La iniciativa se aprobó por 37 votos del bloque del Frente para la Victoria-PJ contra 20 del radicalismo, y fuerzas provinciales, tras concluir el debate donde existió un contrapunto entre la senadora Cristina Fernández de Kirchner y radical Ernesto Sanz.

La discusión se produjo cuando la senadora bonaerense reclamó a la UCR que presenten un proyecto para financiar obras públicas, a lo cual Sanz insistió en que "no tenían plan alternativo porque tenían la impotencia de las leyes en vigencia".

El proyecto aprobado autoriza al gobierno a crear y a fijar cargos específicos para destinar fondos fiduciarios para la expansión del sistema de generación y transporte de los servicios de gas natural, gas licuado y electricidad. Establece que el valor de esos cargos que se aplicarán a las facturas de los usuarios se aplicará una vez iniciadas las obras o cuando los ciudadanos pueden utilizar la misma.

En este marco, se faculta al Poder Ejecutivo a fijar cargos específicos sobre las tarifas de gas natural para complementar los recursos del Fondo Fiduciario creado para atender las necesidades del GLP, de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural.

Si bien el Gobierno descartó que el futuro aumento alcance a los usuarios residenciales, la ley no puntualiza cuál es el nivel de consumo de electricidad y gas calculado para separar a los pequeños de los grandes consumidores. Así la norma deja una puerta abierta a un futuro aumento de tarifas de los servicios de gas natural y electricidad.

Todo el programa, según la ley, será implementado por el ministerio de Planificación Federal que preside el ministro Julio De Vido.

Durante el debate, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich (PJ-Chaco), defendió el proyecto oficial y pronosticó que garantizará el incremento de la oferta energética para resolver la escasez de energía. En este sentido, el legislador señaló que el Poder Ejecutivo planea invertir, con lo recaudado por esta ley, entre 15 y 20 mil millones de pesos.

Aclaró, por otro lado, que la norma deja a salvo del aumento a los pequeños usuarios;, aunque la iniciativa sólo dice que el Gobierno "podrá exceptuar" a esos sectores. "Si no se hacen las obras colapsaría el sistema económico del país", exageró luego Capitanich, quien además volvió a remarcar que las obras "resolverán el problema energético" de Argentina.

"Es un cheque en blanco que disminuye la calidad institucional que no permite, salvo en la ficción, el control de los fondos públicos", alertó el justicialista Adolfo Rodríguez Saá, quien se opuso a la ley.

Otro que rechazó la iniciativa fue el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), quien cargó contra el titular de la Cartera de Planificación Federal: "Esta ley le falta nombre y apellido: Julio De Vido", cuestionó.

En igual sentido opinó el radical independiente Rodolfo Terragno (Capital Federal), quien denominó a la norma "impuesto De Vido", en referencia al ministro de Planificación.

Del lado de la oposición, se posicionó además el transversal Carlos Rossi (Córdoba) y la bonaerense Hilda Chiche Duhalde (PJ), quien tildó al proyecto de "escandaloso".

Al defender la iniciativa, Fernández de Kirchner pidió a la oposición que si tiene uno alternativo, que lo presente y será tratado. "Tenemos algunas coincidencias con la oposición: se tienen que hacer las obras, las obras se deben hacer, y tenemos que conseguir financiamiento. El plan que presenta el gobierno es éste; yo escucho el plan alternativo que seguramente desarrollará el presidente de la UCR, senador Enrique Sanz, pero me parece que todo lo otro es ejercicio académico. Argentinos a las cosas -dijo la senadora parafraseando a José Ortega y Gasset-, éste es plan que tiene el Gobierrno, ¿cuál otro hay?"

Pese a las criticas, el bloque del PJ se abroqueló y tras más de cinco horas de debate aprobó la ley, que ahora deberá promulgar el Poder Ejecutivo.