Sorpresivamente y luego de que durante la jornada trascendiera su renuncia, el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, concurrió al recinto de la Cámara alta para prestarse a ser interrogado por los senadores en torno al escándalo generado por las supuestas coimas distribuidas para aprobar la reforma laboral. Allí calificó el anónimo de la discordia como "libelo mentiroso" y rechazó de plano las versiones que lo involucran en lo que definió como "una transacción horrorosa".
De cara a los senadores les pidió que si alguien había recibido alguna propuesta de ese tipo “que me lo diga en la cara”. De más está decir que nadie levantó la voz para responsabilizarlo a él o al Gobierno de semejante actitud, mientras el ministro remarcaba: “no puede ser que las instituciones de la República estén discutiendo sobre un libelo mentiroso”.
El funcionario apareció imprevistamente a las 23.10 y luego de instalarse en un salón contiguo al recinto, fue habilitado para ingresar al mismo. Previamente había sido autorizado por el presidente De la Rúa para dar la cara ante los senadores.
“La Argentina necesita aclarar definitivamente este asunto”, enfatizó el titular de la cartera de Trabajo, quien después de una breve y emotiva introducción respondió preguntas de legisladores. En ese marco se escuchó una encendida defensa de la ley de reforma laboral, la cual -dijo- fue aprobada luego de una “discusión abierta de 180 días”, con “reuniones tumultuosas” en el proceso que, finalmente, según dijo, “construyó el consenso” en ambas cámaras del Congreso.
En una jornada cargada de tensión -igual que las que vienen sucediendose desde que estalló la polémica por las supuestas coimas-, el senador bonaerense Jorge Villaverde manifestó su malestar con las autoridades de su bancada, por cuanto no recibió de parte de Augusto Alasino una respuesta cuando planteó una cuestión de privilegio por ese tema. “No fui más al bloque porque me sentía muy mal”, señaló en tal sentido.
Paralelamente y tal cual lo anticipado en la víspera, el vicepresidente Carlos Alvarez presentó una denuncia ante la Justicia federal por la supuesta “compra de favores” que se habría efectuado en el Senado para la aprobación de la reforma laboral, apenas un día después de que el cuerpo empezara a delinear una salida al entuerto generado por las denuncias. El escrito, radicado ante el juez federal Jorge Urso, indica que la supuesta compra de favores “se manifestó a través de acusaciones cruzadas que involucrarían no solo a legisladores, sino también a funcionarios del gobierno, con una amplia cobertura periodística en los principales diarios y medios radiales y televisivos”.
La denuncia de Alvarez, realizada en los tribunales de Retiro, se suma a las seis realizadas el martes en el mismo sentido y que según la decisión de la Cámara Federal quedarán unificadas en un solo juez.
Ya en plena sesión de la Cámara alta, tres senadores de diferentes bancadas afirmaron que el senador Antonio Cafiero les dijo hace una semana que sabía de “cinco compañeros que cobraron, pero no lo puedo decir porque no lo puedo probar”, al hacer referencia a supuestos sobornos a cambio de la aprobación de la reforma laboral. Los legisladores en cuestión fueron el radical Horacio Usandizaga, el frepasista Pedro Del Piero y la senadora del Movimiento Popular Neuquino Silvia Sapag. Esta última comentó que Cafiero le había admitido que una de sus “equivocaciones” fue haber hablado de “certezas”, teniendo en cuenta que esto lo “puede involucrar legalmente”.
Usandizaga dijo que “hoy para el pueblo argentino somos un puñado de mierda, por lo que hay que decir las cosas y bancársela. Cafiero tiene la punta del ovillo, salvo que nos haya engañado”. Y agregó: “Me importa un carajo si se trata de radicales, peronistas, socialistas; quiero saber si acá hay un corrupto, porque si es así voy a hacer todo lo posible para echarlo a la mierda”.
A su vez, Cafiero respondió que “por haber tenido el privilegio de plantear la cuestión se me puede asignar el beneficio de la duda; porque si tuviese certeza de quienes han sido los sobornados lo hubiera dicho públicamente”. Puntualizó además que “hay códigos que guían la acción de la política, hay cierta mesura que debe unir a los políticos”. Lo que fue inmediatamente respondido por el radical Luis Molinari Romero, quien consideró que “los códigos tienen como límite el encubrimiento”.
En la sesión, el radicalismo presentó dos cuestiones de privilegio que fueron derivadas a la comisión de Asuntos Constitucionales. Una de ellas pide que se aclare sobre los dichos de algunos legisladores que señalaron que colegas suyos habían participado en la elaboración del libelo. La otra, también expuesta por Leopoldo Moreau, tiene que ver con la discusión central en relación a las palabras que un grupo de senadores atribuyen a Antonio Cafiero.
