La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (Pro), retomó el análisis de los proyectos que proponen la conformación de una Comisión Especial Investigadora sobre la comercialización y uso de fentanilo contaminado en instituciones sanitarias.

Durante la reunión hubo fuertes críticas a la postura del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que sigue sin convocar a su comisión para poder avanzar con el dictamen. Esto viene sucediendo desde la semana pasada, siendo la excusa que Mayoraz es miembro de la Convención Constituyente en Santa Fe, y esas tareas lo obligan a permanecer allí. Pero todos dejaron claro que es la excusa del oficialismo para evitar avanzar con la comisión.

De hecho, la propia Lospennato reconoció que su comisión debería ser la cabecera y no Asuntos Constitucionales, como se le asignó desde la Presidencia de la Cámara.

“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar”, explicó Lospennato al inicio del encuentro. “Le hemos enviado tres notas al diputado Mayoraz”, señaló la diputada del Pro para ratificar de quién era la responsabilidad de no poder dictaminar. “No quiero hacerme cargo de algo que no tengo que hacerme cargo”, aclaró.

La comisión ya había recibido a familiares de las víctimas, quienes respaldaron la iniciativa mediante una carta en la que reclamaron “compromiso y acción inmediata” ante la gravedad del caso.

Como sea, todos coincidieron en que tendrán que terminar emplazando a Asuntos Constitucionales para poder dictaminar.

Se debatió mucho sobre los proyectos para crear la comisión investigadora. Y como todo indica que habría dos textos, Lospennato calculó que no habría mayor trabajo en consensuar un solo proyecto, ya que las diferencias no eran insalvables.

Sobre la comisión investigadora que se crearía, Juan Manuel López (CC) dijo que le parecía mucho para una comisión investigadora 31 miembros. Pero luego de la experiencia de la Comisión de Juicio Político, que trabajó todo 2023 con el juicio a la Corte Suprema, revirtió su pensamiento, concluyendo que se puede trabajar muy bien con esa cantidad de legisladores.

Durante el debate, el diputado Fabio Quetglas (UCR) recordó que el tema salió a la luz gracias a una investigación periodística que reveló “una verdadera tragedia humana con responsables”. “El número de víctimas no está determinado con exactitud, pero es agraviante”, advirtió.

Por su parte, María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja, destacó la importancia de que las víctimas tengan representación en el tratamiento legislativo de estos temas. “Podemos ser un puente con las familias, que muchas veces quieren impulsar proyectos para evitar que estas situaciones se repitan”, señaló.

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo expresó que “todos queremos investigar algo de enorme gravedad” y subrayó el interés de los familiares en que se llegue “hasta el final” en la búsqueda de responsabilidades.

Victoria Tolosa Paz (UP) remarcó que, ante la diversidad de proyectos presentados, se trabajó en una síntesis para dar una respuesta concreta. “El 8 de abril se aplicó la primera ampolla en el Hospital Italiano de La Plata. El 13 de mayo ANMAT denunció el contenido adulterado. Ya pasaron meses. Necesitamos avanzar”, reclamó.

También se pronunció Silvana Giudici (Pro), autora de otro proyecto, quien detalló los delitos que podrían imputarse a los 17 acusados: producción, distribución y comercialización de medicamentos adulterados; tráfico de estupefacientes; y falsificación de pruebas. “El mayor aporte que podemos hacer es generar una comisión que dé respuestas a los familiares sin entorpecer la causa penal”, concluyó.