición Cívica, partido referenciado en Elisa Carrió, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, contra el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y reclamó su remoción, a raíz del documento en el que opinó a favor de Cristina Kirchner sobre la causa “Vialidad” por la cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión.

En el escrito, presentado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro y la dirigente Mariana Zuvic, se argumenta sobre “la posible existencia de un conflicto de intereses insalvables que atañen a la responsabilidad institucional y actividades privadas del procurador del Tesoro”.

“La continuidad en el cargo del referido funcionario atentaría contra la transparencia institucional del Gobierno, posibilitando la eventual comisión de delitos tipificados en el Código Penal que atentan contra la Administración Pública”, señalaron.

Ferraro y Zuvic recordaron que “hace pocos días, la Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencias públicas y presenciales para definir si confirma o revoca la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua impuesta a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de ‘Vialidad’, o si decide agravar ese castigo al entender que corresponde que sea condenada no solo por fraude contra el Estado sino por asociación ilícita, como lo reclama la fiscalía”.

De acuerdo hizo público en su red social X la exvicepresidenta, “el doctor Barra habría actuado como ‘experto legal’ asesorando por cuenta propia (es decir como sujeto de derecho privado) a la señora Fernández en temas vinculados a la mentada causa”. “Es decir que el actual procurador del Tesoro de la Nación emitió una opinión sobre una causa que hoy tramita ante la Cámara de Casación”, agregaron.

En ese sentido, subrayaron que “la opinión experta fue realizada en términos favorables para los intereses de la señora Fernández y, aunque haya sido en su carácter de experto privado, existiría un conflicto de intereses claro e innegable entre dicha opinión y sus actuales funciones públicas como responsable del cuerpo de abogados del Estado argentino, ya que tiene el deber de defender al Estado en los juicios. La pérdida de credibilidad resulta irreparable”.

“El conflicto de intereses se habría configurado, en este caso, porque se representaría una confrontación entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades”, afirmaron.

En la denuncia, Ferraro y Zuvic se preguntaron: “¿Cómo esperar que el actuar de la Procuraduría del Tesoro de la Nación sea en beneficio de la sociedad si quien debe decidir ya opinó al respecto?”. “Estaríamos frente a un conflicto de intereses potencial de muy alta probabilidad de afectación al orden público y sistema de valores de la sociedad argentina”, agregaron.

En su defensa en el marco de la apelación por la condena que la justicia le aplicó por 6 años de prisión, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un dictamen que le había encargado a Rodolfo Barra antes de que éste accediera al cargo de procurador del Tesoro. Allí, el exministro de la Corte Suprema de la mayoría automática y exministro de Justicia de Carlos Menem rechazó que pudiera atribuírsele a CFK responsabilidades de fraude en la causa por los contratos otorgados al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

“¿La impunidad avanza?”, se preguntó el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien le apuntó a Rodolfo Barra señalando lo siguiente: “El actual Procurador del Tesoro del gobierno, jefe de abogados del Estado de la República Argentina, que supuestamente debería estar defendiendo los intereses del Estado Nacional, fue una especie de perito de parte y asesor en la defensa a Cristina en la causa en la que fue condenada a 6 años de prisión por desviar fondos de obra pública en perjuicio del Estado Nacional”.

“El mismo que debe defender los intereses de la Nación, con el caso YPF que involucra a su defendida por el cual debemos pagar más de 16 mil millones de dólares, bajo amenaza de embargos -agregó-. Y ni que hablar de la causa civil que debe impulsar el gobierno por 22.300 millones de pesos contra Cristina Kirchner, como un pedido de resarcimiento por los daños causados con las contratos de Vialidad Nacional con Lázaro Báez”.

Señaló a continuación que “hay cosas que nunca cambian en el doctor Barra: ser escriba al servicio de la impunidad y su defensa”, remarcó que “con impunidad, la única libertad posible es la de los corruptos que se enriquecieron a costa de 50% de pobres”, y exigió la inmediata renuncia de Rodolfo Barra.

