Con apoyos extra, el oficialismo impuso su proyecto de “plan de auxilio” para el turismo

Juntos por el Cambio pretendía declarar la emergencia en el sector. Sin embargo, el Frente de Todos logró el despacho de mayoría con ayuda de un misionero y una cordobesa. Hubo coincidencia en el diagnóstico, pero diferencias en las medidas de asistencia.

Por Carolina Ramos

“Emergencia” o “plan de auxilio”: esa fue la disyuntiva que se expuso este martes en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde se impuso la segunda opción. El proyecto del oficialismo para atender la crisis del sector por la pandemia del Covid-19 recibió dictamen de mayoría tras una extensa reunión virtual que contó con la participación de los actores involucrados.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en el diagnóstico de la crisis que atraviesa la actividad, pero a la hora de la votación triunfó la propuesta del oficialismo, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri y acordada con el ministro Matías Lammens.

La clave estuvo en la definición de Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal), quienes se inclinaron por el dictamen del oficialismo e hicieron la diferencia: el bloque mayoritario reunió 17 firmas contra 14 de la oposición.

Cornejo manifestó que “ambos despachos reconocen la situación de emergencia del sector y dicen que se requiere un Estado presente, pero no pudieron ser conciliados” a pesar de sucesivas reuniones con el ministro Lammens e incluso con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

Ahora, el debate seguirá en otras dos comisiones, las de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside el radical Diego Mestre- y de Presupuesto y Hacienda -a cargo del oficialista Carlos Heller-.

Dos proyectos en pugna

Fernández Patri destacó que algunas de las medidas económicas tomadas por el Gobierno alcanzan al sector, como el programa ATP, que benefició al “77% de los prestadores turísticos y el 73% de los establecimientos gastronómicos”. Además, garantizó que el sector seguirá recibiendo esta asistencia hasta tanto dure la cuarentena.

El proyecto, explicó el formoseño, crea “un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo”, que estaría vigente desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de ser prorrogado por 180 días.

El diputado señaló que el texto contempla a todos los prestadores incluidos en la Ley Nacional de Turismo y agregó que “la parte impositiva va a quedar plasmada dentro de la moratoria” que propuso el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que fue enviado este martes al Congreso.

Asimismo, el proyecto contempla “fondos adicionales a los ATP para la infraestructura turística”, y crea un plan para que las personas que en este 2020 compren paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.

“Estamos garantizando las preventas, que hoy ya se empiecen a generar transacciones económicas y que se empiece a facturar”, destacó Fernández Patri, y además dijo que se plantea un “régimen de devoluciones en un plazo de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de aislamiento”.

Pero desde Juntos por el Cambio, Cornejo advirtió que en el proyecto del oficialismo “hay dos formas de ayudar al sector: una que propone apoyarlos para infraestructura sin un monto específico, y la promoción del consumo, que es un mecanismo absolutamente errado, porque el motor de la economía es la inversión, no el consumo”.

Además, el mendocino opinó que la moratoria propuesta por el Ejecutivo “no tiene nada que ver con lo que estamos hablando” y “no resuelve en lo más mínimo el problema del sector”.

El radical Gustavo Menna fue el encargado de detallar el dictamen de Juntos por el Cambio, que según resaltó, “recogió observaciones del sector”. El chubutense precisó en primer lugar que la actividad turística “emplea a más de 650.000 personas y constituye un complejo exportador importante, que aporta divisas por más de 5.400 millones de dólares”.

Esta no es una ley de promoción: es una ley que tiene que apuntar a salvar a todos estos prestadores, porque sin empresas no vamos a poder salvar el empleo ni la actividad”, dijo, y explicó que el proyecto declara la emergencia por el término de un año contado desde el aislamiento social, prorrogable por seis meses más.

No es lo mismo declarar la emergencia que no declararla: es la base constitucional para justificar las medidas excepcionales, sobre todo en el orden tributario”, consideró, y además indicó que la iniciativa no distingue en cuanto a la escala del prestador e incluye a todas las personas humanas y jurídicas contempladas en la Ley de Turismo. El proyecto opositor propone la emergencia retroactiva al mes de marzo.

Al repasar los aspectos principales, Menna mencionó la exención del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; la exención del impuesto al cheque; la promoción del turismo nacional a través de un crédito fiscal imputable al pago de Ganancias; y un programa de asistencia al pago de salarios similar al actual programa ATP.

También se establece la suspensión de juicios de ejecución fiscal y se promueven acuerdos entre las partes para la reprogramación de viajes ya contratados, porque “necesitamos que los prestadores sobrevivan”.

La visión del sector

La reunión virtual inició con la exposición de representantes del sector y el primero fue Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, quien planteó que reclaman esta ley “desde el 13 de marzo, cuando ya teníamos clara la situación que iba a atravesar nuestra actividad”.

Elías sostuvo que “el turismo es uno de los cuatros pilares sobre los cuales se tiene que asentar la recuperación de la Argentina” junto con la agricultura, la ganadería y la minería, y por esa razón llamó a “poner al turismo como política de Estado”.

El funcionario detalló que el turismo representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 millones de dólares ingresados en 2019. Estimamos que de eso, van a ingresar solamente de 900 a 1.000 millones de dólares. Con esto podemos graficar la dimensión de las pérdidas”, explicó.

Al referirse al proyecto en cuestión, consideró que “el sector necesita una ley que tenga una vigencia nunca menor a un año”, y que además contemple a todos los sujetos comprendidos porque la actividad “está parada por completo”.

“No podemos avalar un proyecto que no contemple la totalidad de las empresas”, dijo, y en ese sentido pidió “no juzgar por su tamaño o cantidad de empleados”.

Gustavo Hani, de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) sostuvo que desde el año pasado el sector ya venía afectado por una caída en el empleo y en la facturación, a lo que se sumó luego el Impuesto PAIS y finalmente, la pandemia.

Según Hani, en enero de 2020 se registró “un desplome en la venta de pasajes internacionales en un 52%”, y “en abril por primera vez en la historia la venta de pasajes arrojó números negativos” en Argentina, una caída que “a nivel mundial fue del 94%”.

“No podremos cumplir con nuestras obligaciones impositivas por lo menos por un año. La mayoría de las empresas se han endeudado para pagar salarios y gastos operativos. Está en sus manos poder salvar a las más de 5.600 agencias -de las cuales el 95% son pymes- y a las casi 25.000 familias que viven de la actividad de forma directa y las miles de personas que se benefician del turismo en cada pueblo o ciudad de nuestro país”, expresó.

Desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales coincidió en que “tenemos que salir cuando antes con una ley que pueda solucionar este problema inédito que estamos pasando” y propuso que en una futura moratoria, los primeros pagos sean de aquí a un año.

También expusieron Gabriela Fresno, de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); Marcela López Ghitta, de la Cámara de Esquí y Montaña en Argentina; Carlos Pelli, de AAETAV (Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura) y Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idioma (SEA), entre otros.

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