Por Melisa Jofré

En la primera reunión informativa para debatir el proyecto sobre biocombustibles impulsado por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, más de una docena de representantes del sector expresaron su rechazo a la propuesta y reclamaron que, en cambio, se avance con la prórroga de la Ley 26.093, que vence el próximo 12 de mayo y cuya extensión por cuatro años había aprobado el Senado por unanimidad.

Durante el encuentro de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el mendocino Omar Félix (FdT), los expositores cuestionaron puntualmente que la iniciativa lleva a 5% el corte con biodiesel para el gasoil, cuando actualmente se encuentra en 10%. Sobre esto, advirtieron por el posible cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo.

También, varios de los invitados pusieron el acento en el retroceso que significaría en materia ambiental la rebaja de los porcentajes, al tiempo que tampoco los aumenta, ya que en lo que respecta a las naftas, el texto mantiene en 12% el corte con bioetanol.

El primer expositor fue José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), quien habló en representación de productores de bioetanol a base de maíz. “Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir demorando ninguna decisión, porque en el medio hay empresas y gente que ha seguido trabajando”, alertó.

Porta remarcó que “lo que no podemos dar es ningún paso para atrás” y, por eso, “no se debiera bajar el corte bajo ningún punto de vista”. Además, pidió que “no se puedan importar naftas” y subrayó, respecto al precio, que “no sirve tener un corte fantástico ni un modelo fantástico si después el precio es totalmente antieconómico, como sucedió en los últimos años”. Finalmente, llamó a “encontrar soluciones y no generar más enfrentamientos”.

A continuación, Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), se manifestó a favor del proyecto al asegurar que “mantiene el espíritu de la ley original que fue un motor para nuestro desarrollo”. Destacó que la iniciativa brinda “la previsibilidad a 14 años”, apunta a “ayudar al cambio climático, con la reducción de emisión de CO2” e invierte “en las economías regionales”.

No obstante, señaló que “el corte del 5% para el biosiesel, que se traduce en un cupo máximo mensual de 50 mil toneladas para todas las plantas”, previsto en el proyecto, “afectará a las plantas actuales con capacidad ociosa sobre costos y dificultad para mantener en este escenario el total de las fuentes laborales”.

“El corte debería mantenerse en el nivel actual del 10%”, reclamó Bojanich, y agregó: “Debido a que nuestro componente principal es la soja y que su cotización es muy volátil, el proyecto incluye la alternativa de reducir el corte, compensando el precio por esa subexplotación de la planta, pero esta solución no sería sostenible en el tiempo”.

También por CEPREB, Alejandro Abad recordó que la Ley 26.093 “fue muy exitosa en sus objetivos” y “sería lamentable a esta altura volver para atrás y destruir un camino andado”. “Un nuevo régimen debe como mínima conservar lo realizado y pensar en general aún más crecimiento y desarrollo”, dijo.

Abad advirtió que la baja del corte del 5% para el biodiesel -con la posibilidad de reducirlo hasta el 3%- afectará a las plantas “más chicas, más débiles y más lejos del puerto”, al enfatizar que este punto determinará “nuestra subsistencia o no”. “En la práctica aquellas plantas con 15 a 20 mil toneladas desaparecerán”, plantas en Buenos Aires y Entre Ríos, apuntó y completó que “no podemos avanzar con una ley que elimine las empresas que la ley creó”.

A su turno, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), consideró que “sería bueno una prórroga (de la Ley 26.093) que permita el debate de todos los proyectos”. A favor de la iniciativa del cordobés Carlos Gutiérrez, el expositor opinó sobre el proyecto oficialista: “No es es el mejor. Por un lado, rebaja los cortes, y en nuestro criterio esa no es la mejor estrategia por varios motivos, pero el más importante de ellos es el impacto ambiental”. En este sentido, alertó que “se va en el sentido contrario de lo que está sucediendo en el mundo”.

Otro de los expositores que objetó el proyecto fue Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien expresó que “la ley es inviable y desembocaría en el cierre de empresas”. “Anular la ley es avalar el incremento de emisiones contaminantes, es avalar la afectación de la salud de todos los argentinos, y es avalar la violación de las leyes de mayor jerarquía jurídica como la Constitución Nacional o la ratificación del Acuerdo de París”, sostuvo.

En representación del grupo de exsecretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña evaluó que “no están dadas las circunstancias en este momento para tratar una nueva ley”, sino que “debe prorrogarse la ley anterior por un plazo corto, un año o 18 meses, y en ese período poder entrar a debatir un proyecto con consensos, análisis y fundamentos claros respecto a lo que es la transición energética que ha planteado el Acuerdo de París, y que han ratificado el presidente (Joe) Biden y Alberto Fernández hace pocos días”.

“Desde que empezó la gestión del presidente Alberto Fernández hemos recorrido ministerios y secretarías para iniciar una ronda de diálogo y trabajo en pos de una ley de biocombustibles superadora de la 26.093. Resultó una tarea vana, no encontramos una fuerza política armónica para avanzar en ese objetivo, a pesar de nuestras advertencias sobre el poco tiempo que quedaba para debatir en forma serena y racional una nueva normativa”, comenzó Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz).

Asimismo, reprochó que se acercó al Gobierno un anteproyecto consensuado por el sector, pero “lamentablemente el oficialismo lo ignoró”. Y manifestó que esta “propuesta de ajuste implica un enorme retroceso para toda la Argentina. En esta Argentina devastada por el Covid, no podemos permitirnos que avance un proyecto de inspiración petrolera para que cierren fábricas, aumente el desempleo y perdamos salud y sustentabilidad. Esto es lo que va a suceder si avanza este proyecto que es inconsulto”.

