La funcionaria, a quien la semana pasada se le inició un sumario por presunto maltrato laboral, negó las acusaciones. Además, defendió el pedido de traslado que realizó de una secretaria, que afirmó le otorgaba información al diputado Pablo Tonelli sobre la causa Correo Argentino.
La fiscal de la causa sobre el Correo Argentino, Gabriela Boquín, denunció este miércoles que su oficina recibió “coacciones” y distintas presiones por parte de la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
La funcionaria comenzó su exposición negando las acusaciones por presunto maltrato laboral, luego de que la semana pasada Casal la notificara sobre la apertura de un sumario administrativo.
Boquín, en respuesta a las afirmaciones del diputado Cristian Ritondo (Pro) -mediante una nota que se leyó en el comienzo-, aseguró que “no fueron ocho agentes que describieron una situación de maltrato laboral”.
“Hay dos presentaciones originales, que la Procuración toma como denuncia, y luego hay seis declaraciones, de las cuales solo cuatro alegan maltrato laboral”, señaló.
La fiscal indicó que el Consejo Evaluador se expidió dos veces, y la primera vez “dijo que yo aporté las pruebas que respaldaban mis dichos que, por supuesto, eran negando” las acusaciones, remarcó. En ese sentido, sostuvo que se pidieron declaraciones de otros empleados “a los fines de no dejar dudas”.
“Por mi Fiscalía pasaron 34 personas”, apuntó y enfatizó que “no es cierto que numerosas personas pidieron traslados”. “Las que lo pidieron fue una de la denunciantes y una de las testigos que no denunció, es más, negó el hostigamiento”, agregó.
Insistió entonces que “de 34 personas, en realidad muchos se fueron porque tenían otro trabajo que les pagaba mejor”. “Por ejemplo, una empleada que dicen que lloraba en mi dependencia… el día que la vieron llorando, su padre estaba en coma, y yo la había estaba consolando. ¿Y saben qué? Luego se retiró de la Fiscalía porque consiguió ser directora de una obra social ganando un sueldo que triplicaba el del Ministerio Público Fiscal”, relató.
“De una de las testigos, el pedido lo hice yo, por falta de confianza. ¿Y por qué por falta de confianza? Porque descubrí que en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino le entregaba documentación al diputado Pablo Tonelli. Y esa documentación que le pasaba, y que además le iba comunicando los pasos del expediente, estaba relacionada con al propia vinculación del diputado Pablo Tonelli en la causa”, reveló.
La funcionaria recordó que cuando ella denunció “el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino”.
Dijo que en ese momento le solicitó a Casal que “necesitaba que la transfiriera”, que “la mandaran a su lugar de origen y para que no hubiera un problema en su legajo, simplemente solicitaba el paso”. “Tardaron nueve meses en trasladarla. Siempre me delegaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible”.
“Era insostenible porque (esta secretaria) tenía una comunicación asidua con el diputado Tonelli, porque aparte estaba concursando para ser camarista”, continuó.
La funcionaria judicial expuso durante más de tres horas, durante las cuales dijo haber denunciado un delito: “Denuncié que el doctor Gonzalo Rodríguez había sido coaccionado por la Procuración para brindar su testimonio. De esto hay testigos que ofrecí. Hay prueba evidente de que esto fue así. No se tomó ningún testimonio de los que solicité”, afirmó.
La fiscal aseguró que “los testigos que se tuvieron en cuenta” en las actuaciones del Comité Evaluador de la Procuración fueron elegidos “arbitrariamente”. También denunció que a poco de recibir las actuaciones del caso Correo Argentino fue víctima de un extraño robo, en el que sustrajeron de su automóvil papeles importantes sin llevarse ningún objeto de valor. “En la filmación se observa que los ladrones se pusieron guantes y hasta eligieron los papeles, los que se llevaron en una carpeta sin importancia, dejando maletines más costosos”. dijo. Afirmó que esa denuncia quedó radicada en la fiscalía de José María Campagnoli.
Ante una intervención del diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cristian Ritondo (PRO) que la calificó como “persecutora” de la familia Macri, la fiscal respondió que “yo no hablo de familia Macri, digo Causa Correo Argentino. Le quiero decir que en el mismo sentido de mi dictamen se pronunció el fiscal Gerardo Pollicita en el fuero penal, así como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”.
Luego de la fiscal se presentaron ante la Bicameral; Hernán Mirasole de la Asociación Civil Nace un Derecho; Gastón Carrere y Rodolfo Parisi de la asociación ADEJUDD.
Mirasole inició su presentación diciendo que desde su agrupación “no tenemos ningún incordio personal contra el doctor Eduardo Casal. Es un hombre de derecho y no estamos frente a una persecución ni mucho menos. Queremos que se activen los protocolos constitucionales de juicio político”. Sostuvo que en principio al criterio de “buena fe” con Casal consideraban que “fue obligado a la genuflexión con el poder político” por una serie de procedimientos a los que calificaron de “oscuros”.
Gastón Carrere solicitó “el juicio político contra el doctor Casal por mal desempeño en el sumario contra el doctor Carlos Stornelli que permaneció siete meses en rebeldía con la Justicia”. Subrayó que la causa por la que se citaba a Stornelli “era de suma gravedad”. Carrere calificó el comportamiento de Casal en el sumario que la Procuración le siguió a Stornelli como “encubrimiento”.
Al comienzo de la videoconferencia, el secretario de la Bicameral dio lectura a numerosas notas ingresadas en las que se solicitó la presencia, entre otros, de “los empleados de la fiscalía de la fiscal Boquín” y del “fiscal federal Carlos Stornelli”.
