La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el Presupuesto 2006, que prevé un aumento del PBI del 4% y una inflación de entre el 8 y el 10%.
Lo hizo tras una extensa discusión marcada por las consecuencias de la cancelación de la deuda con el FMI en las proyecciones económicas previstas en el proyecto.
Después de 12 horas de debate, el oficialismo logró imponer cada uno de los artículos sin excesivas dificultades, ya que consiguió 162 votos a favor y solo 53 en contra. El radicalismo, el ARI y los partidos provinciales se opusieron porque cuestionan el manejo que se hace del superávit fiscal.
El Presupuesto dispone de 93.702.411.314 pesos para los gastos de la administración nacional y concede facultades distributivas al jefe de Gabinete.
El proyecto, enviado a la Cámara cuando todavía Roberto Lavagna era ministro de Economía, pronostica que en 2006 ingresarán a las arcas del Estado nacional 101 mil millones de pesos, se gastarán 93,7 mil millones y se alcanzará un cuatro por ciento de crecimiento.
La iniciativa contó con el respaldo de peronistas kirchneristas y transversales, además del bloque de diputados macristas de Propuesta Republicana (PRO) y de algunos legisladores de partidos provinciales.
"Es un buen presupuesto donde los ingresos son superiores a los egresos", subrayó el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, antes de que el titular del cuerpo, Alberto Ballestrini, abriera la votación.
Durante la sesión -que se reinició ayer a la mañana después de un cuarto intermedio- el proyecto oficial cosechó todo tipo de críticas de parte de la oposición que atacó "la falta de una política distributiva", la "inexistencia de un programa para terminar con la exclusión" y la "subestimación de los recursos y la sobreestimación del gasto".
También se denunció la existencia de "una política subsidiadora" en beneficio de las empresas privatizadas, la "cartelización" de obras de vialidad y la "violación de la Constitución mediante la existencia de delegaciones de facultades el Ejecutivo" para que modifique el destino de las partidas presupuestarias aprobadas en el Congreso.
"La inversión genera trabajo y eso es crecimiento y justicia social", afirmó el titular de la Comisión de Presupuesto, el peronista jujeño Carlos Snopek, y respondió a quienes acusan al Gobierno de beneficiar a las empresas privadas.
Snopek insistió: "La inversión no es para favorecer al capital es para favorecer a la gente, porque la inversión genera trabajo".
El debate parlamentario fue atravesado por el anuncio del presidente Néstor Kirchner, de saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no alteró el desarrollo de la sesión que continuó pese a un pedido de pasar a un cuarto intermedio formulado por el duhaldismo.
El proyecto oficial prevé recursos por 101.041 millones de pesos y gastos por 93.702 millones, con un superávit primario del 3,2 por ciento del PBI, y contempla que el pago de servicios de la deuda pública ascenderá a 10.385,2 millones de pesos.
Además, la recaudación impositiva anual prevé un incremento del 11,8 por ciento respecto de 2005 -unos 133.148,2 millones de pesos- y no contempló ni derogación ni rebaja de alícuotas y tampoco aumentos de haberes para jubilados ni empleados estatales.
Se proyectó un crecimiento económico de 4 por ciento, con una inflación promedio del 8,6 por ciento y con el dólar en niveles similares a los actuales.
Pero, la propuesta oficial, que fue muy resistida en el debate en comisión, comenzó a recibir cuestionamientos desde el primer minuto de la sesión, cuando tomó la palabra el adolfista puntano Claudio Poggi, quien presentó un dictamen propio que pone el acento en un "plan de inclusión social".
"Planteamos otro enfoque de redistribución social", dijo Poggi y arremetió contra la ausencia del tratamiento particular que a su juicio se debe a "la enorme cantidad de recursos que se giran por fuera de él, porque hay 16 fondos fiduciarios por más de 13 mil millones de pesos".
Por su parte, el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano subrayó la necesidad de impulsar un "programa específico de desarrollo social basado en el apuntalamiento a las Pymes y las economías regionales".
En su dictamen, Lozano propuso crear una asignación universal por hijo para todos los menores de 18 años, reemplazar el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados por un seguro de formación, universalizar la cobertura social y elevar el nivel del haber mínimo a 500 pesos.
"La potencia distributiva de la asignación universal por hijo supone 2,2 millones de pobre menos y 2,6 millones de indigentes menos por su sola aplicación", sostuvo el economista de la CTA.
Lozano también advirtió que "la única política capaz de alterar la distribución es la modificación de la política tributaria, pero esa es la política que este Gobierno no usa".
En la misma línea, el radical Miguel Giubergia acusó al Poder Ejecutivo de "sobreestimar recursos" en el Presupuesto.
Si el ama de casa preguntara a quién hay que pedirle cuentas, le diríamos que a Alberto Fernández, pero tampoco podemos porque no viene al Parlamento", subrayó la diputada del ARI Elisa Carrió.
