Los diputados de Unión por la Patria Natalia Zaracho y Pablo Yedlin presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para expresar su “enérgico repudio” al cierre de unas 50 Casas de Atención y de Acompañamiento Comunitario, dependientes de la SEDRONAR y del Ministerio de Salud, y a la amenaza de continuar con el desmantelamiento del resto de los 500 dispositivos que funcionan en todo el país.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advierten que la problemática de las adicciones constituye uno de los principales factores de inseguridad y vulneración de derechos en Argentina, y que el cierre de estos espacios implica “abandonar a su suerte a miles de personas y familias en situación de vulnerabilidad”.

Zaracho y Yedlin destacan que estos dispositivos comunitarios han demostrado eficacia en la prevención y el tratamiento de consumos problemáticos, y que su articulación con redes territoriales permitió ofrecer respuestas concretas en contextos de alta fragilidad social. “No creemos en el sálvese quien pueda; creemos en las redes comunitarias, en las segundas oportunidades y en el derecho de nuestros pibes y pibas a una vida digna”, afirman.

El proyecto se inscribe en el marco de los recortes impulsados por el Ministerio de Capital Humano, que según los autores del texto, responden más a “prejuicios y odio hacia los sectores populares” que a criterios de cuidado y responsabilidad pública.