La diputada radical participó de la audiencia pública en la que expuso Beatriz de Anchorena. “Carece de idoneidad e imparcialidad”, enfatizó la opositora.
En el Centro Cultural Kirchner se llevó a cabo la audiencia pública para designar como nueva directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública a Beatriz de Anchorena. La candidata -que actualmente se desempeña como subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público- fue propuesta por la Jefatura de Gabinete. Durante el evento expuso sobre la pertinencia de su designación, su plan de trabajo, sus antecedentes y respondió las observaciones realizadas a su candidatura.
Entre las observaciones presentadas se destacó la de la diputada nacional Karina Banfi (UCR), quien fue impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016. “Lamentablemente nos encontramos de nuevo con una candidata que carece de las credenciales de idoneidad e imparcialidad necesarias que la ley impone para dirigir este organismo de control”, apuntó la radical.
La legisladora planteó que “la señora Anchorena cuenta con algunas consideraciones académicas y profesionales pero no tiene ningún antecedente sobre acceso a la información pública y mucho menos sobre protección de datos personales. Ni a nivel laboral, ni académico. Hoy es parte de la Jefatura de Gabinete, forma parte del Instituto Patria y su trayectoria refiere a temas de administración pública”.
“La idoneidad de los candidatos no se puede presuponer sino que debe demostrarse mediante el análisis de sus antecedentes de manera objetiva. Además, ¿qué capacidad política va a tener para impulsar la modificación a Ley de Datos Personales? Quien no quiso tratarla en el Senado fue la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también forma parte del Instituto Patria”, cuestionó.
Banfi no solo expuso en carácter de diputada, sino que es una experta en la materia; entre sus credenciales se destaca el rol que cumplió como cofundadora y exsecretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red regional conformada por 24 organizaciones no gubernamentales de 19 países de Latinoamérica dedicada a la promoción de leyes de Acceso a la Información Pública y la defensa de la libertad de expresión en las Américas. A su vez, fue consultora para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y coordinó programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la Organización de los Estados Americanos (OEA).
