La oposición logró este miércoles un dictamen de mayoría en contra del pliego de la rionegrina Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza, involucrada en polémica por acusaciones en su contra sobre presunta relación con el empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado.

Ocho senadores de Unión por la Patria, más el radical Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri, la cordobesa Alejandra Vigo y el salteño Juan Carlos Romero suscribieron un despacho que avala las impugnaciones sobre la oficialista, quien actualmente es diputada.

A su vez, hubo también un dictamen de mayoría que incluye el aval a los pliegos de los 23 senadores electos restantes. El oficialismo, por su parte, anticipó que presentará un dictamen a favor de Villaverde y otro que incluirá a todos los electos, menos a dos: el rionegrino Martín Soria y el chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich, sobre quienes ingresaron impugnaciones este mismo miércoles.

Al culminar la reunión, en medio de cierta confusión respecto de los dictámenes, la presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, se encargó de remarcar que los despachos no son vinculantes. La definición la tomará el recinto, con la nueva composición, el próximo 28 de noviembre, cuando está prevista la jura de los senadores.

Villaverde recibió las impugnaciones del Partido Justicialista de Río Negro y de una particular llamada Noelia Nerina Vásquez.

La reunión, que arrancó cargada de tensión, se alteró más cuando el oficialista Juan Carlos Pagotto advirtió sobre el ingreso de otras dos impugnaciones, a lo que Vigo aclaró que en poder de Asuntos Constitucionales solo estaban ingresadas las dos impugnaciones contra Villaverde.

El salteño Juan Carlos Romero propuso a su vez emitir más de un dictamen: uno que incluyera a aquellos senadores electos que no tenían impugnaciones y otro para los que tuvieran impugnaciones.

Luego de que Vigo aclarara que las impugnaciones debían ser giradas a la comisión para ser puestas a consideración, eso sucedió: correspondían a Soria -enemigo acérrimo de Villaverde- y Capitanich. En ese marco, el titular del interbloque UP, José Mayans, se quejó por lo que interpretó como una maniobra de parte del oficialismo.

Finalmente se impuso el criterio de avanzar con aquellos pliegos que no tenían observaciones y dejar para después el resto, cosa que se hizo, luego de que la riojana Florencia López (UP) calificara como “un bochorno que sobre la hora, en un intento desesperado por salvar la narcopolítica y a una narcosenadora, traten de ingresar expedientes que lo único que van a hacer es confundir esta reunión”. Luis Juez, por su parte, aclararía que el reglamento no establece ningún tiempo para el ingreso de impugnaciones, las cuales podían ingresar en el mismo transcurso del desarrollo de la comisión.

Las impugnaciones

Cuando comenzó el debate en torno a las impugnaciones, Mayans habló de “escándalo nacional”, y trajo a colación la situación que rodeó la designación de otro legislador libertario al frente de una lista: José Luis Espert, quien recordó que “recibió fondos de una minera de Fred Machado, acusado por narcotráfico, y esa minera acusada de lavado de dinero por 600 millones de dólares en Estados Unidos. Él nunca admitió haber recibido fondos hasta que la evidencia lo tapó. Tal fue el escándalo que tuvieron que sacarlo de la lista de candidatos”.

“Una persona que humillaba a todo el mundo… después resultó un gran llorón delante de las cámaras”, remató sobre Espert . Sobre Lorena Villaverde, le atribuyó una relación con Fred Machado, y recordó que “en Miami fue sorprendida una vez comprando dólares… esa fue la vez que se la encontró. La expulsaron y le impiden la entrada para siempre a Estados Unidos por trabajar en la venta de estupefacientes”, señaló Mayans, que dio por sentado que Villaverde “ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”.

De izquierda a derecha, Florencia López, Mariano Recalde, Sandra Mendoza y José Mayans

Mayans insistió en que Villaverde “no puede estar en el Senado de la Nación, tiene comprobado el delito. Y tengo entendido que tiene vínculos muy fuertes con Fred Machado”. Luego insistió en cargar contra la Corte, por haber demorado tres años la extradición, y destacó que el abogado de Machado es el del presidente Javier Milei. Y concluyó: “Están operando dentro del Congreso los del narcotráfico”.

A continuación, Juan Carlos Romero alertó sobre la “manifiesta gravedad creciente que tiene el narcotráfico en la Argentina”. Y advirtió que “una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos. Si me dijeran que esta señora tuvo una multa de tránsito por haberse peleado con un policía…”. Por el contrario, insistió que se trataba de venta de droga y el castigo fue atenuado, como sucede cuando el imputado se declara culpable y entrega información.