Presente en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales el procurador del Tesoro Nacional, Rodolfo Barra, defendió la delegación de atribuciones del Congreso al presidente Javier Milei y consideró que “las facultades especiales al Ejecutivo pueden llevar a cabo las reformas de difícil ejecución”.

“Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis y actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, quien lo desarrolló, pensó y expresó en la propia Constitución”, señaló Barra, quien también, recordó el fallo Peralta de 1990 para convalidar un DNU, donde la Corte determinó en los fundamentos que “para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución estuviera vigente”.

Sin embargo, esa comparación despertó los gritos y acusaciones de los legisladores de UP, y para generar un debate más tenso, Barra afirmó que “si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente”.

Brevemente, el procurador del Tesoro expresó que “no veo por qué en ciertos casos no pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se lo dan para vencer el desorden que no es más que el hijo de aquellos”.

“Proféticamente remataba Alberdi diciendo que en muchos puntos las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio para llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución”, concluyó.

En el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para el tratamiento de la ley ómnibus, estuvo presente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien defendió la reforma del Estado y explicó el punto que trata sobre la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo.

En una primera parte, el funcionario explicó que “la ley está estructurada en 9 títulos, además de los anexos, y cada título está organizado con cada ministerio”. “En materia de emergencia pública, establece objetos y principios que siguen la técnica legislativa”, agregó.

Respecto a la delegación de facultades que se le conferirían al Poder Ejecutivo a través de esta iniciativa, Rodríguez Chirillo amplió: “Se establecen las bases de delegación y un plazo determinado, dos años, que serán uno más uno de prórroga”.

Además, sostuvo que “hace cambios leyes por leyes y modificaciones legales que hace cada proyecto de ley”, y añadió: “Una ley por otra ley o la facultad delegada, pero que respeta el plazo, el sentido en su alcance y el ser preciso en la facultad delegada”.

“Cuando hablamos de la delegación hay que entender los objetos y principios que tiene la ley porque no se trata de un cheque en blanco para el presidente de la Nación, ni se pretende cerrar el Congreso, bajo ningún punto de vista es eso”, advirtió el secretario.

Respecto a la reorganización administrativa, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, habló brevemente y señaló que “las facultades especiales al Ejecutivo pueden llevar a cabo las reformas de difícil ejecución”.

“La ley de reforma del Estado toca un punto de derecho administrativo porque el Estado es deudor de todos sus contratistas y hay que empezar a ordenar cómo paga”, enfatizó Barra, y cerró: “Dentro de estas regulaciones se toca una ley central que es la ley de procedimientos administrativos, pero debe proteger al administrado”.

Luego, el secretario de Energía contestó algunas inquietudes y amplificó que “las reformas estructurales son necesarias para recuperar el país porque estamos acá para que este instrumento salga desde el Congreso”. Respecto a la delegación, indicó que “hay una delegación determinada y será con carácter restrictivo”. “No queremos cerrar el Congreso”, remarcó.

YPF y las privatizaciones

Al responder las cuestiones sobre privatizaciones de empresas estatales, Rodríguez Chirillo afirmó que “las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar porque están desordenadas y debemos ordenarlas”.

Del mismo modo, Rodolfo Barra se refirió a la situación de YPF y explicó que “para vender hay que solucionar el planteo con un pleito que no está terminado”. Asimismo, aclaró que el proyecto propone “la declaración sujeta a privatización como una posibilidad, no como una orden o una obligación”.

“El derecho es un sistema y tiene un costo, que algunos que debemos soportar, pero si se quiere hacer un cambio integral, hay que tocar todos los aspectos y hay que actuar ahora”, enfatizó el procurador del Tesoro.

