El diputado Juan Brügge presentó un proyecto para que la Cámara baja presente un acción de inconstitucionalidad ante las decisiones presidenciales que “vulneran la soberanía del Congreso”.
El diputado nacional Juan Brügge (EF) presentó un proyecto de resolución que propone que la Cámara de Diputados promueva una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en rechazo a los tres decretos por los cuales el Poder Ejecutivo promulgó las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación por no tener establecidas fuentes de financiamiento.
El cordobés aseguró que los decretos presidenciales (681/2025, 759/2025 y 760/2025) “atentan contra la soberanía popular expresada en el Parlamento” y “condicionan la entrada en vigencia de las leyes”.
En ese sentido, apuntó que las normas fueron aprobadas por amplias mayorías y “no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”. En los fundamentos del proyecto, el legislador calificó la situación como de “gravedad institucional inusitada”, al considerar que el Ejecutivo “se arrogó facultades que la Constitución no le reconoce”.
“El Gobierno pretende invocar una ley presupuestaria -la 24.629- para no cumplir otras leyes votadas por el Congreso. Eso viola el principio republicano de división de poderes consagrado en el artículo 1° de la Constitución”, argumentó el referente de Democracia Cristiana.
El texto instruye al presidente de la Cámara -o a los vicepresidentes del cuerpo y jefes de bloque, en su defecto- a iniciar la acción judicial dentro de los siete días de aprobada la resolución. Además, autoriza la contratación de asistencia legal para la redacción y presentación de la demanda.
Brügge advirtió que el incumplimiento de las tres leyes afecta a sectores particularmente vulnerables, como las personas con discapacidad, los niños y niñas en edad pediátrica y los docentes y estudiantes del sistema universitario público.
“La vida, la salud y la educación no pueden quedar subordinadas a fórmulas matemáticas o criterios economicistas que desconocen la realidad social”, sostuvo. Además, citó doctrina constitucional y fallos recientes de la Corte Suprema para respaldar su posición, recordando que el máximo tribunal ha reiterado que “ninguno de los poderes del Estado puede actuar por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere”.
El diputado insistió que “la Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva ante un acto que desconoce su autoridad institucional. Corresponde acudir a la Corte Suprema para restablecer el orden republicano vulnerado”. Finalmente, pidió a sus pares acompañar la iniciativa “en defensa de la legalidad, la democracia y la soberanía popular”.