Fue durante una reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. La senadora Vigo, autora de uno de los proyectos, afirmó que se trata de “una apuesta estratégica para la Argentina de los próximos años”.
Durante una reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por el catamarqueño Flavio Fama (UCR), se inició este miércoles el debate de dos proyectos que proponen modificar la Ley de Biocombustibles.
El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero (LLA) propuso convocar a especialistas, autoridades y entidades vinculadas al sector. En tanto, Alejandra Vigo (PU), autora de una de las iniciativas, enfatizó la necesidad de "profundizar la promoción de inversiones, facilitar la exportación de biocombustibles y establecer una metodología de fijación de precios mediante licitaciones periódicas", poniendo como ejes centrales la sustentabilidad ambiental y el estímulo a la inversión.
El texto impulsado por la cordobesa fija un cronograma progresivo de incremento en las mezclas obligatorias con combustibles fósiles: en el caso del gasoil, para que el porcentaje de biodiesel pase del actual 7,5% hasta alcanzar el 15% dentro de los próximos tres años, mientras que el corte mínimo de bioetanol para naftas se eleve del 12% hasta alcanzar 15% en un horizonte de dos años. Para la región patagónica se establece un corte diferencial del 10%, sujeto a revisión por parte de la autoridad de aplicación.
El proyecto mantiene la obligación de que las mezclas sean de origen nacional, promoviendo la producción local y asegurando previsibilidad a las industrias de biocombustibles, pero contempla la apertura a importaciones transcurridos 18 años de vigencia de la ley. Entre otros aspectos, la norma actualiza las facultades de la autoridad de aplicación en términos de fiscalizaciones de calidad y seguridad. Asimismo, se introducen requisitos de evaluación ambiental y análisis de ciclo de vida, con indicadores de eficiencia energética y reducción de emisiones, a tono con estándares medioambientales internacionales.
Al defender la iniciativa, Vigo explicó que el objetivo es “promover y facilitar las exportaciones de biocombustibles y, al mismo tiempo, establecer metodologías claras para la fijación de precios. Ese es un aspecto clave que hoy está en una nebulosa. El proyecto plantea que los valores se definan a través de licitaciones únicas, transparentes y públicas, y ya no por decisión del Poder Ejecutivo”.
La senadora agregó que la propuesta amplía la definición legal de biocombustibles, al incorporar nuevas materias primas de origen agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y de desechos orgánicos. “Con esto no solo modernizamos la ley –dijo-, sino que reconocemos y acompañamos el trabajo de los productores argentinos”.
En ese sentido, destacó la incorporación de nuevos productos energéticos como biogás, biometano, biojet y HVO/green diésel, así como la promoción de tecnologías innovadoras. Al respecto, puntualizó que “impulsamos el ingreso de vehículos flexfuel, kits de conversión y surtidores flex, lo que permitirá ampliar las posibilidades de uso de biocombustibles en el parque automotor argentino”.
Vigo remarcó, también, que se trata de una industria que “ya realizó y seguirá realizando fuertes inversiones privadas, con un enorme potencial de crecimiento; que genera miles de puestos de trabajo especializados y no especializados y que ofrece oportunidades concretas para el arraigo en cada región productiva”.
El proyecto involucra actualmente a 10 provincias del país, convirtiéndose en una verdadera iniciativa de desarrollo federal, con impacto directo en las economías regionales. “Desde los productores de maíz y caña de azúcar hasta las plantas industriales distribuidas en distintas jurisdicciones, este es un esquema que agrega valor en origen y fortalece la cadena productiva nacional”, destacó.
En esa línea, la legisladora subrayó que impulsar los biocombustibles “significa apostar a la sostenibilidad ambiental, reduciendo gases de efecto invernadero, cuidando la salud pública y acompañando la transición energética”. Y agregó: “Estamos hablando de industrializar y aprovechar todos los recursos disponibles del país para generar energía más limpia, empleo y desarrollo productivo”.
Finalmente, Vigo agradeció el aporte de las cámaras y de los sectores productivos que participaron en la elaboración del texto: “Este no es solo un proyecto técnico, es una apuesta estratégica para la Argentina de los próximos años, que ordena el mercado, da previsibilidad a la industria e impulsa un desarrollo sostenible”.
En el cierre, la comisión pasó a un cuarto intermedio, con el fin de recibir la opinión de más actores involucrados y avanzar en consensos que permitan alcanzar un dictamen.
Avanza la unificación de un proyecto sobre cierre de minas
Más temprano, también en el Salón Azul, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en plenario con Ambiente y Desarrollo Sustentable analizaron tres proyectos de ley sobre cierre de minas, con miras a unificarlos.
La senadora Lucía Corpacci (UP) destacó que "el cierre de minas es una deuda pendiente de las provincias, ya que los primeros grandes proyectos de explotación minera no contemplaban su impacto ambiental". Valoró además "poder trabajar desde el Senado en esta temática, respetando la autonomía provincial y buscando incorporar esta regulación al Código Minero".
En la misma línea, el senador Fama resaltó "la vocación de unificar criterios porque a todos nos mueven dos cuestiones: garantizar herramientas ambientales y dar señales claras a los inversores".