En medio de la ola de despidos masivos, la diputada nacional Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia pública en materia laboral, en el ámbito de la administración pública nacional, hasta el 31 de diciembre de 2025, en todo el territorio nacional, en virtud de la vigencia del principio protectorio de la estabilidad consagrado en el artículo 14 bis y en el principio de progresividad del Artículo 75 inc. 19, ambos de la Constitución Nacional.

Además, propone que se prohíba durante el plazo de vigencia mencionado anteriormente los despidos o suspensiones de trabajadores y trabajadoras que efectivamente desarrollen sus tareas en el ámbito público, sin importar la modalidad contractual, ni la fecha de ingreso al empleo.

“Déjese sin efecto el cese o suspensión del personal alcanzado dentro régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado (artículo 9 de la Ley 25.164 Marco de Regulación del Empleo Público Nacional), con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2023, y dispóngase su continuidad laboral”, establece en su artículo tercero y suma en el cuarto: “En los supuestos de la supresión de cargos y/o funciones en el marco de una reorganización administrativa, dispuesta a partir del 10 de diciembre de 2023, la autoridad competente deberá garantizar, en función del principio protectorio, la reubicación de los trabajadores y trabajadoras en la planta de la Administración Pública Nacional”.

En el proyecto establece que la Secretaria de Transformación del Estado y Función Pública, o la que en su futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente ley y “deberá garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras alcanzados/as por la misma”.

También plantea que el jefe de Gabinete de Nación producirá un informe mensual al Congreso de la Nación dando cuenta de los avances en el cumplimiento de la ley.