Faltando un minuto para que concluyera la media hora de espera para arrancar la reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado y/o Adulterado, la presidenta de ese organismo, Mónica Fein, anunció dio por iniciado el encuentro al que habían sido convocados el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio. Y que tal cual todo anticipaba que sucedería, no concurrieron. “Por razones de agenda”, según coincidieron ambos.

Tal actitud representó una continuidad en lo que viene sucediendo con los funcionarios convocados por distintas razones, ya que en el caso del titular de Salud, el mismo no ha asistido tampoco a las convocatorias hechas por los diputados por ejemplo en el marco de la investigación de las irregularidades en la ANDIS.

La titular de la comisión lamentó que para hacer la elaboración del informe final no hubieran podido contar con la presencia de ambos funcionarios, más allá de la información escrita suministrada oportunamente.

Con relación al informe final -que no es dictamen, se aclaró-, acordaron circular el viernes 28 de noviembre las conclusiones, pero pidió el compromiso de todos para que el día martes 2 de noviembre se firme un informe general sobre las recomendaciones en las que hay unanimidad. Esa reunión será a las 9.30. En esa línea fijaron que hasta el martes 9 a las 10 de la mañana cada bloque podrá adjuntar opiniones, recomendaciones u obras observaciones.

La ausencia de los funcionarios

“Es una pena que dos poderes del Estado, y el soberano, que son las víctimas, han estado presentes, y el tercer poder del Estado, que tenían el deber de dar explicaciones, no estuvo aquí. Lo lamentamos mucho, pero reglamentariamente debemos informar esta situación al presidente de la Cámara, que es la representación jurídica, porque han sido intimados, lo hemos hecho en base a los dos artículos del Código Penal: de desobediencia y también de ocultamiento, para que él disponga las medidas que crea corresponden. En este caso, nuestra obligación reglamentaria es informarle a las autoridades de la Cámara y así lo solicito”, planteo a continuación el diputado de UP Ramiro Gutiérrez.

A su turno, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer coincidió con Gutiérrez y planteó que “ya estamos en una instancia en la que vamos camino al informe final, recomendando que haya allí un capítulo especial referido a la responsabilidad de los funcionarios públicos, pues sin perjuicio de las responsabilidades penales que haya, “hay responsabilidades políticas de dar explicaciones ante el requerimiento de esta Cámara”.

Pidió en ese sentido establecer una fecha límite de presentación de dictámenes, “para que no se nos vaya a ir el año sin poder hacerlo. Que no nos pase como a otras comisiones, donde no hemos podido hacerlo”.

A pedido de la radical Karina Banfi, el secretario de la comisión leyó las argumentaciones de los funcionarios ausentes. En el caso del ministro Lugones, la nota llegó a las 7.56 de este miércoles, argumentando “motivos de agenda impostergables”, y aclaró no obstante que se encontraba a disposición “para continuar colaborando por escrito, como ya lo he hecho”. En el mismo sentido se pronunciaba la titular de la ANMAT, que no había podido asistir por “cuestiones de agenda impostergables”, pero agregaba puntualmente la realización de unas jornadas, como así también señalaba también su disposición a responder por escrito preguntas, siempre y cuando no interfirieran en el desarrollo de la causa.

Así las cosas, la diputada Banfi dejó claro que “la Constitución no concibe al Poder Ejecutivo como un ámbito autonómico, sino sometido al control del Congreso”. Alertó sobre el incumplimiento en que incurrían los funcionarios. “Se está volviendo una práctica política, un sello del Poder Ejecutivo, en no comprender el valor del acceso a la información pública de los funcionarios, que si contestan el mismo día que tienen problemas de agenda, no están tomándose en serio el rol de la representación”.

Banfi concluyó solicitando que el informe final tenga en cuenta “el incumplimiento de la Ley de Ética, y la de Información Pública, que establecen que todo funcionario político está sujeto a rendir cuentas”.