“Por eso es difícil encontrar (información) y la hemos buscado. Tenemos datos de la primera ocasión, pero lo de cuando le encontraron droga en Sarasota no, porque se borran los antecedentes cuando la persona entrega información”, señaló Romero, y se preguntó si “esa gente que le entregó la droga tendrá alguna factura que cobrarle”. Y continuó: "Tiene muchos vínculos con esa gente rara que anda con las drogas. Tiene acusaciones de fraude en el sistema inmobiliario, relación de amistad con gente que trabajó con Machado… En Argentina no tiene ninguna causa, pero si hubiéramos aprobado ficha limpia, esta gente no estaría acá. El Gobierno tampoco ayudó para que salga ficha limpia”.

Romero argumentó contra la designación recordando que la Constitución habla de la necesidad de “idoneidad”, algo que vinculó con “lo moral”. Y tras aclarar que de Martín Soria no hablaría, porque no lo conoce y solo sabe de él que “es un vehemente luchador”, mientras que sobre Capitanich reconoció que se lo puede criticar políticamente por su vínculo con el clan Sena, “pero esos son errores políticos que además la gente castigó en la última elección. Pero no veo causa que le impida ser senador”.

“En el caso de Villaverde es distinto: no podemos tener gente con esa ficha, con esa red de contactos. Recordemos que en Colombia, Pablo Escobar llegó a diputado y no lo dejaron ingresar. Es una cuestión de preservación del sistema”.

Juan Carlos Romero

Fue el turno luego de la senadora Florencia López, que afirmó que existe un “probado vínculo de la senadora electa con el narcotráfico. Tiene dos detenciones en Estados Unidos en 2002”, y mostró el identikit que entonces le  hicieron a Villaverde. Exhibió también el informe y la sentencia de la causa en Estados Unidos.

La senadora López aseguró que en Argentina tuvo otras causas por las que fue allanada y la vinculó con Claudio Cicarelli, primo hermano de Fred Machado, quien “pasó de ser profesor de básquet a multimillonario. Ahora es un empresario de la minería, las tierras raras, la energía… Lo mismo que decía Espert, que era asesor de la minería. El vínculo con el narcotráfico está probado. Forman parte de una banda que viene a contaminar este cuerpo”. En tanto, lanzó que “La Libertad Avanza quiere tener un narcogobierno”, y recordó que “este cuerpo fue capaz de expulsar a  un senador como (Edgardo) Kueider por muchísimo menos que esto, y hoy estamos dudando”.

Desde la vereda de enfrente, Luis Juez se preguntó “si aparte de leer los copetes y algún recorte periodístico estamos dispuestos a tener algún rigor técnico jurídico”, y cuestionó que no se hubiera chequeado lo que se estaba diciendo. “Acá no estamos discutiendo la conducta de Fred Machado; estamos hablando de una senadora que antes fue votada como diputada y damos por sentado situaciones judiciales que no son”, expresó el cordobés, para insistir en que se habían tirado acusaciones “a la ligera”.

Tras lo cual leyó los fallos judiciales que desestimaron todas las acusaciones contra Lorena Villaverde. “Se descartaron las hipótesis delictivas”, resumió, y agregó: “Por eso digo que podemos votar como queramos, pero no podemos decir cualquier cosa, porque mañana me puede tocar a mí, a cualquiera… Nos puede gustar o no, no sé ni quién es (Villaverde), pero no podemos hacer comparaciones odiosas”.

A su turno, la neuquina Silvia Sapag apuntó que en dos de las ocho provincias donde se eligieron senadores, en dos “estaban las listas encabezadas por narcotraficantes, el 25%. Es tremendo”, y precisó: “Espert en la provincia de Buenos Aires donde las instituciones reaccionaron a tiempo, y acá estamos a tiempo para no poner de compañera en nuestras bancas a alguien ligada al narcotráfico que ya tiene dos condenas en Estados Unidos y tiene una particular cualidad de vincularse con el narcotráfico”.

“¿Tenemos que recurrir a un juez para saber si le vamos a permitir sentarse en la banca o no? No es necesario”, remarcó y puso como ejemplo el caso del exsenador Edgardo Kueider y apuntó: “Veo que la vara es diferente”.

Sapag fue contundente con su postura: “No necesitamos acá un fallo de un juez para saber lo que tenemos que hacer. Así se van entrometiendo en las bancas que son elegidos por el pueblo y tiene cierta legalidad”, y cerró: “No podemos permitir que Villaverde sea avalada para que ocupe su banca y quiero que se tengan en cuenta los antecedentes y las denuncias para no otorgarle los títulos”.

De la vereda de enfrente, el riojano libertario Juan Carlos Pagotto consideró que “todo se basa en un principio de objetividad y prueba”, y recordó el artículo 55 de la Constitución Nacional que “no nos da la facultad para introducirnos en las condiciones morales de nadie, lo tenemos que hacer en el recinto con la mayoría calificada”.

Pagotto le enrostró a la principal bancada opositora que, cuando se trató el caso de Kueider en el Senado “se tenía que tratar lo del senador Parrilli que está a punto de ir a una audiencia de juicio moral y público, se levantaron y no hubo quórum”.

