El Gobierno ordenó este lunes la suspensión de la cesión de un conjunto de terrenos a la Ciudad de Buenos y, además, instó a revisar la legalidad de los traspasos, que habían sido dispuestos por el expresidente Mauricio Macri antes de dejar su cargo.

A través del DNU 145/2020, el Poder Ejecutivo derogó un inciso incorporado al decreto 1382/12 mediante el decreto 740/19 -firmado por Macri-, por el cual se facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “a ‘dar en pago’ los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido el Estado Nacional, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En ese sentido, en la medida publicada este lunes, se consideró que el inciso derogado “desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”.

Además, el Gobierno señaló que se priva a Nación de “obtener ofertas económicas superiores a la tasación oficial, lo que resulta asimismo desaconsejable desde el punto de vista financiero ya que, entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, impide el devengamiento de los diversos pagos a medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido”.

En los considerandos, el Ejecutivo criticó a la gestión anterior porque “se torna aún más gravoso y reprochable” que esta decisión se haya tomado “al día siguiente de la realización de las elecciones generales” del pasado 27 de octubre, tras la derrota de Macri.

“La dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la Ciudad de Buenos Aires durante el último semestre del fin del mandato de la gestión anterior, contraviniendo expresas normas que prohíben dichos actos de disposición”, se agregó.

Ahora, el DNU deberá ser analizado en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el oficialismo tiene mayoría de miembros.