El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó el pedido de la comisión legislativa que investiga el caso $LIBRA para obligar a declarar a cuatro funcionarios que se ausentaron reiteradamente. Consideró que el Congreso no puede ampliar sus facultades por vía reglamentaria y advirtió sobre posibles violaciones a garantías constitucionales.
En su primera resolución relevante desde que asumió la causa judicial vinculada al caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este martes el planteo de la comisión legislativa que solicitaba la comparecencia forzada de cuatro funcionarios públicos ante el Congreso. El magistrado calificó el pedido como “improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas.
Martínez de Giorgi argumentó que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria extienda sus atribuciones mediante normas internas, sin respaldo legal. Esta decisión favorece directamente a Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paulo Starc (Unidad de Información Financiera), María Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia) y Roberto Emilio Silva (Comisión Nacional de Valores), quienes no asistieron a las citaciones legislativas.
La resolución de 24 páginas, que fue revelada por La Nación, también representa un alivio para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ausentó en dos oportunidades ante la misma comisión.
El juez asumió la causa junto al fiscal Eduardo Taiano, luego de que la jueza María Servini declinara su competencia en favor de Martínez de Giorgi, tras un breve conflicto jurisdiccional con Sandra Arroyo Salgado.
Más allá de declarar su falta de competencia, el magistrado dejó sentada su postura sobre el fondo del asunto: advirtió que obligar a funcionarios a declarar podría vulnerar el principio de no autoincriminación y constituir una intromisión en facultades exclusivas del Poder Judicial, lo que atentaría contra los principios de legalidad y juez natural.
El tema será central en la reunión prevista para este martes a partir de las 16 de la comisión presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se abocará a definir los próximos pasos a seguir, que podrían incluir una apelación ante la Cámara Federal y la elaboración de un informe parlamentario.