Recordaron el antedente de 2013, criticaron la oportunidad de la reforma judicial y alertaron contra un intento de buscar “impunidad”.
La oposición salió a sentar su postura en las redes sociales, poco después de concluido el discurso del presidente sobre la reforma judicial.
En ese marco, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, anticipó que su bancada analizará “con máximo rigor la reforma judicial, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la ‘democratización de la Justicia’, al que definió como “aquel intento burdo de politización de la misma”.
“Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia de la Justicia”, concluyó.
El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, se refirió a la reforma judicial anunciada señalando que “vivimos un momento de preocupación por la pandemia, la sociedad ya padece numerosos problemas como para abrumarla con temas que no son prioritarios. Creo que la prioridad pasa por superar los efectos nocivos de la cuarentena en el plano laboral, comercial, empresarial y financiero”.
Y afirmó: “Nosotros consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar. Muchos menos pueden esperar los miles de trabajadores registrados que quedaron en la calle, las miles de empresas que quebraron, los miles de comerciantes que bajaron la cortina, no pueden esperar”.
Por último Ritondo sostuvo que “nosotros vamos a dar todos los debates y alcanzar todos los consensos que sean necesarios para mejorar el servicio de Justicia y de cualquier otra institución, pero siempre respetando los tiempos de la sociedad, y ocupándonos en cuestiones que merecen un tratamiento prudente porque debemos legislar para las próximas generaciones”.
A su vez, el radical Gustavo Menna consideró que “al presentarse la reforma judicial faltó autocrítica. La Justicia Federal actual la moldeó el peronismo, desde las leyes que del ’90 al ’92 ampliaron la Corte y, como se busca ahora, crearon juzgados. Comodoro Py es creación de esa reforma. Ahí comenzó la politización de nombramientos”.
“Muchos funcionarios de este Gobierno lo eran entonces. Arslanian era ministro de Justicia. La Justicia nacional tiene 999 jueces en todas las instancias. 741 están cubiertos. 502 fueron nombrados por presidentes del PJ, casi el 70%. En el Ministerio Público, sobre 235 nombraron 204, el 86%”, detalló el diputado radical chubutense. Y concluyó: “No hubo autocrítica por el resultado que generaron moldeando este sistema judicial. Tampoco genera confianza que los artífices de este esquema puedan ser los que lo mejoren. Menos si la receta parece ser la misma de los ’90: generar vacantes para cubrir los cargos”.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo opinó desde otro plano: “Justo hoy cuando se anuncia una reforma del Poder Judicial sin la oposición es el natalicio de Ricardo Balbín y el mensaje de la Hora del Pueblo junto a Perón. ¿Qué parte de esa historia no aprendió la dirigencia de hoy? Repitámoslo: la democracia es mayoría; no imposición”.
A su vez, el mendocino Luis Petri consideró que “la reforma judicial busca consagrar la impunidad de la vicepresidenta, controlar y administrar la justicia a demanda de las necesidades del gobierno. 23 tribunales son 23 nuevos jueces. Adivinen quiénes los designan? El Senado. ¿Y quiénes tienen mayoría? Justicia ilegítima al palo”.
Por su parte, Graciela Ocaña consideró que “la reforma judicial apunta a conseguir que no llegue a juicio ninguna de las causas que acosa a la vicepresidenta. Nada puede empezar bien si quienes integran la comisión de notables son los abogados de principales imputados”.
Por su lado, el diputado Facundo Suárez Lastra señaló que “el problema de la reforma judicial es la intención de modificar la corte, es un claro paso hacia la degradación de la democracia. En lugar de construir puentes y abrir el debate, avanzan hacia la impunidad”.
Alvaro de Lamadrid estimó por su parte que “la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia, nada tiene que ver con mejorarla, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia, se busca aniquilar todo vestigio de independencia judicial, cooptarla y hacerla servil y domesticada. Ir al modelo de Santa Cruz”.
Desde la Legislatura bonaerense, la diputada provincial Alejandra Lordén señaló que “deberíamos estar todos juntos defendiendo la sustentabilidad de las cuentaspúblicas y el futuro de la Argentina. ¿La realidad? El Gobierno presenta una reforma judicial que divide, agudiza tensiones y busca impunidad. Se llevan prudencia y visión de país a marzo”.
Por último, el diputado Jorge Vara aseguró que “no vamos a avalar ningún proyecto de reforma que implique impunidad. Sabemos que el país debe mejorar su servicio de justicia, pero no a expensas de favorecer a quienes buscan sacar réditos personales con la reforma. Esto implicaría empeorar el servicio”.