Cuestionamientos al proyecto de la oposición

En primera instancia, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Hacemos Coalición Federal) señaló que “ya que está el Procurador, pueda desarrollarnos este nuevo concepto que ha incorporado de urgencia política para solicitar la eliminación de facultades o emergencias, ya que remite de una gravedad y peligrosidad en términos de la norma”.

“Me gustaría que el procurador general me pueda explicar, no solamente a mí, sino a todos, cuáles son esos conceptos que esgrime en términos de urgencia política y cuáles son los problemas de celeridad que le preocupan a la hora de la sanción y formación de las leyes”, enfatizó Ferraro.

El diputado nacional Itaí Hagman (UP) criticó que “ningún título de la ley se llama ‘reforma del Estado’”, y cuestionó las medidas económicas del presidente Javier Milei: “Hicieron la devaluación más grande de la Argentina combinada con una licuación con los ahorros de la clase media y las pymes”.

Por otro lado, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba) se refirió a la situación de las empresas nacionales que no se encuentran en déficit operativo.

Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) señaló que la discusión “no debe ser para un Estado ausente, sino para tener un Estado más dinámico y que ponga equilibrio en relaciones sociales donde no está”. “es un proyecto que deshumaniza”, aseveró.

“Poco y nada tiene que ver la privatización de los clubes de futbol o que los jueces usen toga y martillo con las necesidades de la gente”, remarcó. Asimismo, afirmó que “nunca me va a encontrar en el discurso de la anti política”.

También, la diputada nacional Carla Carrizo (UCR) solicitó la continuación del debate de la reforma del debate para la reunión del miércoles. “Vamos a garantizar gobernabilidad con control como dijo nuestro presidente de bloque”.

Además, criticó a los legisladores de Unión por la Patria por “no haber trabajado durante las sesiones extraordinarias” durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

Finalmente, Rodríguez Chirillo remarcó que las preguntas serán respondidas por escrito. En relación a las reformas estructurales, sugirió “ver el índice del proyecto de ley donde hay un montón de capítulos para ordenar las funciones del Estado en los distintos sectores de la sociedad”.

“Cuando hay situaciones de descalabro económico, la Corte Suprema considera que se puede catalogar como de ‘necesidad y urgencia’”, respondió el secretario, respecto a los cuestionamientos de los diputados presentes.

Ante el pedido incesante de la diputada nacional Agustina Propato (UP) –a quien le cortaron el micrófono mientras hacía uso de la palabra- sobre las centrales nucleoeléctricas, el secretario anunció que será contestado en la reunión del miércoles.

En el final, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT) cuestionó la reforma de la Ley Micaela, la eliminación del cupo femenino. “Atacan a los derechos por los que hemos luchado mucho en las calles”, siguió.

“Estos superpoderes que piden no son para hacer el bien, son para manejarse con una arbitrariedad absoluta”, aseveró Bregman. Asimismo, se dirigió a Mauricio Macri: “Así como tiene listo el negocio para privatizar los clubes, está con cuchillo y tenedor para que aprueben el DNU con lo del traspaso de la Justicia”.

A partir de las 14, arranca finalmente el debate del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Será en un plenario de comisiones que tendrá como cabecera a la de Legislación General, encabezada por Gabriel Bornoroni; Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz).

La reunión de este martes está prevista que se extienda no más allá de las 20, y como la del miércoles, será informativa.

Por la trascendencia del evento, estará presente y también hablará en la apertura el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tal cual informó temprano parlamentario.com, entre las 14 y las 17 se presentará el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre Reforma del Estado. De 17 a 20, será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La novedad se conoció pasado el mediodía, al informarse que también se presentará este martes el procurador del Tesoro Rodolfo Barra.

Para este miércoles, y posiblemente el jueves también quedarán los restantes funcionarios que concurrirán al Congreso: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Interior, Guillermo Francos; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello.

No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley ómnibus.

En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).

El procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, respaldó la emisión del decreto 70/2023 por parte del presidente Javier Milei, destacando la prerrogativa del mandatario de legislar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) en un contexto de lo que él describió como “hiperpresidencialismo”.

Barra explicó sobre el mega DNU que “si el Congreso se siente ofendido por el DNU 70/2023, puede anularlo o destituir al jefe de Gabinete (Nicolás Posse) sin necesidad de causa, entre otras prerrogativas”.

Entrevistado por Clarín, señaló que “el jefe de Gabinete es el responsable del DNU y lo debe presentar y defender. Es el responsable político del DNU. Por el artículo 101 de la Constitución, el Congreso le puede hacer una moción de censura y removerlo. No por juicio político que tiene que tener causa, sino porque no le gusta cómo está gestionando”.

“Si el Congreso se siente ofendido por la cantidad de las leyes que se modifican puede hacerlo -agregó-. Insisto, primero lo puede anular y segundo le puede dar una cachetada al presidente removiendo al jefe de Gabinete, que es el hombre del presidente para este tema. Este sistema de los DNU que ideó la Constitución con la reforma del 94 no es malo. Tiene tonalidades de parlamentarismo como lo pensaron Raúl Alfonsín y el mismo Eduardo Duhalde. Desde el punto de vista económico, la situación está peor que en 1989 y en lo social está contenida por los gremios y otros factores. Y Milei no ha tenido la posibilidad de hacer este tipo de negociación. Creo que va a haber un acuerdo, el sistema político tiende a eso… a un acuerdo con el Congreso y la CGT”.

En relación con la estrategia judicial del Gobierno ante los amparos contra el DNU, Barra explicó que “la apelación del Gobierno a las cautelares será presentada ante la Cámara del Trabajo… tenemos un plazo de diez días para hacerlo, pero lo haremos antes”.

Defendiendo la constitucionalidad del DNU, Barra sostuvo que “el DNU no evita la intervención del Congreso, sino que insta a que este actúe con celeridad. Si hay ausencia de respuesta por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo puede emitir normativas”.

El Boletín Oficial publicó este miércoles los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinetes, Nicolás Posse, donde se designa a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro de la Nación.

Cabe destacar, que en otro DNU fue modificado el requisito de la edad para ser procurador del tesoro de la Nación que estaba entre los 30 y 70 años, ya que Barra tiene 75.

Del mismo modo, Silvestre Sívori fue designado como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la cual será intervenida desde el Poder Ejectuivo por el plazo de dos años o “hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la intervención”.

También, Martín Rodriguez Giesso fue designado como escribano general de la Nación y Sergio Gabriel Iacovino fue ratificado como subsecretario de Asuntos Legales, la cual pertenece a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. María Victoria Marcó quedó en el cargo de subsecretaria técnica.

Por otro lado, fueron oficializados los aumentos en el Impuesto PAIS (Por una Argentina Inclusiva y Solidaria) del 7% al 17,5% y fue publicada la resolución que agrega aclaraciones respecto al Impuesto a las Ganancias y las compras con tarjeta de débito y crédito.

El experto abogado en ciencias jurídicas Rodolfo Barra, conocido por haber sido, entre otros cargos, ministro de Justicia del expresidente Carlos Menem y luego integrante de la Corte Suprema de Justicia, asumirá como procurador del Tesoro de la Nación del presidente Javier Milei. 

“No importa que tenga 75 años y esté excedido en cinco para asumir ese cargo, de acuerdo a la ley. Se la modificará”, aseguraron a Parlamentario fuentes de La Libertad Avanza (LLA).

Es que Barra le aportará al Gobierno de Milei nada menos que el armazón jurídico de las privatizaciones que planea hacer LLA y que ineludiblemente deben pasar el filtro del Congreso, donde el nuevo espacio oficialista no tiene los votos necesarios, especialmente en el Senado, con claro predominio peronista.

