Un grupo de fiscales coincidieron este lunes en que es necesario avanzar con la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, al participar de un debate por los 30 años de la Ley de Estupefacientes (23.737), en el marco de una reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, presidida por el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT).

En primer lugar expuso Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), quien recordó que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 14 de la ley. “Sin embargo, a más de 10 años del fallo Arriola, el 40% de las investigaciones de las causas iniciadas en el fuero federal se vinculan con ese tipo penal”.

Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el funcionario resaltó además que “el 40% de los recursos de la justicia federal siguen orientados a la judicialización de conductas menores como puede ser la tenencia con fines de consumo”. Tras lo cual opinó que “estos recursos deberían destinados a lo que es el abordaje de las drogas desde el sistema de la salud y educación; reasignarse esos recursos a la prevención y al abordaje de investigaciones sobre el crimen organizado”.

“A esta altura, luego de 30 años de vigencia de la ley, y más de 10 años del precedente Arriola, nos debemos la discusión en torno a aggiornar la norma a los preceptos constitucionales”, continuó.

En otro tramo, Iglesias expresó que se necesita “profundizar el trabajo de colaboración y cooperación entre los ministerios públicos provinciales y federales”, y ahondó que la coordinación entre “los dos niveles de investigación” ayudan a “mejorar la persecución penal”.

A su turno, Eduardo Villalba, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, remarcó que las provincias de Salta y Jujuy “son distintas a todo el resto del país”, por tener frontera con Bolivia y ser “la puerta de entrada de la droga, fundamentalmente de la cocaína”. Por lo cual, dijo que “se necesita focalizar esfuerzos” en esta región.

El funcionario destacó que “a partir de 2015 a la fecha tenemos verdaderos narcotráficantes que están privados de su libertad, incluido un exjuez federal que era parte del problema”. Asimismo, valoró la aplicación del sistema acusatorio como “un antes y un después” y enfatizó que es necesario “el trabajo coordinado” desde el Ministerio Público, para el avance de estas causas.

Villalba advirtió que la ley tiene “mínimos muy altos” y es errónea al sancionar con “la misma escala penal” a “alguien que emprende un transporte sofisticado para ingresar droga en avión” y “una persona que ingiere 25 capsulas con cocaína”. “Esto provoca cárceles abarrotadas de mulas”, señaló y apuntó que se trata en muchos casos de “personas extremadamente vulnerables” que actúan por desesperación.

Además, observó que la norma establece que “la importación de hoja de coca está prohibida, pero a su vez toda hoja de coca viene de Bolivia”. “Ahí hay una esquizofrenia legislativa”, opinó y consideró que “se debería regular en el Código Aduanero”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Liliana Navarro, afirmó que “la tenencia con fines de consumo, que sigue penalizada en la ley, es una deuda pendiente que tenemos”. En ese sentido, haciendo referencia a los fallos Bazterrica (1986) y Arriola (2009), la expositora analizó que cuando se discutió la Ley 23.737 “predominó una fuerte concepción moral sobre la concepción legal”.

Por eso, explicó la paradoja entre “leyes que obligan a las obras sociales a cubrir los tratamientos de adicción” y “una ley en la que sigue vigente la sanción penal para el adicto, para el enfermo”. Esto es porque se entendía que “el último eslabón en el tráfico de drogas era en definitiva el consumidor”, pero “la sociedad toda ha entendido que el adicto es la víctima de este flagelo”, subrayó.

Navarro llamó a “dar un paso adelante” y “desde el Estado concentrar esfuerzos en la salud pública, el deporte y el trabajo” para avanzar con “la despenalización de la tenencia con fines de consumo”, porque en las causas “se sigue criminalizando al enfermo”.

“Estoy convencido que una política de drogas debe centrarse en reducir las consecuencias nocivas del consumo, reducir riesgos, controlar daños, pero todo esto en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal”, aseguró Flavio Ferrini, fiscal federal de la provincia de Corrientes.

Además, planteó que “debe haber una política general que fomente la integración social de marginados y personas vulnerables” y “tenemos que centrar los esfuerzos desde el Estado en la persecución de las grandes manifestaciones de crimen organizado que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes”.

“Esta ley, que se inscribe en una normativa de tipo prohibicionista, fue similar para toda América Latina. Fue casi una bajada de línea de Estados Unidos”, recordó.

No obstante, el fiscal consideró que “la ineficacia en la persecución penal” no se debe solamente a la letra de la ley, sino a “un abordaje individual, sesgado de la materia” en “la forma en que se realizan las investigaciones” y “el sistema inquisitivo”.

“Está claro que tenemos que adecuar esta ley a los preceptos constitucionales. Hay que despenalizar la tenencia para consumo personal”, coincidió Ferrini con los expositores anteriores.

Avanzado el debate, Hugo Greca, juez federal de primera instancia de General Roca, ponderó que en Río Negro se implementó “un 0800 para denuncias anónimas sobre narcotráfico, que ha sido muy beneficioso, porque el mejor policía termina siendo el vecino. Tendrían que tenerlo todas las jurisdicciones”.

También se mostró a favor de avanzar con la derogación del artículo 14 de la ley -referido a la tenencia para consumo personal-; y evaluó que habría que incorporar el verbo típico “comprar droga con fines de comercio”, porque “cuando una persona comete este tipo de delitos no está queriendo afectar la salud pública, sino que se quiere enriquecer ilícitamente”.

Y resaltó la necesidad de “generar decomisos anticipados, donde los bienes (incautados) sean entregados al uso de las policías o de la salubridad pública”.

Finalmente, Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal, detalló que según un reciente informe del Ministerio de Seguridad “en los últimos años, el 88% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas ha sido por tenencia para consumo personal y por tenencia simple o neutra”.

Sobre esto, precisó que un estudio realizado desde su organización sobre “el costo que representa la sustanciación de estas causas hasta que normalmente llegan al archivo” arribó a la conclusión de que “el Estado argentino y las provincias invierten de sus escasos recursos entre 10 y 15 mil pesos para tener abiertas o sustanciar” este tipo de causas. “Adhiero decididamente a la propuesta de que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo personal”, manifestó.