La iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Salud y comenzó a ser debatida en la comisión homónima, que pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves.
Un proyecto que habilita la prórroga de jurisdicción en futuros contratos que firme el Estado argentino para la adquisición de vacunas contra el Covid-19 comenzó a ser tratado este miércoles en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Yedlin (Frente de Todos).
La reunión virtual pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 11 con el fin de acordar un dictamen consensuado entre los bloques en el menor tiempo posible.
El proyecto, presentado por Yedlin, declara de interés público “la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.
Según explicó el oficialista, el objetivo es incorporar herramientas para posibles futuros contratos con la industria farmacéutica para la adquisición de vacunas contra el Covid, es decir, cláusulas que no están contempladas en las leyes actuales.
El diputado aclaró que estas cláusulas regirán solo para estas vacunas y solo por el plazo de la pandemia, y advirtió que si el Estado no cuenta con esas herramientas, las vacunas “podrían no llegar” al país.
“Frente a una situación de la gravedad que estamos viviendo y la importancia que tienen los tiempos para la contratación, es interesante que este proyecto no salga por DNU, sino que podamos discutirlo los diputados”, manifestó Yedlin.
Al exponer los detalles, informó que en primer lugar se habilita al Ministerio de Salud de la Nación a establecer cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero.
“Renunciamos a oponer defensa de inmunidad soberana en temas particulares que tengan que ver con esto, como se ha hecho varias veces, por ejemplo, con la deuda externa”, describió Yedlin, y aclaró que “este es un pedido que hace la industria farmacéutica a todos los países”.
Asimismo, el proyecto faculta al Ministerio de Salud a generar cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial. “Si hay indemnizaciones, van a tener que ser asumidas por la industria y por nosotros como compradores”, puntualizó el legislador.
Además, se incorporan cláusulas de confidencialidad “para traer vacunas que están en proceso de investigación”.
Por último, no se cobrará el IVA ni impuestos aduaneros a las vacunas contra el Covid -las vacunas del calendario oficial ya cuentan con esta excepción desde la aprobación de la emergencia sanitaria-.
Desde Juntos por el Cambio, Claudia Najul (UCR) y Carmen Polledo (Pro) advirtieron sobre el escaso tiempo para analizar el proyecto en detalle, y se preguntaron si las cláusulas que se proponen incorporar son habituales en este ámbito o son condiciones que está poniendo ahora la industria.
En el mismo sentido se expresó José Cano. “Estamos en una pandemia mundial y hoy los que fijan las condiciones obviamente son los laboratorios porque hay una demanda”, planteó.
Dado que se trata de “facultades extraordinarias”, el radical propuso incorporar un artículo que indique que las autoridades de la Comisión de Salud de ambas cámaras tendrán a su cargo “el análisis absoluto de todo lo que el Ministerio acuerde en virtud de la sanción de esta norma”.
Sobre la prórroga de jurisdicción, Graciela Ocaña (Pro) pidió consultar a especialistas en el tema, mientras que Gisela Scaglia, del mismo bloque, cuestionó que el proyecto no haya sido girado a la Comisión de Relaciones Exteriores.
En la reunión expuso y respondió preguntas Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, quien recordó que “la vacuna no existe, lo que existen son diferentes desarrollos en diferentes fases de investigación clínica”, y en ese contexto “Argentina tiene el privilegio de contar con varios desarrollos”.
El funcionario informó que “se van a necesitar en torno a 15.000 millones de dosis para el próximo año” y que además la vacuna presenta desafíos a nivel logístico para el país.
“Hay una fuerte competencia, con muchísima presión, para que el mercado internacional de la vacuna, que está cobrando forma a una velocidad muy rápida, garantice que Argentina tenga alguna posibilidad de acceso”, dijo.
Monsalvo habló de la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales y anunció que hay cuatro modelos de contrato a la vista. “La voluntad del Ejecutivo es acceder a la mayor cantidad de dosis posible en el menor plazo posible y por el menor precio posible”, afirmó.
Del encuentro virtual también participaron Sebastián Cavalitto, investigador CONICET, y Daniel Horan, de Laboratorios Abbott, quienes al inicio hablaron del desarrollo de dos nuevos test nacionales.
Cavalitto explicó que el test elaborado desde el CONICET para la detección de anticuerpos anti-Covid en pacientes ambulatorios ya está “prácticamente a punto de salir”.
“Tecnológicamente es pariente de primer test que salió, en el sentido de que detecta anticuerpos en sangre; la diferencia es que este test se puede hacer en la calle, no se necesita infraestructura hospitalaria o de laboratorio”, explicó.
Cavalitto recordó que las primeras experimentaciones comenzaron en mayo y detalló que el test tiene un “formato similar al de un test de embarazo”, y que “sirve más que nada para detectar pacientes sin síntomas”.
Señaló además que este desarrollo es “para uso en zonas donde haya aglomeraciones de gente, como fábricas que reabran y hospitales, para el personal de salud“.
“La determinación de anticuerpos en sangre, a diferencia del PCR, no detecta el virus, sino que dice si la persona estuvo o está en contacto”, precisó el científico.
Cavalitto comentó que fue “un desarrollo muy a pulmón”, ya que “todos los insumos eran importados” y por eso, el mayor logro fue reemplazarlos por insumos locales.
Por su parte, Daniel Horan, se refirió a otro test desarrollado por Laboratorios Abbott, que consiste en una prueba de antígenos.
Horan indicó que el test se concentra en “el momento crítico para atacar la pandemia”, esto es, “el momento que una persona puede empezar a manifestar síntomas, dos o tres días posteriores al contagio”.
“Ese es el momento agudo de contagio en el que hay que trabajar para ver qué tan rápido podemos aislar a esa persona”, sostuvo.
Y agregó: “Este producto no va a igualar la sensibilidad y especificidad del PCR, pero es un producto de altísimo impacto para ese momento agudo, que es la prueba de antígeno. Se empieza a utilizar desde el día cero; desde que la persona empieza a manifestar síntomas, la prueba empieza a detectar ese positivo”.
Horan especificó que se trata de “un hisopado nasofaríngeo, que se coloca dentro de un contenedor, se mezcla con el diluyente, se quiebra el hisopo y se lo tapa” para su análisis, en un formato también similar al de un test de embarazo.