Barra -y Roberto Dromi– lo hicieron ya durante la era Menem, en cuyo período se privatizaron la mayoría de las empresas públicas, especialmente de energía, telecomunicaciones, transporte y construcción. 

Los portavoces consultados por este medio dijeron: “Sólo habrá dos excepciones a la ley, la de Barra, y la de Karina Milei, quien actualmente por ser hermana del presidente no podría asumir la Secretaría General de la Presidencia. Pero eso se corregirá exclusivamente para ella, pero para nadie más”, aclararon.

En cuanto al caso de Barra, se considera “fundamental” su ingreso a la Procuración del Tesoro de la Nación, porque se trata de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional y organismos dependientes en temas clave.

Según la Ley 18.777, que regla ese cargo, la persona designada debe tener una edad no menor a los 30, ni mayor a los 70 años. El artículo 2 precisa: “El Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”. 

Al conocerse la designación de Barra, se lo cuestionó por su pasado filonazi, pero él señaló que lo que se le reprocha sucedió durante un tiempo breve de su juventud.

El exministro de Justicia y exmiembro de la Corte Suprema Rodolfo Barra fue designado como nuevo procurador del Tesoro de la Nación, lo cual despertó fuertes críticas de parte de quienes recordaron su juventud cercana al nazismo, como así también haber formado parte de la “mayoría automática” de Carlos Menem.

Este sábado el diputado Maximiliano Ferraro fustigó a duramente al designado funcionario, a quien definió como “la remake de un fariseo y escriba ilustrado al servicio del poder”.

“Más allá del ‘arrepentimiento’ de su ‘pecado juvenil’, nos preguntamos si también se habrá arrepentido de:

✔️integrar la ignominiosa mayoría automática de la Corte menemista de los 90. (Muchos de sus miembros fueron destituidos por juicio político).

✔️ser mentor de la Ley Mordaza, un proyecto que buscaba callar al periodismo con el aumento de las penas por calumnias e injurias.

✔️intentar prohibir la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.

✔️su labor y accionar en la Convención Constituyente del 94 donde se opuso a la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos, intentó limitar el derecho a la libertad de expresión  y quiso restringir los derechos de usuarios y consumidores.

✔️ el estancamiento de las causas AMIA y Embajada cuando era Ministro de Justicia.

✔️diseñar junto a Jorge Rodríguez, ex Jefe de Gabinete, toda la estrategia y artilugios legales para que los aeropuertos sean privatizados por decreto y sin Ley del Congreso, violando las resoluciones de 1ª y 2ª instancia judicial. El caso llegó a la Corte y la mayoría automática actuó en consecuencia.

✔️ser coautor del ‘dictamen paralelo’ que habilitó autorizar un fraudulento pago millonario ordenado por María Julia Alsogaray para la empresa Meller que imprimía las guías telefónicas. La empresa reclamaba tardíamente una rendición de cuentas a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –en liquidación– a resultas de la cual la liquidadora Alsogaray dictó la resolución 146/96, que le reconoció un crédito por $ 28.942.839 (la cifra habría ascendido en 2003 a $ 400 millones en bonos post devaluación más intereses) en concepto de publicidad publicada en las guías telefónicas de los años 1988, 1989 y 1990”.

El presidente de la Coalición Cívica sostuvo que “ese crédito era inexistente, porque había sido cancelado y renunciado por la misma empresa. La Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo terminantemente que la resolución que autorizaba el pago era nula de nulidad absoluta e insanable y debía ser revocada”.

“El escándalo derivado de esta defraudación al Estado Nacional convalidada por la Corte menemista de “mayoría automática” derivó en la destitución de los jueces Boggiano y O’Connor, la renuncia de Vázquez y Nazareno, y condenas por corrupción para los funcionarios implicados en negociaciones incompatibles con la función pública”, agregó Ferraro, que cerró apuntando que “toda la trama y robusta investigación pueden leerse en en la OD N° 1755/2004 de la HCDN”.