Así, el riojano resaltó que “los antecedentes penales existen en tanto haya una condena firme y consentida por un lapso determinado, lo dice el artículo 51 del Código Penal”, y apuntó: “Parece que cuando se pierde, todos los otros son delincuentes. ¿Por qué no impugnaron las candidaturas? Para acusar hay que tener pruebas, no podemos suponer”, y pidió "ser serios" y respetar la Constitución.

Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) retrucó al oficialismo: “Los senadores que van a acompañar a Villaverde, ¿también van a acompañar a Soria y a Capitanich? ¿O no van a acompañar a los otros y les parece que haber sido encontrada con dos kilos de cocaína en Estados Unidos no requiere ninguna reflexión sobre la idoneidad?”.

“Parece un juego donde la doble vara de la moral es lo que más queda claro. Yo no le voy a permitir al senador Pagotto que diga libremente que en cuestiones de idoneidad el que esté libre de culpa tire la primera piedra, que se haga cargo él entonces, pero no ensucie al resto del Cuerpo y menos a todos los políticos. Eso es lo que representa él y su partido”, remató.

El jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, denunció que la Comisión “está siendo usada no con el objeto que tiene, sino como un show mediático por parte de algunos senadores y quieren llevar la discusión a un lugar distinto”, y remarcó que Villaverde ya pasó la prueba al ser elegida diputada y, ahora, como senadora y que “se está usando una doble vara”.

En contrapunto, la mendocina y vicejefe del bloque UP, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que “tenemos la oportunidad de no abrirle las puertas al crimen organizado que siempre va un paso adelante”, y resaltó que a Villaverde le encontraron 2 kilos de cocaína para “comercializar”. Al respecto, citó el artículo 16 de la Constitución y aclaró: “Para este bloque la señora Villaverde que intentó traficar cocaína tenemos la posibilidad de darle un mensaje al pueblo de que no nos da lo mismo compartir la banca con alguien que no tiene la idoneidad del cargo porque es narcotraficante. Además, le estamos dando una señal al crimen organizado”.

A su turno, el fueguino Pablo Daniel Blanco aclaró que no sería quien tomara una decisión, ya que considera que, según el reglamento, los que debían decidir sobre la suerte del pliego que se estaba discutiendo son los senadores que siguen el 10 de diciembre y los que se incorporen. “Y no estoy en esa situación”, recordó. Pero advirtió que más allá de las distintas versiones existentes sobre el tema, “para mi tranquilidad de conciencia no voy a aceptar en la firma del dictamen la incorporación de esta senadora, porque más allá de artilugios, mi conciencia me dicta que alguien que esté vinculado con el narcotráfico no puede formar parte de este Senado”. Por lo que firmaría negativamente el ingreso de la senadora Villaverde.

Más tarde, el jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi admitió que estaban buscando fundamentaciones para saber qué potestades tenían. “No tenemos a la vista muchas de estas cuestiones que hoy se están ventilando”, observó. “Me parece que estamos en una instancia donde algunos tienen una posición tomada, pero es el cuerpo el que va a tener que tomar una resolución al respecto”, resumió, agregando que obviamente lo que se resuelva tendrá una réplica en la justicia”.

“Lo ideal sería que se adjunten todos los elementos disponibles para tener a la vista todo para tomar una decisión”, y sugirió incluso pedir a la justicia de Estados Unidos información sobre la situación de Villaverde en ese país.

Mientras comenzaban a circular los dictámenes para ser firmados, el radical chaqueño Víctor Zimmermann opinó sobre las impugnaciones contra Jorge Capitanich. Al respecto, pidió no dictaminar ese título y pasar a un cuarto intermedio, “para que todos podamos estudiar las impugnaciones, verificar y repasar los temas y leer los expedientes judiciales que se citan a los efectos de poder tomar la mejor decisión y una posición fundada”.

La propuesta fue rechazada por su comprovinciana María Inés Pilatti Vergara, quien resaltó la idoneidad del exgobernador chaqueño, mientras que Pagotto apoyó el pedido de cuarto intermedio de Zimmermann.

En cambio, López insistió con firmar un dictamen con todos los senadores electos, menos el de Villarruel, y otro de rechazo a esta última. Vigo se mostró de acuerdo con esa última postura: que hubiera dos dictámenes, uno con todos los senadores y otro sin la rionegrina. “La comisión tiene que resolver ahora, no se puede pasar a cuarto intermedio”, aclaró.

Pagotto insistió en excluir no solo a Villaverde, sino a los tres observados, cosa que apoyó Juez. Finalmente terminaron acordando que se firmaran tres dictámenes: uno con todos los senadores sin observaciones, y otros dos con Lorena Villaverde el primero y Capitanich y Soria el otro. Pero ante la confusión reinante, la presidenta de la comisión pidió cambiar el método, con lo que terminaron firmándose cinco dictámenes.

Aclaró también Vigo que los dictámenes no eran vinculantes y la resolución final se adoptaría en el pleno el 28 de noviembre próximo.