La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la ley recientemente aprobada para garantizar derechos de personas con discapacidad tendrá un impacto fiscal de entre 0,28% y 0,51% del PBI. El informe contempla nuevas pensiones, incentivos laborales, compensaciones a prestadores y actualizaciones de asignaciones, aunque advierte que el costo real podría ser aún mayor.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad que acaba de aprobar el Parlamento tiene un costo fiscal de entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.
La iniciativa aprobada el jueves 10 de julio busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario. Este nuevo análisis se enmarca en la emergencia dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y considera la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.
Según estableció la OPC, el impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Dicho costo se compone de los siguientes elementos:
Nuevas altas de la Pensión por Discapacidad:
Se estima un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
Incentivo a la contratación:
La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
Compensación de emergencia a prestadores:
Se calcula un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos:
El costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $7.160 millones (0,0009% del PIB).
El proyecto aprobado por ambas cámaras contempla otras medidas, como el refuerzo general de los programas de la ANDIS, el impacto en la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC por discapacidad y el nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal no es posible estimar.
Por lo tanto, el costo fiscal total presentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso debe considerarse como una estimación de mínima.