En el marco del debate de la ley ómnibus, el presidente de la Coalición Cívica reflotó una vieja prédica de ese espacio contra un régimen especial.
El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Maximiliano Ferraro cargó duramente este martes contra el ministro de Economía. “El señor Toto Caputo entrega a los jubilados para hacer el ajuste y licúa fuertemente sus haberes, pero no toca el régimen fiscal de privilegios y corporativo de Tierra del Fuego, cuyo beneficiario directo es su familiar ‘Nicky’”, lanzó el presidente de la Coalición Cívica a través de sus redes sociales.
Ferraro fue más lejos, al señalar que “hoy, una de las peores emergencias que atravesamos, es el padecimiento de nuestros jubilados”.
De esta manera, el legislador de la CC reflotó un tema que ya hace un tiempo ameritó iniciativas desde ese partido para ponerle fin al régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego.
El mensaje de Ferraro tuvo luego el respaldo de la líder de ese espacio, Elisa Carrió, quien replicó el tuit en sus redes.
El 18 de enero pasado, desde la Coalición Cívica – ARI plantearon limitar los beneficios fiscales del régimen de Tierra del Fuego y bajar aranceles a importaciones de notebooks y celulares, dentro de la discusión de modificación de artículos de la ley ómnibus.
La idea del espacio comandado por Juan Manuel López propone dos capítulos: Limitación de los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego; y la eliminación de los aranceles a la importación de notebooks y celulares.
Para el primero, explicaron que “el régimen de Tierra del Fuego es el de promoción más costoso de nuestro país, generando pérdidas al Estado Nacional de más de mil millones de dólares cada año”. “A pesar de haber transcurrido más de 50 años desde su creación, continúa vigente y durante el 2024 implicará una pérdida de recaudación del 0,33% del PBI”, criticaron.
“El proyecto que presentamos desde la Coalición Cívica prevé la eliminación total de este beneficio, de modo que las empresas de Tierra del Fuego no puedan quedarse con el IVA que cobran a sus consumidores en nombre del Estado. Si el gobierno acepta la propuesta, podría obtener un ahorro fiscal para 2024 de $412 mil millones (0,12% del PBI)”, consideraron.