Claudio Molina, de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, lamentó que “el Poder Ejecutivo nos ha llevado a una negociación que es con un cuchillo en el abdomen. No hay tiempo suficiente para una negociación profunda como Argentina se merece”.

“Con las facultades que se le están otorgando a la autoridad de aplicación, evidentemente estamos muy lejos de superar la legislación vigente y que haya seguridad jurídica y previsibilidad. Es arbitrariedad pura”, resaltó, al tiempo que afirmó que “traba la entrada de nuevos productores de biocombustibles” y pronosticó la judicialización de una eventual ley de este tipo.

Desde CONINAGRO, Paulo Ares solicitó “la prórroga urgente de la ley y abrir un debate maduro de una ley que tiene muchísima importancia para el país en los próximos 15, 20 años”. A su entender, también deben participar de la discusión “la Comisión de Agricultura y la Comisión de Ambiente”. Durante su intervención, Ares remarcó que “el corte no puede ser regresivo, debe ser progresivo, porque así lo exigen los acuerdos internacionales”, mientras que se deben “incluir cortes diferenciales por provincias”.

Para Manuel Ron, presidente de Bioetanol Río Cuarto S.A., la iniciativa “está lejos del espíritu de la Ley 26.093. La imprevisibilidad y el alto grado de discrecionalidad en el ente regulador, generan una inseguridad jurídica que hace inviable nuevas inversiones”. “Confiamos que el Congreso no avalará una suba de emisión de gases de efecto invernadero, una reducción del empleo y el no agregado de valor del maíz”, añadió.

El único orador que defendió el proyecto fue Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), quien habló hacia el tramo final. Para el expositor, la prórroga de la Ley 26.093 “es la destrucción de las PyMEs de Santa Fe”. “Ya estamos parados hace cuatro meses. Las PyMEs no tienen la espalda para poder soportar un mes más”, señaló.

“Nosotros tenemos que garantizar la continuidad de las PyMEs”, insistió y, en ese sentido, consideró que la iniciativa oficialista “da previsibilidad, nos da el espacio de construir desde adentro y no desde afuera tirando piedras”. A su vez, admitió que “hay cosas a trabajar con la autoridad de aplicación”, pero valoró la creación de una comisión compuesta con todas las voces para articular con la Secretaría de Energía.

Apoyado en gráficos, Pucciarello apuntó que la Ley 26.093 “siempre hablaba del 5% del corte obligatorio y con los años hemos construido un aumento de corte que ha llegado al 10%”, pero “ninguna PyME del país, todas a máxima capacidad, jamás entregamos un 10% del corte”. Por eso, llamó a no “criticar por criticar sin los datos numéricos y sin el sincericidio que la industria tiene que tener”.

Durante la reunión también expusieron Erik Bazarian, por Corporación América; Leandro Luqui, representante de siete PyMEs productoras de biodiesel; Juan Ignacio Facciano, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); Víctor Accastello, de Asociación de Cooperativas Argentinas; y Jorge Feijoó, del Centro Azucarero Argentino (CAA).

Tras las exposiciones, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, confesó estar “bastante preocupado” por las palabras de los invitados, y consultó al presidente de la comisión por “cómo sigue el cronograma” ya que hay “muy pocas certezas”. “La improvisación que veníamos viendo de octubre a esta parte evidentemente tenía un motivo, que es la nueva política que se quieren establecer con este proyecto”.

Omar Félix le respondió que una nueva reunión dependería de la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, mediante el acuerdo de los bloques, “para poder llamar a una comisión a dictaminar”. “Lo vamos a definir en el transcurso del día o mañana”, dijo, sobre cómo continuará la discusión.

Entonces, López consultó si “la propuesta definitiva del oficialismo es este proyecto o si hay un margen de pensar en otra cosa”, como la prórroga votada por el Senado. “La propuesta del oficialismo es esta, pero estamos abiertos a discutir alternativas”, contestó el oficialista.

Por su parte, el macrista Omar De Marchi, vice de la comisión, anticipó que Juntos por el Cambio considera que “no están dadas las condiciones para dictaminar y que esto requiere un mayor debate”.

Enfática, la diputada Graciela Camaño sostuvo: “Nosotros lo que tenemos en tratamiento es una media sanción del Senado, señor presidente, y lo que le voy a pedir al oficialismo es que se abstenga al reglamento, porque no podemos estar tirándonos medias sanciones entre el Senado y la Cámara de Diputados”. “Nosotros en este momento, en el tema biocombustibles, somos cámara revisora, no somos cámara de origen”, agregó.

Para la legisladora de Consenso Federal, “todo lo que se haga se tiene que hacer sobre la base de la media sanción”, por eso hay que “devolverle al Senado un proyecto que esté vinculado a esa media sanción y no otro proyecto”.

En la misma línea, la radical Jimena Latorre resaltó que la iniciativa del Frente de Todos “no es una modificación a la media sanción que vino del Senado, por lo tanto necesita un debate amplio y consciente”.

En tanto, el jefe de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, reclamó la presencia de los ministros Juan Cabandié (Ambiente) y Luis Basterra (Agricultura), porque “es importante que no trabajemos en el vacío y conocer la opinión completa y sincera del Poder Ejecutivo”.

“Vamos a cursar las invitaciones pertinentes a esos ministros que usted ha mencionado”, le prometió Félix y cerró: “Es un tema que seguiremos debatiendo y en los próximos días veremos cómo seguimos con el diálogo”.