Celebrar los 40 años de la Constitución española no es un mero ejercicio de la nostalgia. Es, sobre todo, reflexionar sobre las transiciones políticas y sobre el valor del consenso, que es la clave de la democracia. Por eso, ese recuerdo no solo tiene que ver con la historia, sino con la actualidad. Sobre todo para los argentinos, que tantos problemas solemos tener con la generación de acuerdos.

Se habla desde hace unos años de grieta, pero el concepto no es nuevo en nuestro país. Casi diría que a lo largo de la historia fue la regla, no la excepción. En 1910, al cumplirse el primer siglo de vida independiente, Joaquín V. González publicó un ensayo, El juicio del siglo, en el que analizaba esos primeros cien años y concluía que la “ley del odio” había regido en ese período.

España se encontraba, a la muerte de Francisco Franco, profundamente dividida. Era una división que tenía causas más sólidas que las que provocan nuestros enconos actuales. Cuarenta años antes había habido una sangrienta guerra civil y luego de ella se impuso una férrea dictadura con tintes totalitarios.

El régimen de Franco fue siempre autoritario, pero desde fines de la década del cincuenta había iniciado una gradual flexibilización, que no afectaba la concentración del poder político, pero generaba reformas económicas que fueron dejando atrás los muy duros años de la posguerra.

Con la asunción del rey Juan Carlos de Borbón, a la muerte de Franco, comienza una etapa que hoy admiramos por la clarividencia y la generosidad de los diversos actores que la hicieron posible, pero que en ese momento estaba plagada de incertidumbres y acechanzas.

Juan Carlos era el sucesor designado por Franco. Primero, la sociedad lo estimó como lo que esa designación hacía suponer, una mera continuidad del régimen. Pero pronto se advirtió que el flamante y joven soberano tenía otras ideas: nada menos que la construcción de una verdadera democracia.

El proceso fue mucho más rápido de lo que se esperaba, pero no exento de marchas y contramarchas. Resultó clave la designación como presidente del gobierno de Adolfo Suárez, en julio de 1976. Suárez provenía del franquismo, pero era un decidido partidario de la renovación. Su desempeño, con el firme apoyo del rey, fue determinante para que la transición resultara exitosa.

Suárez anunció desde el inicio su deseo de avanzar hacia un gobierno surgido de la voluntad popular. En el camino, entre otros aspectos, se dictó una amplia amnistía, se legalizó al Partido Comunista, se aprobó una ley que creaba nuevas Cortes y se convocó a elecciones.

Suárez conversaba con los líderes políticos de todas las fuerzas, lo que era un hecho inédito en España, no solo desde la guerra civil, sino desde antes también, porque durante la vigencia de la república no había imperado la idea de consenso, sino la imposición de las mayorías circunstanciales.

Hay que citar en ese camino los famosos Pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre de 1977, que fueron dos acuerdos en los que se plasmaron grandes lineamientos económicos, que incluían un necesario ajuste fiscal, pero compensado con medidas de neto corte social. Contrariamente a lo que suele afirmarse, no se trató de un acuerdo corporativo, sino político. Fue suscrito por el oficialismo y partidos de la oposición, como el Partido Comunista, pero no por representantes de trabajadores ni de empresarios.

El clima de paz social resultante pavimentó la discusión de la Constitución. Se decidió que la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso de Diputados fuera la encargada de elaborar el proyecto de Constitución que luego sería discutido en el pleno de la Cámara, para su posterior debate en el Senado. La Comisión, a su vez, nombró una ponencia de siete miembros para que presentara un anteproyecto. La formaban tres diputados de UCD -Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros-, uno del PSOE -Gregorio Peces Barba-, uno del PCE-PSUC -Jordi Solé Tura-, uno de Alianza Popular -Manuel Fraga Iribarne-, y uno por las minorías vasca y catalana -Miquel Roca i Junyent.

Las reuniones fueron confidenciales, lo que facilitó las concesiones mutuas. Pero el proceso no fue rápido. El trabajo demandó 18 meses. Se intentó acordar un texto que realmente fuera el fruto del consenso y no, como había ocurrido en 1931, la imposición de un sector a otro.

Así, por ejemplo, el PCE y el PSOE renunciaron a sus exigencias de instaurar una república y aceptaron la permanencia de la monarquía. De otro lado, se aceptó que la Constitución hablara de “nacionalidades” dentro de España, tema que en los últimos años ha dado lugar a un reverdecimiento de conflictos que todos conocemos.

Finalmente, el 31 de octubre de 1978 fue votado en el Congreso y en el Senado el proyecto de Constitución. En el Congreso votaron a favor 325 diputados, 6 en contra y 14 se abstuvieron. En el Senado la apoyaron 226 senadores y votaron en contra 5. La Constitución obtuvo así un enorme respaldo parlamentario. El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue sometida a referéndum y aprobada por el 88% de los votantes.

A partir de entonces, es la ley fundamental de España. La transición no había terminado. El 23 de febrero de 1981 pudo ser abortado un golpe de Estado conocido como el Tejerazo (por su cabecilla, el entonces teniente coronel Antonio Tejero). La derrota de los sectores más autoritarios consolidó la democracia en España y fue sin dudas un hito histórico, en especial para los países de Iberoamérica, siempre atentos a la evolución política de la madre patria.

No es el propósito de estas líneas analizar en detalle el contenido de la Constitución española, sino rendirle tributo a cuarenta años de su aprobación. Y, al hacerlo, rendirles tributo también a las grandes personalidades que la hicieron posible, como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra y Santiago Carrillo, entre muchos otros. Entre algunos de estos hombres había habido en el pasado un abismo ideológico. Y en el caso de Carrillo y de muchos de su generación, se trataba de mucho más que de razones ideológicas. Habían participado de la lucha armada.

Para decirlo en forma breve y brutal: los sectores que negociaban se habían matado entre ellos. Pero, acaso por eso mismo, por las enseñanzas que dejan los grandes dolores, supieron que debían construir un país para todos. Que aquellos que antes habían sido sus enemigos eran ahora ciudadanos con ideas distintas en muchos campos de las suyas, pero partícipes legítimos de la nueva democracia española. Y quizás ellos mismos se asombraron al comprobar cuánto tenían en común.

Hay un libro magnífico de un notable escritor español, Javier Cercas, que se titula Anatomía de un instante. El instante que es el disparador de la obra es el momento en el que el teniente coronel Tejero irrumpe en las Cortes con un arma en la mano. Casi todos los legisladores se tiran al suelo. Solo dos permanecen de pie con serena dignidad: el exfranquista Adolfo Suárez y el viejo comunista Santiago Carrillo. Dos hombres con trayectorias opuestas que habían aprendido a respetarse y apreciarse en el ejercicio del más elemental instrumento de la democracia: el diálogo.

Ojalá ese ejemplo nos ilumine en esta Argentina tan necesitada de consensos profundos.