En la segunda jornada del plenario, la ministra de Seguridad Bullrich explicó tres puntos de seguridad con relación a la ley ómnibus.
En la segunda jornada del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, estuvo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para aportar lineamientos sobre la ley ómnibus.
Ante las ironías de fondo de los diputados de Unión por la Patria, la ministra afirmó que “necesitamos tener a las fuerzas con la certeza de que el Estado no es su enemigo”. Asimismo, explicó tres temas dentro del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.
La ministra de Seguridad planteó que todas las medidas de seguridad establecidas en el proyecto de ley del presidente Javier Milei “son de las urgencias que el país necesita para salir de la crisis económica en la que está”. “Cualquier error que pueda surgir en las decisiones de cambios pueden generar una situación de incertidumbre”, anticipó.
En primera instancia, se refirió a que “ha habido una mala interpretación del artículo 331 sobre permiso de reunión de más de 3 personas”, y anunció que será eliminado de la iniciativa en tratamiento. “Al haber confusión, lo retiramos”, afirmó.
Después, señaló: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legítima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos”, y agregó: “Planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos porque nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos”, explicó Bullrich.
Uno de los temas que la funcionaria señaló de “gravedad” fue la protesta social: “Para tener un país con inversiones, debemos tener un país con orden y esta es una situación imposible de convivencia social que ha generado más problemas”.
“Estamos planteando que a partir de ahora haya mayores penas si usan armas como morteros, palos y cañas porque hemos tenido casos donde hubo miembros de las fuerzas de seguridad heridos”, anunció Bullrich.
Así las cosas, profundizó que “no se trata de un modelo autónomo, sino que se organizan a partir del uso de recursos del Estado que tiene como contrapartida la participación en la manifestación y hay organizadores, un sentido y un objetivo de cortes, y lo hacen con una capacidad de presión sobre los concurrentes, el quite del beneficio social”.
En tal sentido, agregó que “esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de la persona porque la gente debe darle dinero a los organizadores”. “La pena del organizador es de 3 a 6 años de prisión”, aseveró.
En el final del primer punto, relató que “de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que le dé o quite beneficios a las personas porque ese dinero es de los contribuyentes”, y concluyó: “Hay más de 25.000 denuncias, donde una cuenta que una familia que cobraba 108.000 pesos, solo recibía 20.000”.
El segundo punto que la ministra desarrolló fue respecto a la legítima defensa: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legitima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos y planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos”.
“Nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos con el uso solo para impedir muertes o ataques hacia terceros”, remarcó, y advirtió que “el policía no puede verificar al instante si el delincuente tiene un arma de verdad o no”.
Asimismo, explicó que “sacamos el concepto del ataque por la noche porque hay infinidad de casos, en donde vemos al robo en moto, que al huir de la escena del crimen disparan hacia atrás”. “Cuando el motochorro se va tirando para atrás, el policía aplica la legitima defensa”, explicó.
“Queremos darle la seguridad que no van a ser juzgados, ni pasar de agentes del orden a víctimas porque si no actuamos con firmeza nos va a pasar como Ecuador y estamos hablando con los gobiernos (provinciales) para ir contra los núcleos del narcotráfico”, enfatizó.
Finalmente, el tercer punto fue la modificación para que “el delincuente no pueda ser querellante en el hecho”, y amplió: “Una persona que sale a robar, es decir viola la ley, después no puede exigir un resarcimiento”.
También, propuso “aumentar las penas a quienes golpean a policías (3 años y 6 meses)”. Sobre todo, cuando sean más de tres personas, con armas o un funcionario público que esgrima poder”.
