El gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso desde la primera semana de febrero para debatir un conjunto de temas pendientes que resultan de importancia para el Ejecutivo nacional, según anticiparon fuentes oficiales.
El temario, que se comenzaría a debatir a partir de los primeros días del mes próximo, terminó de definirse ayer a última hora en un encuentro que mantuvo el vicepresidente Daniel Scioli con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la Casa de Gobierno, según confirmaron las fuentes.
Sin embargo, el gobierno nacional daría a conocer la fecha exacta de la convocatoria a sesiones extraordinarias a través de un decreto de necesidad y urgencia que deberá difundir antes de fin de mes.
La agenda tentativa acordada para las extraordinarias incluye, en el Senado, la aprobación de los pliegos como embajadores en Cuba de Darío Alessandro y en Paraguay de Rafael Romá.
El Senado trataría además el proyecto que modifica el impuesto al gasoil; la creación del marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la iniciativa para impulsar la refinanciación de las deudas municipales, todos con sanción de Diputados.
Aunque algunos legisladores habían especulado con sesionar luego de la Asamblea Legislativa convocada por la visita del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero -que llega al país el 26- esa alternativa fue descartada porque no está confirmada la presencia del mandatario en el Congreso.
En Diputados, se estima que los legisladores podrían debatir la nueva Ley de Accidentes de Trabajo, a través de la cual los empleados accidentados o sus familiares -si el accidente es fatal- puedan optar entre cobrar las indemnizaciones del sistema de ART o iniciar una acción civil ante la justicia del trabajo.
Diputados podrían tratar también en extraordinarias el proyecto que establece la figura del donante presunto y la iniciativa que contempla la desfederalización de algunos delitos vinculados con las drogas que reclama el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, hay otras iniciativas que quedarían fuera de ese temario -por cuestiones de tiempo- y que deberán ser discutidas a partir del 1 de marzo próximo cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso entre las que se encuentra el marco regulatorio de servicios públicos.
También, y en los primeros meses del 2005, el Senado deberá convertirse en tribunal para definir si destituye o no al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, cuyo juicio político aprobó la Cámara de Diputados casi por unanimidad en una de las últimas sesiones.
La Cámara alta tiene pendiente, además, el debate sobre el proyecto que modifica la ley de Radiodifusión para permitir el acceso de cooperativas y mutuales a las licencias de radio y televisión y la reducción en el porcentaje de firmas requeridas para presentar un proyecto y someterlo a la opinión pública.
Por su parte, la Cámara de Diputados debe tratar a lo largo del próximo período de sesiones ordinarias la iniciativa sobre derecho a la información, que volvió al cuerpo en segunda revisión, y el proyecto que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Además, los diputados tienen pendiente de tratamiento el proyecto para combatir la evasión previsional, en el que se otorgan amplios poderes a la AFIP para cumplir ese objetivo y se establece la posibilidad de descargar del impuesto a las ganancias los sueldos de las empleadas domésticas.
