Sin necesidad de contar con el quórum se reanudó este martes a las 14.29 la sesión de la Cámara de Diputados en la que se avanzará finalmente con el tratamiento en particular del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Sucede durante otra jornada intensa en la Cámara baja, que tuvo como dato saliente la visita fugaz matutina del ministro del Interior, Guillermo Francos, a la Cámara baja, donde mantuvo un encuentro con el presidente Martín Menem, y también los jefes de bloques, con la intención de hablar sobre los artículos donde persisten diferencias entre oficialismo y oposición.

Tan activos estuvieron los legisladores durante toda la jornada que las bancadas dialoguistas mantuvieron un zoom con los gobernadores a fin de diagramar la estrategia a desplegar en la sesión de este martes.

Esta es la cuarta jornada de esta sesión que comenzó el miércoles de la semana pasada, y que tuvo el viernes la votación en general, que arrojó como resultado la aprobación del dictamen de mayoría por 144 votos a favor y 109 en contra. Para la primera parte de esta jornada se esperan algunas cuestiones de privilegio, aunque esta vez, según pudo saber parlamentario.com, en el bloque Unión por la Patria ahora tendrían la intención de apurar el trámite, de modo tal de llegar a la votación en particular rápidamente. “Cuanto más tiempo tienen, más negocian”, reconoció una fuente del bloque que conduce Germán Martínez.

Se llega a esta instancia ya con más de 30 horas de debate durante la semana pasada, y sin acuerdos en muchos de los temas más ríspidos entre oficialismo y oposición, lo que deja un final abierto para esa votaciones.

Arranca el debate con uno de los temas más ríspidos del proyecto: las emergencias y las facultades delegadas. Originalmente eran 11 las emergencias pedidas por el Gobierno: económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.

De esa cantidad quedan 6: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. No se descarta que a instancias de la oposición también se elimine de esta lista la emergencia de seguridad.

El plazo para las emergencias estaba fijado originalmente hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años. En la negociación se fijó un año para la emergencia, prorrogable por otro, con autorización del Congreso.

Uno de los temas que se espera despierte controversias es la insistencia de los gobernadores en contar con la coparticipación del impuesto PAIS. Recordemos que de ese gravamen, el 70% va a Nación, a repartirse entre la ANSeS y el PAMI, y el 30% lo manejan las organizaciones sociales a través el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los gobernadores piden que ese porcentaje sea para ellos, compensando la pérdida que han sufrido con el impuesto a las Ganancias que era coparticipable. El Gobierno ya anticipó su rechazo, argumentando que se trata de un gravamen a ser eliminado próximamente, y que, si antes se coparticipa, después será muy difícil quitarlo.

Como sea, si la oposición consigue aprobar una norma en ese sentido, el ministro del Interior ya anticipó que el presidente vetará ese artículo.

Otro tema que despierta interrogantes es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, donde los gobernadores piden una compensación para armonizar las deudas que hay entre las ANSeS y las Cajas de Jubilaciones locales.

Puntualmente sobre ese punto, parlamentario.com pudo saber que los radicales defienden la existencia del FGS, y están a favor del Capítulo IX del proyecto, denominado Consolidación de Deuda del Sector Público Nacional, pero hay que tener presente que ya se eliminó de lo que llega este martes a la sesión la posibilidad de que el ministro de Economía venda los activos del FGS. La oposición dialoguista reivindica haber alcanzado ese “logro”.

Otra cosa en la que coinciden en el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal es que hubo cosas del paquete fiscal que se eliminaron que debieron haber permanecido en la norma, como el blanqueo y la moratoria, que hubieran votado sin mayor discusión. Este lunes el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó que con la eliminación del paquete fiscal, el Gobierno también postergó a los jubilados y sus ingresos. Y advirtió que “la Coalición Cívica no va a ceder a que el ajuste caiga sobre ellos, vamos a defenderlos”, con lo que anticipó que este martes pedirán en la discusión particular de la ley que se reconsidere la inclusión de una nueva propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria mensual por inflación y que se recompongan sus haberes.

“Confiamos en que habrá voluntad mayoritaria para evitar esta injusticia”, expresó el presidente de la CC.

En cuanto a las privatizaciones, buena parte de esa oposición dialoguista está conforme con la nueva redacción, que permite votar en 4 artículos y 4 anexos las empresas sujetas a privatización. Pero los radicales exigen algunos cambios en los artículos que hablan de transparencia y se empodera a la Comisión Bicameral.

Según pudo saberse, hay libertad de acción en este tema, pero fuentes radicales aclararon que ese bloque no sería obstáculo para que estos artículos prosperen en el recinto.

Los incidentes que rodearon el debate en el Congreso y lo que muchos diputados consideran como un accionar de las fuerzas de seguridad “desmedido” enrarecieron el clima de las negociaciones por los artículos del capítulo de seguridad. En el radicalismo hay particular recelo en esta cuestión, al punto tal que, según trascendió, solo unos ocho diputados estarían dispuestos a apoyar lo que pide la ministra Patricia Bullrich. Hay particularmente mucha resistencia a la suba de penas -que mayoritariamente consideran “desproporcionadas” respecto a la organización y participación de y en las movilizaciones. Y también respecto de los artículos referidos a la legítima defensa y la resistencia a la autoridad. La UCR podría ser clave para que Bullrich se quede sin estos instrumentos.