Tal como se estimaba, el presidente Alberto Fernández hizo referencia este domingo al proyecto de ley sobre reforma judicial que enviará al Congreso, y fue uno de los pasajes más fuerte de su discurso.

“Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, sostuvo.

El mandatario enfatizó que se propone “impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que termine con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.

El mandatario dijo que se creará “un nuevo fuero federal penal, que unificará fueros federales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. De esta manera, “los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”, resaltó.

“Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”, disparó.

Además de mencionar la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, el presidente anunció que en Santa Fe se creará “una nueva sala y secretaría de narcotráfico en la Sala de Apelaciones de Rosario” y en San Lorenzo (Salta) “un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría” que investigue “la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico”.

Fernández dijo que impulsará la “conformación de un consejo para afianzar la administración de justicia”, que estará integrado por “prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial” y “será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo”

Entre varios puntos, consideró que hay que “optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia”, “mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura” y “modernizar el Código Penal”.