En un proyecto de resolución motorizado por Facundo Suárez Lastra, los representantes del oficialismo porteño en el Congreso Nacional repudiaron el decreto firmado por el presidente.
Diputados de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires presentaron este jueves un proyecto de repudio al decreto 735/20, por el cual el presidente Alberto Fernández le quitó un punto de coparticipación a ese distrito para entregárselo a la provincia de Buenos Aires, con el fin de atender reclamos de la Policía bonaerense.
La iniciativa fue impulsada por el radical Facundo Suárez Lastra y acompañada por los diputados Álvaro de Lamadrid, Paula Oliveto, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Fernando Iglesias, Alejandro García, Carla Carrizo, José Luis Patiño, Jorge Enríquez, Dolores Martínez, Pablo Tonelli, Maximiliano Ferraro y Emiliano Yacobitti.
“Lejos de la postura dialoguista que pregona el Poder Ejecutivo Nacional, la medida repudiada es un ejemplo más de desprecio por la construcción de consensos y de falta de conducción política que perjudica a la población especialmente en el contexto de emergencia sanitaria”, advierte el proyecto en los fundamentos.
En ese sentido, sostienen que “la desfinanciación de la Ciudad de Buenos Aires es una pobre estrategia política que obstaculiza el necesario trabajo en conjunto de las tres jurisdicciones – Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para enfrentar la pandemia”.
El texto explica cómo la CABA “fue históricamente castigada” con traspasos anteriores “como las escuelas primarias durante la dictadura y 11 hospitales durante el gobierno de Carlos Menem, sin transferencia de recursos de la Nación tal como se hacía con las provincias”.
“Van por Larreta y se tiran un tiro en los pies que impacta a los más pobres del conurbano. Le sacan 35.000 millones de pesos. Los 34 hospitales de CABA cuestan 75.000 millones. El 50% de los pacientes son del Conurbano. En medio de la pandemia le sacan lo que CABA destina en atenderlos, es un sinsentido”, declaró Suárez Lastra.
Para el diputado, “el decreto perjudica la calidad de vida no solo de los porteños, sino también de los bonaerenses. La CABA no es de uso exclusivo de los porteños; los servicios financiados por sus contribuyentes benefician a 15 millones de habitantes que comparten la ciudad y están siendo desatendidos o, peor, mal atendidos por el Gobierno”.