Desde la izquierda, Christian Castillo consideró “muy grave” que los funcionarios no hubieran venido, y remarcó que la última vez el ministro de Salud había argumentado problemas de agenda, pese a lo cual sí fue a Rosario para tomar parte de una actividad con la Fundación Libertad. “En una jerarquía de relevancia de temas, creo que esta comisión tenía una jerarquía más alta. Pero el ministro juzgó que esa fundación privada era más importante”, pese a representar este caso “la crisis sanitaria más importante que ha sufrido la Argentina”.

Castillo consideró que las respuestas escritas “no alcanzan”, y agregó que tenían preparado un bloque de preguntas que no obstante le harán llegar a los funcionarios. En su participación especuló con varias posibilidades que podrían haberse dado respecto de la actuación de la ANMAT, y habló de negligencia, o bien connivencia, o una falla estructural. Por eso lamentó la ausencia de la representante de la ANMAT que podría contestar las preguntas que se plantean.  “¿Si no me lo responde la ANMAT, quién me lo va a contestar? Y la ANMAT no viene”, lamentó.

Asimismo Castillo advirtió sobre el no cumplimiento de las normas laborales, y habló de “condiciones de precarización” que dificultaron las tareas de esterlización y seguridad. “Me permito sospechar que esa extensión de la jornada laboral no es una excepción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La falta de personal es una denuncia persistente”, advirtió.

A su turno, su par Vilma Ripoll habló de la necesidad de establecer una asistencia sanitaria a los familiares de las víctimas, recordando que en casos como la tragedia de Once y la de Cromañón, hubo casos de suicidios. Asimismo reclamó la clausura del Hospital Italiano de Rosario, porque a su juicio es la única manera que esos sectores “entiendan”, comparándolo con la actitud que en su momento adoptaron los boliches post tragedia de Cromañón.

Desde el oficialismo, Silvana Giudici rescató que todos los pedidos de informes reunidos permitirán poder llegar a un informe final, que permita después avanzar con proyectos de ley que ya han sido presentados.

Suscribió los dichos de Karina Banfi respecto de la asistencia de funcionarios, destacando que “cuando uno es funcionario, debe venir al Congreso. A mí, cuando presidía el ENACOM, me gustaba venir acá”. Respecto del ministro de Salud, dijo creer que había una reunión de gabinete, pero admitió que “no es excusa, no vino”, aunque aclaró que había respondido “cada pregunta”, lo mismo que la ANMAT.

Coincidió también con su par Christian Castillo, que había hablado de “impericia o connivencia”, que no descartó, y aclaró que el sumario que lleva adelante el juez interviniente es el que va a determinar las responsabilidades. “En esa profusión de normas y falta de normativa clara es donde anida la corruptela”, señaló Giudici, aclarando que eso no sucedía solo en este gobierno, sino en todos, “y en general en todos los organismos que deben controlar”. Agregó que no quería invalidar el trabajo de esa comisión porque los funcionarios no hubieran concurrido, “porque responder respondieron”. Coincidió también con Ripoll respecto de la atención de las víctimas, dado que “la red de atención falló”, y dijo que “también deberíamos recomendar en el informe final que el sistema de atención a la víctima debe reconsiderarse”.

Mónica Fein informó luego que solicitarían que el ministro de Salud reciba a las familias, sin la presencia de diputados, para escucharlos, y como varios de sus pares dijo que tomarían el pedido de Ramiro Gutiérrez respecto de hacer traslado a Martín Menem de lo sucedido con los funcionarios.

“La semana que viene tenemos que cerrar el informe”, enfatizó, proponiendo que el lunes puedan compartir la parte resolutiva para que cada diputado pueda aportar lo suyo, como así también puedan incluirse las consideraciones que cada bloque quiera realizar, además del informe de los familiares. “Es nuestro objetivo, veremos si podemos”, agregó.

