Representantes del sector empresario exponen este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, en una reunión virtual donde expresan su apoyo al avance de una ley para regular el teletrabajo, pero también plantean una serie de reparos a la iniciativa.

Al comienzo del encuentro, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, informó el proyecto tendría dictamen el próximo miércoles. El texto borrador fue producto de un consenso entre 17 iniciativas de distintos bloques.

Desde la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro, prosecretaria del comité ejecutivo, señaló que “avanzar más rápido en la incorporación de tecnología, que es fundamental para jugar un partido en el siglo XXI, requiere una orientación de toda la política pública”.

“El trabajo remoto no es un fin en sí mismo, es de alguna manera la consecuencia de haber adoptado una serie de tecnologías para la producción de bienes y servicios”, dijo y advirtió que “muchas empresas que están muy por debajo del potencial de utilización de esta modalidad y eso tiene que ver con el problema que tenemos para digitalizar nuestra economía”.

Castro pidió escuchar “la voz de los empresarios”, porque “son los que determinan dónde y cuánto se invierte y, por tanto, cuánto empleo se genere”. Por eso, solicitó a los diputados “lograr una norma que tenga consenso social y que incentive la iniciativa privada”.

Por la UIA también expuso Laura Giménez, jefa del departamento de política social, quien se refirió a algunos puntos del proyecto borrador. En primer lugar, subrayó que “es importante que el proyecto no se extienda sobre algunos aspectos que deben dejarse para la órbita de cada actividad, que deben tratarse en el ámbito de la negociación colectiva o individual”.

Sobre el consentimiento a este tipo de modalidad, remarcó que “debe ser acordado en forma voluntaria por las partes” y “deben garantizarse las facultades de organización y dirección del empleador que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo”. En ese sentido, Giménez apuntó que el pedido de reversión puede ser tanto por el empleados como por el trabajador, con “un plazo de 30 días de pre-aviso, igual para las dos partes”.

En cuanto a las tareas de cuidado, alertó que “no deberían tratarse en forma aislada” y tampoco imponerse “condiciones de difícil cumplimiento”, ya que eso “podría producir un desincentivo a esta modalidad”. En tanto, sobre la desconexión digital consideró que “no es posible simplificar esto con requisitos globales” porque “cada actividad requiere un traje a medida”.

También solicitó que “la entrada en vigencia de la ley se disponga para 180 días después del cese de las medidas de emergencia sanitaria. Esto va a permitir un retorno lo más armonioso posible a las actividades y evitar conflictos que pueden derivarse de la colisión entre las nuevas imposiciones y las formas de teletrabajo que se han venido implementando a la fecha”.

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