Stolbizer advirtió que el planteó de Castillo era importante, pues todos pensaban que había cuestiones pendientes, mas no quería que un nuevo pedido a la ANMAT demorara la emisión del informe. “Sí o sí vamos a emitir dictamen la semana que viene y tal vez continuar el trabajo con la nueva composición, pero que ninguna cuestión pendiente nos impida llegar la semana que viene sin un dictamen”.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz adhirió a los planteos de Stolbizer respecto de hacer la entrega del informe final, sin apurar los plazos de una Cámara de Diputados que en diciembre solo pone a consideración los temas de extraordinarias, mientras que sugirió que “esta comisión pueda garantizar que el pleno trate todas estas leyes que se presentaron y empezaron a correr”, pero abogó porque haya un seguimiento de esas normas. Solicitó también que “en la próxima sesión podamos votar la continuidad (de la comisión)  para 2026, para avanzar con normas que permitan que, como piden los familiares, nunca más tengamos en la Argentina esta catástrofe”.

Informó por último que el próximo lunes el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud de la provincia van a recibir a familiares de las víctimas para analizar las normativas que deberían implementar en la provincia.

Por su parte, Carlos Castagneto valoró el trabajo de la comisión y cargó contra los funcionarios que no concurrieron a las reuniones, señalando que “demuestran una impericia en el caso y un desinterés, sino hubiesen puesto las caras”.

“No puede ser costumbre que no vengan. Ha pasado en todas las comisiones, empezando por el ministro de Economía, que no vino a explicar el Presupuesto”, lanzó.

La entrerriana Blanca Osuna (UP) se refirió a la nota que envió la doctora Vizzio en la cual dice que puede responder por escrito, pero criticó que “no va a responder cuestiones que entorpezcan o lesiones derechos y garantías de raigambre constitucional. Esto es paradójico y casi una burla a la labor de esta comisión y al trabajo que se hizo”.

Osuna pidió formalizar una comunicación ante el presidente de la Cámara para que efectivamente se responda al ministro y se advierta que están incumpliendo con la Constitución y sus responsabilidades. Además, solicitó que quede asentado la ausencia de los funcionarios como “una conducta maliciosa” y que “están ocultando información en un diálogo franco y personal en una comisión”.

“Los informes escritos que hemos recibido de los funcionarios son incompletos, mentirosos y ocultan información premeditadamente y eso es importante que quede constancia en el informe final”, cerró.

La diputada santafecina Florencia Carignano (UP) expresó su bronca ante la ausencia del ministro de Salud y los funcionarios de la ANMAT. “No tienen la más mínima empatía por los familiares que presenciaron todas las reuniones a la espera de una respuesta por parte del Gobierno”, apuntó.

Carignano sumó: “Me da vergüenza tener un ministro de Salud que no viene a dar la cara ni explicaciones”, y se dirigió a los familiares de víctimas del fentanilo contaminado: “Ha ido admirable todo lo que han hecho. No encuentro explicaciones de por qué el ministro la vez pasa consideró que era más importante ir a desayunar con la fundación libertad en Rosario que estar acá en dar la cara. Esto es una masacre que se generó en el Gobierno de más de 170 personas. Me da vergüenza y debería renunciar Lugones”.

Además, destacó la labor entre los diferentes bloques a pesar de las disidencias: “Fue una comisión para la democracia”, y destacó la presencia de los diputados libertarios que “vinieron a dar la cara al menos”.

A su turno, el tucumano Pablo Yedlin (UP) ponderó el trabajo realizado por la comisión y cuestionó al Gobierno porque “no consideró la magnitud de la catástrofe que representa este fenómeno en el país. Parece que hay una idea de que esto ya pasó”.

“El volumen de muertes es de tal magnitud para un sistema de salud como el argentino que, la justicia lo tomó en serio y el Congreso, pero no así el Ministerio de Salud”, consideró y agregó: “El informe va a generar un enorme desafío porque tiene que ver con la modificación de estructuras importantes en el Estado como la ANMAT. Es por eso que el informe tiene que ser lo más claro posible, pero necesitamos que haya un compromiso real de trabajarlo con todas las fuerzas porque se necesita el trabajo del Ejecutivo”.

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